Una distribuidora de autopartes declara ICA cada bimestre en Bogotá, arrastra un saldo de predial de 2024 y opera desde una bodega propia en Fontibón. Con el Acuerdo 1084 de 2026 su situación cambia tres veces en pocos meses. Puede extinguir esa deuda pagando el capital completo y solo el 40% de los intereses y sanciones, a más tardar el 21 de diciembre; su tarifa de ICA cambia desde el bimestre noviembre-diciembre, y en 2027 empieza a pagar una sobretasa de alumbrado sobre la bodega. Si decide ampliar su operación, el descuento del Art. 2 merece estudio, siempre que al presentar el proyecto no tenga deudas ejecutoriadas con el Distrito, otra razón para resolver antes el saldo de predial. La exención aeroportuaria del Art. 3, en cambio, no le sirve: exige no haber sido contribuyente de ICA en Bogotá antes del acuerdo, o haber registrado el cese con al menos un año de anticipación, y su listado incluye la fabricación de autopartes, no su comercio.

El acuerdo tiene 52 artículos y casi ninguno es menor. Por eso este análisis no lo recorre en orden numérico sino por frentes, empezando por lo que vence primero. La tesis es sencilla: hay dos decisiones que no pueden esperar a la reglamentación, el alivio de cartera y la nueva tarifa para quienes declaran bimestralmente. Todo lo demás exige leer con calma, porque buena parte de los incentivos depende de la reglamentación y de los mecanismos de verificación que el propio acuerdo ordena expedir.

Quienes a la fecha de publicación del acuerdo tenían obligaciones tributarias distritales pendientes pueden eliminar el 60% de los intereses y sanciones causados. A cambio deben pagar el 100% del capital y el 40% restante de intereses y sanciones, liquidados a la fecha del pago, a más tardar el 21 de diciembre de 2026. Para la sanción por no enviar información la mecánica cambia poco: se paga el 40% de la sanción liquidada y el resto se condona.

El requisito que más pesa es el pago en un solo momento. El beneficio no admite cuotas, y quien tenga un acuerdo de pago incumplido con el Distrito debe pagarlo completo antes de hacer el pago total con descuento. Quedan por fuera las obligaciones tributarias de los agentes de retención de ICA, fórmula que apunta a lo que deben en esa calidad aunque su redacción admite una lectura más amplia que conviene confirmar, y los actos que ya se discuten en nulidad y restablecimiento del derecho. Al pagar se extingue la obligación y se entiende que el contribuyente desiste de la discusión del acto ante la Administración y ante la jurisdicción contencioso administrativa.

El alivio alcanza también deudas no tributarias en mora a la fecha de publicación con el sector central, los establecimientos públicos y las alcaldías locales, aunque ahí solo se descuentan intereses. Las multas de tránsito, y los acuerdos de pago sobre ellas, entran únicamente si cayeron en mora hasta el 30 de junio de 2024. Quedan por fuera de todo el alivio no tributario, aunque no del tributario, quienes hayan sido objeto de multas por incumplimientos contractuales en Bogotá, los sancionados por conducir bajo el influjo del alcohol o de sustancias psicoactivas y los prestadores de salud o establecimientos sometidos a ciertas medidas sanitarias. Quien se acoja queda por fuera de futuras reducciones de intereses y sanciones hasta que el Concejo disponga otra cosa.

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El Art. 21 reemplaza el Art. 3 del Acuerdo 65 de 2002 y fija una tabla completa de tarifas por actividad y código CIIU, con cierres para las demás actividades de servicios (10 por mil), comerciales (11 por mil) e industriales (11 por mil). Un listado cerrado de actividades financieras y de seguros, entre ellas la banca, la fiducia, el leasing y los seguros, recibe una tarifa escalonada que baja de 20 por mil hasta 2027 a 19 por mil en 2028 y a 18 por mil desde 2029. Otras actividades del sector siguen con tarifa fija, como las cooperativas financieras (13 por mil) y los fondos de empleados (10 por mil).

Lo que cambia la operación diaria es la fecha de arranque. Quienes al entrar en vigencia el acuerdo declaraban anualmente aplican la tabla desde el 1 de enero de 2027. Quienes declaraban cada bimestre la aplican desde el bimestre siguiente a la aprobación del acuerdo, y el texto dice aprobación, no publicación. La aprobación ocurrió en el bimestre septiembre-octubre de 2026, el mismo de la fecha del acuerdo, 8 de octubre, así que la tarifa nueva aplica desde noviembre-diciembre de 2026.

