A partir del 1° de enero de 2018 entró en vigencia el marco normativo para las entidades que no cumplen el principio de negocio en marcha contenido en el Decreto 2101 de 2016 que adicionó el título 5 a la parte 1 del libro 1 del Decreto 2420 de 2015 y dejó derogado el artículo 112 del D. 2649 de 1993, este nuevo marco normativo establece el reconocimiento de activos, pasivos, ingresos, costos y gastos a su valor neto de liquidación.
Respecto al reconocimiento de las partidas de ORI en los estados financieros, en el párrafo 4.36 del marco conceptual de información financiera se indica que aunque existen partidas que dan lugar a incrementos o disminuciones en el patrimonio y que cumplen las definiciones de ingresos y gastos respectivamente no se incluyen en el resultado del periodo.
El plazo mínimo que se acordará en el acuerdo de reorganización, dentro del cual se va cumplir con el pago de las obligaciones a los acreedores debidamente calificados graduados de una sociedad dentro trámite de reorganización, será el que acuerden las partes conforme a las circunstancias financieras como a la disponibilidad del flujo de caja de que disponga la sociedad
¿Es posible considerar como actos no mercantiles las actividades previstas en el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, cuando son desarrolladas por una sociedad de contadores, persona jurídica y/o entidad prestadora de servicios propios de la ciencia contable?
En relación con el punto objeto de análisis en el que se plantea la responsabilidad de una sociedad matriz por obligaciones o sanciones de la subordinada que fue liquidada con anterioridad al año de 1995, es del caso tener en cuenta que la Ley 222 de 1995 fue promulgada el 20 de diciembre de 1995 y en su artículo 237, se expresa lo siguiente:
Para todos los efectos tributarios, el superávit de capital correspondiente a la prima en colocación de acciones o de cuotas sociales, según el caso, hace parte del aporte y, por tanto, estará sometido a las mismas reglas tributarias aplicables al capital, entre otras, integrará el costo fiscal respecto de las acciones o cuotas suscritas exclusivamente para quien la aporte y será reembolsable en los términos de la ley mercantil
La “prima por colocación” si bien no tiene una consagración en el ordenamiento mercantil, su existencia se desprende de la posibilidad prevista en el reglamento de colocación de acciones al prever que las participaciones se pueden colocarse a un precio
Las personas que acceden al cargo de representante legal de una sociedad, forman parte de un verdadero órgano social y su vinculación societaria se explica por virtud del contrato de sociedad, no bajo el régimen del contrato de mandato.
Para el efecto, explica que una sociedad anónima cerrada o abierta tiene un patrimonio de un billón de pesos, pero su capital suscrito y pagado es de sólo cincuenta mil millones, por lo que pregunta ¿si legalmente incide financieramente y jurídicamente para los accionistas esta desproporción de valores?
Sobre el particular se debe señalar que en atención al derecho de petición en la modalidad de consulta, la Superintendencia con fundamento en los Artículos 14 y 28 de la Ley 1755 de 2015, que sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo emite un concepto de carácter general sobre las materias a su cargo, mas no en relación con una sociedad o situación en particular
Se informó que en una sociedad de responsabilidad limitada se aprobaron los balances de fin de ejercicio correspondientes al año 2015 pero quedó pendiente la distribución y pago de dividendos por falta de liquidez de la sociedad, y que en 2016 un socio cedió sus cuotas partes a otro socio sin que en el documento de venta se dejara consignado a quien pertenecen los dividendos del año anterior.
El artículo 45 de la Ley 1258 de 2008 establece que, en lo no previsto en la ley mencionada, la sociedad por acciones simplificada se regirá por las disposiciones contenidas en los estatutos sociales, por las normas legales que rigen a la sociedad anónima y, en su defecto, en cuanto no resulten contradictorias, por las disposiciones generales que rigen a las sociedades previstas en el Código de Comercio.