Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caducas a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas.
No podrán examinarse por personas distintas de sus propietarios o quienes estén autorizadas para ello para los fines indicados en la Constitución, o mediante orden de autoridad competente.
Por consiguiente, el máximo órgano social no puede constituir una reserva estatutaria con la prima de emisión.
De acuerdo con los datos informados por el consultante, cuando se trate de un error contable, se debe observar si dicho error es material o no es material.
Un contador público no puede certificar información financiera incompleta, para el caso de pérdida de información, se recomienda utilizar el procedimiento del Art.18 anexo 6 DUR 2420 de 2015
Para la contabilización de los activos biológicos una opción es la contabilización al costo (Ver opción del costo en el Grupo 1, y el concepto de costo o esfuerzo desproporcionado del G2 NIIF Pymes).
De esta forma, se reconoce nuevamente el activo, el cual puede darse de baja, reconociendo las contraprestaciones recibidas, y dando de baja el activo que ha sido dispuesto.
Conforme a lo dispuesto en el Art. 20 de la Ley 1258 de 2008, si la reunión no hubiere podido celebrarse por falta de quórum deliberativo, procede convocar una reunión de segunda convocatoria
Las entidades supervisadas que se encuentren obligadas a cumplir con los requisitos del presente numeral, solamente estarán obligadas a identificar y evaluar los Riesgos de Corrupción
El Art. 2492 del Código Civil establece que cuando los bienes no son suficientes para atender la totalidad de los créditos, el pago se hace a prorrata si no existen causales de preferencia.
En conclusión, dentro del patrimonio se deben separar las diferentes partidas que conforman el importe neto de activos y pasivos, las registradas en la utilidades o pérdidas acumuladas
El liquidador de las sociedades comerciales debe conservar los libros y papeles por el término de cinco (5) años, contados a partir de la aprobación de la cuenta final de liquidación.