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Desde el 1 de enero de 2027 el Art. 27 del Decreto 807 de 1993 queda con dos regímenes de ICA. Al común pertenecen quienes tuvieron un impuesto a cargo superior a 391 UVT en el año inmediatamente anterior, y declaran y pagan por bimestres. Al preferencial pertenecen quienes no pasaron de 391 UVT, y declaran y pagan una vez al año. Quien inicia actividades gravadas en Bogotá es preferencial durante su primer año y desde el segundo se clasifica con la regla general.

El régimen preferencial trae un alivio formal que pesa en la práctica. Si los ingresos netos del año quedan por debajo de 1.933 UVT, el contribuyente no presenta declaración y su impuesto equivale a lo que le retuvieron. El Art. 25 corre por otra vía y no trae fecha diferida, de modo que rige con la publicación del acuerdo, como ordena el Art. 52. Quienes tuvieron en Bogotá ingresos netos totales inferiores a 1.933 UVT el año anterior no soportan retención de ICA por lo que reciben con tarjeta débito o crédito, y esos ingresos no retenidos tampoco se declaran ni se pagan siempre que no superen 1.933 UVT en el año. La regla cubre solo los pagos con tarjeta, no otros medios.

Los tres topes de 1.933 UVT se parecen, pero no son iguales. La no retención mira los ingresos del año anterior y exige que sean inferiores; la dispensa de declarar los ingresos no retenidos mira el año en curso y admite que no superen el tope, y la dispensa del régimen preferencial exige ingresos del año inferiores a 1.933 UVT. Quien llegue exactamente al límite queda dentro de una regla y fuera de las otras.

El acuerdo no dice con la UVT de qué año se miden los topes. La lectura más coherente con una regla que mira el año anterior es usar la UVT de ese mismo año, pero la reglamentación debería fijarlo para evitar diferencias de criterio en los límites.

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Para los inscritos en el Régimen Simple de Tributación, el ICA de Bogotá no se declara aparte: viaja como componente de la tarifa consolidada. El Art. 24 fija las tarifas de ese componente desde el 1 de enero de 2027, ordenadas por los numerales del Art. 908 del ET, y el parágrafo remite a las reglas y categorías de ese mismo artículo para liquidar.

La tabla del acuerdo trae dos filas con el numeral 3, una de ellas marcada «sic», con 29 y 30 por mil. El problema de numeración tiene un antecedente en la Sentencia C-540 de 2023, que declaró inexequibles los numerales 4 y 5 del Art. 908 del ET y revivió su antiguo numeral 3, pero ese antecedente no dice qué actividades corresponden a cada tarifa distrital. Mientras la Secretaría no lo aclare, conviene documentar el criterio con el que se asigna cada actividad antes de confiar en el anticipo bimestral que arroje el sistema.

Las cifras de la tabla son el componente de ICA consolidado, no la tarifa total del SIMPLE.

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El Art. 22 modifica el sujeto pasivo de la sobretasa bomberil del Art. 290 del Acuerdo 927 de 2024. Desde ahora la paga el responsable de ICA cuyos ingresos netos del año gravable sean iguales o superiores a 38.000 UVT. Quienes no alcanzan ese umbral no la pagan, y el recaudo se destina con prioridad al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

La sobretasa se declara una vez al año. Quien declara ICA anualmente la incluye en esa declaración; quien declara cada bimestre la reporta en la del último periodo y, durante el año, paga anticipos del 1% del ICA liquidado en cada periodo en que haya obtenido ingresos netos superiores a 38.000 UVT. La redacción distingue el umbral anual, que define quién es sujeto pasivo, de la condición por periodo para anticipar. Bajo una lectura literal, un contribuyente puede quedar obligado en el año sin causar anticipo alguno y pagar toda la sobretasa al cierre. La diferencia merece una aclaración de la Secretaría Distrital de Hacienda.

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El Art. 20 reescribe el Art. 2 del Acuerdo 105 de 2003. Las tarifas preferenciales se mantienen para los residenciales de estratos 1, 2 y 3 con base gravable de hasta 135 SMMLV: 1 por mil entre 16 y 107 SMMLV y 3 por mil por encima de 107 en estratos 1 y 2, y 3 por mil para el estrato 3. El mismo esquema cobija los rurales con destino agropecuario de estratos 1 a 3 y los residenciales rurales con base de hasta 135 SMMLV; por encima de ese tope, el residencial rural paga 6,5 por mil. Siguen excluidos los residenciales urbanos, los rurales agropecuarios y los residenciales rurales de estratos 1 y 2 con base inferior a 16 SMMLV.

