Al Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario nos llegó la siguiente inquietud: “Trabajaba en un call center, en donde controlaban nuestras actividades por medio de cámaras y unos sistemas instalados en nuestros computadores. El viernes pasado fui notificado de la apertura de proceso disciplinario, en virtud de los hallazgos de los sistemas que verifican mi productividad, y la decisión de un algoritmo. ¿Es legal que mi empleador hubiera usado los resultados de este sistema para iniciar el respectivo proceso disciplinario?”
Ley 1.676 de 2013 si bien marcó un hito en materia del tratamiento de los acreedores con garantías reales en trámites de insolvencia, limitó su aplicación a aquellos deudores sujetos al régimen concursal regulado en la Ley 1.116 de 2006, excluyendo su aplicación para la insolvencia de personas naturales no comerciantes.
Este flash informativo ha sido preparado por la Subdirección de Normativa y Doctrina de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN.
En la presentación del informe del Comité de Expertos ad honorem se destacó la gestión de los integrantes respecto de las recomendaciones para la adopción de estas normas en Colombia.
La entidad anunció una nueva subasta virtual, abierta a todos los ciudadanos, en la que se ofrecerán mercancías varias.
Se realizará del 5 al 7 de mayo a través de la plataforma El Martillo del Banco Popular
En el mundo de las fusiones y adquisiciones, pocas cláusulas generan tanta controversia como las de efecto material adverso (“MAE”, por sus siglas en inglés). Si bien son fundamentales para distribuir riesgos, su interpretación y aplicación suelen terminar en disputas judiciales complejas.
La inteligencia artificial ya no es un tema del futuro. Pero como toda herramienta poderosa, su impacto dependerá del propósito con el que se use y los valores que le den forma. Por eso, hablar hoy de ética en la IA no es un lujo filosófico, es una necesidad estratégica para cualquier empresa que quiera liderar con sentido.
Estas disposiciones permiten cumplir los objetivos en pro del orden público garantizando la financiación necesaria, conforme a la adición presupuestal establecida en el Decreto 274 de 2025.
La expropiación es una figura excepcional, permitida por la Constitución Política, pero sujeta a condiciones estrictas de legalidad, proporcionalidad y reparación. Su regulación se encuentra en el artículo 58 de la Constitución y en normas como la Ley 388 de 1997.
Recientemente, el Consejo de Estado emitió una sentencia que clarifica la interacción entre la pérdida de la calificación de gran contribuyente y el factor temporal en la determinación de la competencia de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes.
El proyecto de decreto presentado por el Ministerio de Hacienda representa una intensificación silenciosa de la presión fiscal, utilizando la figura de la autorretención como mecanismo anticipado de recaudo sin una discusión abierta en el Congreso. Bajo el argumento de alinear las tarifas a la "realidad económica" de ciertos sectores, se impone una política que afecta directamente el flujo de caja de empresas formales, trasladando al contribuyente la carga de financiar al Estado sin certidumbre sobre devoluciones o cruces efectivos.
Componente inflacionario 2024 y préstamos entre socios: nuevo decreto actualiza parámetros clave del ET