El CTCP aclara que, con la entrada en vigencia de los nuevos marcos técnicos contables para los Grupos 1, 2 y 3 (Ley 1314 de 2009), cada entidad tiene la autonomía de elaborar su propio catálogo de cuentas, alineado con los principios de reconocimiento, medición, presentación y revelación. Solo cuando una entidad de supervisión lo exija, deberá emplearse un plan de cuentas específico. Se recomienda usar las taxonomías de las NIIF Plenas o NIIF para las PYMES como referencia, y considerar los principios de esencia sobre forma y realidad económica. El CTCP no proporciona un PUC actualizado para comerciantes, pues ya no existe uno único obligatorio salvo que lo imponga un ente de control.
Para pertenecer al Grupo 3, una entidad no debe participar en acuerdos conjuntos como consorcios o uniones temporales, ya que estos implican inversiones en negocios conjuntos, lo cual contraviene lo establecido en el Decreto 1670 de 2021, compilado en el DUR 2420 de 2015. Las condiciones específicas incluyen no tener inversiones en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos, no presentar estados financieros consolidados, no realizar pagos basados en acciones, no mantener planes de beneficios definidos, no ser cooperativa de ahorro y crédito, y no superar los topes de ingresos definidos para microempresas según el Decreto 1074 de 2015.
Todas las entidades contribuyentes del impuesto sobre la renta deben calcular y reconocer al cierre del periodo contable la provisión del impuesto corriente, con base en la utilidad fiscal estimada conforme a la normativa tributaria vigente, no sobre la utilidad contable. Esta provisión debe reflejar la mejor estimación posible del impuesto a pagar o saldo a favor, y puede requerir ajustes posteriores si se conocen hechos relevantes después del cierre, los cuales deben revelarse en las notas a los estados financieros. El tratamiento está regulado por la NIC 12 o la Sección 29 de la NIIF para PYMES, y puede dar lugar a reconocer un activo o un pasivo según corresponda.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) concluyó que si una empresa detecta y corrige oportunamente un error contable en el registro de ingresos —como en el caso de una factura erróneamente registrada por $38.000 millones y anulada en el mismo periodo, dicho valor no debe considerarse para calcular los ingresos brutos del ejercicio y—, por tanto, no se tiene en cuenta para evaluar la obligación de tener Revisor Fiscal según el artículo 203 del Código de Comercio.
El reconocimiento contable de los bienes entregados en comodato depende del análisis de los riesgos, beneficios y del control efectivo sobre el bien, conforme a lo establecido en las NIIF.
Las diferencias en cambio derivadas del manejo de cuentas de compensación deben reconocerse de acuerdo con la NIC 21 de las NIIF Plenas o la Sección 30 de la NIIF para las PYMES, según la clasificación de la entidad en el Grupo 1 o Grupo 2, respectivamente.
Los activos entregados gratuitamente por socios o accionistas pueden reconocerse como propiedades, planta y equipo si cumplen los criterios de reconocimiento de la NIIF para las PYMES (Sección 17) y su valor se mide al valor razonable en la fecha de la donación.
El interés no controlante corresponde a la participación en el patrimonio y resultados de las subsidiarias que no es atribuible, directa ni indirectamente, a la controladora. Su determinación requiere identificar el porcentaje de participación de terceros en cada subsidiaria consolidada, calculado como complemento al 100% de la participación controladora (directa o indirecta).
Las entidades sin ánimo de lucro extranjeras con domicilio permanente en Colombia no están obligadas a nombrar Revisor Fiscal si no superan los topes establecidos por la ley y no lo tienen previsto en sus estatutos.
El tratamiento contable de los aportes a patrimonios autónomos dentro de contratos fiduciarios, como en proyectos de vivienda, debe basarse en la esencia económica del acuerdo. Estos aportes se reconocen generalmente como inversiones, y su registro dependerá de si existe una operación conjunta o un negocio conjunto. Para ello, es necesario analizar el contrato fiduciario y la participación real del inversionista en los activos, pasivos, ingresos y gastos del patrimonio autónomo, aplicando las directrices de los marcos técnicos contables correspondientes, como la NIIF 11 o la sección 15 de la NIIF para las PYMES.
Cuando una Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) apropia recursos de sus excedentes para la adquisición de activos o la constitución de fondos con destinación específica, estos deben reconocerse contablemente como reservas dentro del patrimonio.
No es procedente aplicar una vida útil contable de 45 años para mejoras en propiedad ajena con base en el artículo 137 del Estatuto Tributario, ya que dicho artículo tiene fines fiscales y no contables. Conforme a las NIIF, la vida útil de dichas mejoras debe establecerse por el menor valor entre el plazo del contrato de arrendamiento (considerando renovaciones con certeza razonable) y el uso económico esperado del activo.