Para los demás residenciales la tabla tiene 32 tramos expresados en pesos: empieza en 5,5 por mil para bases de hasta $194.307.000 y llega a 13,9 por mil para bases superiores a $4.411.881.000. Los no residenciales se ordenan por categoría y, desde 2027, los rangos que determinan la tarifa se actualizan cada año mediante acto administrativo de la Secretaría Distrital de Hacienda, con la variación del Índice de Valoración Inmobiliaria Urbana y Rural aprobada por el CONFIS distrital. Catastro debe publicar la metodología del índice y sus datos agregados en formato abierto. Los rangos en pesos de este análisis son los del acuerdo; para liquidar 2027 habrá que usar los que resulten de esa actualización. Por separado, los umbrales que aún figuran en SMMLV cambiarán de unidad, porque el Art. 39 ordena a la Administración expresar en UVT los valores distritales fijados en salarios mínimos.

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Con apoyo en el parágrafo 1 del Art. 349 de la Ley 1819 de 2016, Bogotá adopta desde el 1 de enero de 2027 una sobretasa al predial con destino al servicio de alumbrado público. Son sujetos pasivos los contribuyentes del predial, la base gravable es la misma del impuesto y la tarifa se expresa por mil. El gasto también queda amarrado a largo plazo: el Art. 19 autoriza a la UAESP a comprometer vigencias futuras excepcionales de 2027 a 2036 hasta por $4.218.845.004.119 en pesos constantes de 2026 para implementar el nuevo esquema de prestación del servicio.

En cifras concretas, y asumiendo que el avalúo es la base gravable y que no aplica ningún tratamiento especial, una bodega comercial avaluada en $2.000 millones paga $2 millones al año de sobretasa, y un apartamento de estrato 4 avaluado en $500 millones paga $200.000. La sobretasa anual tiene tope de 600 UVT para residenciales y de 1.200 UVT para los demás predios, y sigue los mismos límites de crecimiento del predial y las mismas cuotas de quien lo pague por el sistema SPAC. Quedan por fuera los residenciales de estratos 4, 5 y 6 con al menos un propietario en los grupos A, B o C del SISBÉN, incluidos los registros distritales de población en exclusión extrema, y los comerciales, exclusivos o mixtos, con al menos un propietario en los grupos A o B, siempre que todos los titulares sean personas naturales.

El punto delicado está en los predios exentos. Por regla general, quien tiene exención total no paga sobretasa y quien tiene exención parcial obtiene sobre la sobretasa el mismo porcentaje de exención. Sin embargo, el parágrafo 2 del Art. 11 dice que las exenciones de los Arts. 3, 4, 5 y 8 del mismo acuerdo no se extienden a la sobretasa, y el parágrafo del Art. 13 ordena que para esos beneficiarios la base sea el 100% del avalúo catastral. La norma especial desplaza a la general: incluso en los años de exención total, esos predios liquidan la sobretasa sobre el avalúo completo, con la tarifa de su categoría. Las demás exenciones de predial siguen la regla general de los Arts. 11 y 13.

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El Art. 30 reescribe la sanción por no enviar información del Acuerdo 27 de 2001 con un tope de 3.000 UVT: 1% de las sumas no reportadas, 0,7% de las reportadas con error y 0,5% de las reportadas tarde. Si no hay base, la sanción es del 0,5% de los ingresos netos o, a falta de ingresos, del patrimonio bruto. Quien corrige por iniciativa propia antes del pliego de cargos paga el 10%; quien subsana antes de la notificación de la sanción, el 50%, y dentro de los dos meses siguientes, el 70%. Además de la multa, quien no entrega la información solicitada sobre costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables o retenciones puede ver desconocidos esos conceptos, salvo que subsane antes de la notificación de la liquidación de revisión. Las rebajas al 50% y al 70% exigen presentar un memorial de aceptación de la sanción reducida, acreditar que se subsanó la omisión y pagar o suscribir acuerdo de pago. Las correcciones antes del vencimiento no se sancionan, y si un mismo dato falla en varios formatos se sanciona una sola vez, por el de mayor cuantía.

