El 29 de enero de 2022 comenzaron a regir a nivel nacional las restricciones y prohibiciones incorporadas en la Ley 996 de 2005, y desde el 13 de noviembre de 2021 se dio aplicación a las mismas para los entes territoriales, con la finalidad de garantizar la igualdad de condiciones en la contienda electoral y la transparencia en la gestión de los recursos públicos
El trabajo remoto nació en el marco de una nueva realidad laboral para los colombianos, que pretendía atender la necesidad de flexibilizar las formas de trabajo.
El decreto expone las obligaciones tanto del empleado como del empleador en caso de que se firme un contrato de trabajo remoto
Empleadores que hayan realizado nuevas contrataciones de jóvenes entre 18 y 28 años, y empleados mayores de 28 años, podrán postularse a partir del 17 al 24 de marzo parar recibir los incentivos.
El Ministerio del Trabajo a través la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Isis Andrea Muñoz Espinosa, explica a todos los trabajadores qué rutas se deben tomar y cómo detectar si se han sentido víctimas de acoso laboral.
Con el presente, nos permitimos comentar sobre la obligación de los empleadores de contar con una política de desconexión laboral y de los riesgos por vulnerar dicho derecho, esto con ocasión a lo que resuelve el Comité Legal de la nueva Ley 2191 de 2022.
El pasado 6 de enero de 2022 fue sancionada la ley 2191 de 2022, que regula el derecho a la desconexión laboral.
El 31 de enero y el 14 de febrero son las fechas a tener en cuenta, pues son los plazos para el pago de intereses y la consignación
Esta ley tiene por objeto crear, regular y promover la desconexión laboral de los trabajadores en las relaciones laborales dentro de las diferentes modalidades de contratación vigentes.
Desde hace algunos meses hemos estado atentos a las medidas que adopta el Gobierno para continuar promoviendo la reactivación económica.
Conozca cuándo el contrato de prestación de servicios deja de ser una relación civil y pasa a ser un vínculo laboral.
Al Consejo de Estado le correspondió establecer si la inversión en sociedades es una actividad comercial, en los términos previstos por el artículo 32 del Decreto Distrital 352 del 2002, para decidir si los dividendos percibidos a título de rendimiento de la inversión están gravados con el impuesto de industria y comercio (ICA)