El Art. 31 ajusta la gradualidad general. La sanción que liquida el propio contribuyente se reduce en un 70%, es decir, se paga el 30%, si en los cuatro años anteriores no cometió la misma conducta y la administración no ha proferido pliego de cargos, requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar. La que propone o determina la administración se reduce en un 50% si se acepta y se subsana, y siempre que en los cuatro años anteriores no se haya cometido la misma conducta sancionada con acto en firme. La reincidencia dentro de los dos años siguientes a la firmeza del acto duplica la sanción, salvo en las que liquida el propio contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante. La rebaja no alcanza los intereses moratorios ni varias sanciones del ET aplicables en el Distrito, entre ellas las de los Arts. 674 a 676-1.

En notificaciones, los Arts. 27 a 29 ordenan las vías y la dirección válida. La electrónica procede cuando el contribuyente informó un correo en el RIT, se entiende surtida el día del envío y los términos para responder corren cinco días después de la entrega, aunque solo empieza a operar cuando el Distrito la reglamente. Un cambio de dirección deja vigente la anterior durante tres meses. El Art. 32, por su parte, hace obligatoria la doctrina de la Subdirección Jurídico Tributaria para los funcionarios de Hacienda y aclara que los contribuyentes pueden sustentar sus actuaciones directamente en la ley, de modo que el concepto distrital ata a la administración pero no al administrado.

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El Art. 1 ofrece una exención progresiva de ICA a quien no haya sido contribuyente en Bogotá, o haya registrado el cese en el RIT con al menos un año de anterioridad a la entrada en vigencia del acuerdo, y se instale para desarrollar alguna de las actividades industriales y de servicios que lista el artículo. Debe presentar un proyecto de inversión en activos fijos productivos a más tardar el 30 de junio de 2031, ejecutarlo en máximo cinco años desde la comunicación de la decisión que lo aprueba y generar empleos formales directos que se mantengan todo el periodo. La exención empieza el año siguiente a la terminación de la inversión y nunca supera diez años, por el límite del Art. 38 de la Ley 14 de 1983.

El Art. 2 mira a las empresas que estaban inscritas en el RIT a la entrada en vigencia del acuerdo. Si presentan antes del 31 de diciembre de 2027 un proyecto de inversión, están al día en obligaciones ejecutoriadas y lo ejecutan en máximo tres años desde la comunicación de su aprobación, obtienen durante los dos años siguientes un descuento del 60% o del 80% sobre el crecimiento del impuesto. Ese crecimiento se mide contra el ICA del mismo periodo del año anterior, ajustado con el IPC más tres puntos en el primer año y con el IPC en el segundo, de modo que el descuento recae sobre el incremento del impuesto que exceda ese valor de comparación ajustado, no sobre todo el ICA del periodo.

El Art. 3 crea un régimen más amplio para las actuaciones estratégicas del Distrito Aeroportuario de Fontibón y Engativá, con exención de ICA y del 100% de delineación urbana para las obras del proyecto aprobado. La de ICA es solo para quienes no fueron contribuyentes en Bogotá antes del acuerdo, o registraron el cese con al menos un año de anticipación, y además exige actividades listadas, ubicación en las zonas delimitadas, inversión mínima y empleos. Quien la obtenga puede sumar una exención de predial decreciente, del 100% los primeros cinco años al 10% en el décimo, si es dueño de al menos la mitad del predio o de los derechos fiduciarios y el proyecto tiene certificación en construcción sostenible. El régimen admite proyectos hasta el 30 de junio de 2035 y obliga a promover la contratación de residentes de esas localidades.

El Art. 40, a su vez, prorroga hasta el año gravable 2035 la tarifa progresiva para quienes se formalicen, o se hayan formalizado el año anterior, califiquen como microempresa por ingresos según el Decreto 957 de 2019 y se inscriban en el RIT. Aplican el 0% de la tarifa nominal vigente el primer año y luego el 10%, 20%, 30% y 40%, un salto al 60% en el sexto año, y 70%, 80%, 90% y 100% hasta el décimo. Quienes ya venían en el beneficio pasan a estos porcentajes desde 2027. Quedan excluidas varias actividades principales, entre ellas las financieras, de telecomunicaciones, transporte y venta de automotores y combustibles. Desde el año gravable 2036 rigen las tarifas vigentes, de modo que quien se formalice cerca de 2035 no alcanza a recorrer los diez escalones.

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El Art. 37 deroga desde el 1 de enero de 2027 el impuesto de publicidad exterior visual y el impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos. Ambos siguen causándose hasta el 31 de diciembre de 2026 y lo pagado no se devuelve, así que las obligaciones del último periodo deben cerrarse con normalidad.

En predial, el acuerdo arma varias exenciones con la misma tabla decreciente de diez años, 100% los primeros cinco y luego 80%, 60%, 40%, 20% y 10%. La reciben los propietarios que aporten inmuebles a proyectos de vivienda en renovación urbana, sobre las unidades de vivienda que reciban a cambio (Art. 4), y los proyectos nuevos de arrendamiento especializado de al menos 50 unidades con un solo propietario (Art. 5), excluido el arriendo de corta estancia. Todos exigen certificación en construcción sostenible y, en los aportes, la transferencia del inmueble a un tercero hace perder el beneficio.

Completan el paquete la exención total de delineación urbana por cinco años para licencias de adecuación, ampliación, modificación o reforzamiento estructural en los PEMP del Centro Histórico y de Teusaquillo y en los sectores de interés cultural de las plazas fundacionales de seis localidades (Art. 6), y el 50% de predial por seis años, contados desde el año gravable siguiente a la publicación, para predios de particulares donde funcionen unidades de servicio del ICBF en modalidad familiar y comunitaria (Art. 8). Los Bienes de Interés Cultural tienen una exención que varía según uso, estrato y nivel de intervención y que se pierde si el propietario incumple sus obligaciones de conservación (Arts. 42 y 43). El Art. 44 prorroga hasta 2031 las exenciones de delineación para VIS y VIP de estratos 1 a 3, autoconstrucción, mejoras en estratos bajos, reconstrucción por catástrofes y restauración de BIC, y agrega un 50% para VIS y VIP en estratos 4 a 6, condicionado a que al menos el 30% de las unidades se venda a hogares con subsidio. Completan la lista las tarifas especiales para predios de integrantes de los pueblos Muiscas de Suba y Bosa (Art. 48).

Los predios en áreas protegidas tributan a 2 por mil mientras no desarrollen usos incompatibles con su vocación ambiental, y pasan a 5, 10 o 16 por mil cuando la Secretaría Distrital de Ambiente certifica restauración, deterioro o degradación (Art. 49). El Art. 50 premia a quien aporte inmuebles construidos con licencias expedidas antes de la entrada en vigencia de la NSR-10, o sin licencia, para desarrollar vivienda nueva sismorresistente, con exención sobre las unidades que reciba a cambio, fuera de las zonas de renovación urbana del Art. 4; no beneficia a quien refuerce una edificación existente. El Art. 51 exime en parte a edificaciones con matrícula creada a más tardar en 1998, construidas bajo la NSR-98 o la NSR-10 según su licencia, que obtengan hasta 2031 el reconocimiento Bogotá Construcción Sostenible en categoría arquitectónica, por dos años prorrogables una sola vez. La suma total de estas exenciones no puede exceder 80.000 UVT por año, conforme a la reglamentación.

El Art. 41, por último, ofrece un pago compensatorio voluntario en lugar de la participación en plusvalía, calculado con una fórmula sobre el valor del metro cuadrado de terreno. También puede usarse frente a liquidaciones de plusvalía que no estén ejecutoriadas en los términos del Art. 829 del ET, siempre que el titular manifieste por escrito ante Catastro Distrital su voluntad de acogerse.

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El acuerdo rige desde su publicación y deroga, entre otras normas, los Arts. 7 y 8 del Decreto 807 de 1993, el Art. 27 del Acuerdo 65 de 2002 y el Art. 44 del Acuerdo 1019 de 2025. Esa vigencia inmediata convive con fechas diferidas, y el orden de trabajo debería seguir el calendario y no la numeración del texto.

Quienes lleven la cartera distrital de una empresa tienen hasta el 21 de diciembre, inclusive, para revisar estados de cuenta, presentar las declaraciones omitidas y decidir si el pago único compensa. Quienes declaran ICA bimestralmente deben parametrizar la nueva tarifa por código CIIU antes del bimestre noviembre-diciembre. Para enero queda la clasificación en común o preferencial, la revisión del numeral SIMPLE y la estimación de la sobretasa de alumbrado de cada inmueble.

Accounter · Editorial Especial · Derechos reservados 2026  ·  Este artículo tiene carácter informativo y editorial. No constituye asesoría contable individualizada.