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Dividendos gravados con ICA: el Consejo de Estado cierra la puerta al argumento del activo fijo y el objeto social.

En sentencia del 18 de junio de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado revocó el fallo de primera instancia en un caso emblemático sobre el tratamiento de los dividendos en el ICA, y con

 

firmó que los ingresos obtenidos por una actividad inversora de carácter empresarial integran la base gravable del impuesto, con independencia de que las acciones sean activos fijos, del objeto social del contribuyente o de la habitualidad de las inversiones.

La discusión sobre si los dividendos percibidos por personas jurídicas están o no gravados con el impuesto de Industria y Comercio ha generado controversia durante años en nuestra práctica tributaria distrital. Con este fallo, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo aplica en segunda instancia la sentencia de unificación del 2 de diciembre de 2021 y sienta una posición que debemos conocer con precisión: el criterio determinante es el carácter empresarial de la actividad inversora, no la naturaleza contable de las acciones ni el perímetro formal del objeto social.

El caso involucra a una sociedad que opera en el mercado de capitales, que en el segundo período bimestral del ICA de 2016 excluyó de su base gravable los ingresos por dividendos y participaciones recibidos de 10 sociedades, por considerar que las acciones correspondientes constituían activos fijos y que la actividad de inversión no hacía parte del giro ordinario de su negocio. La administración tributaria distrital modificó la declaración mediante liquidación oficial de revisión, incluyó dichos dividendos como ingresos gravados e impuso sanción por inexactitud.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca había dado la razón a la contribuyente en primera instancia, al estimar que no se acreditaron los criterios indicativos de actividad empresarial previstos en la sentencia de unificación. El Consejo de Estado revocó esa decisión tras verificar directamente las pruebas obrantes en el proceso, lo cual constituye uno de los aspectos más relevantes del fallo desde el punto de vista procesal y sustantivo.

El estándar que aplica: carácter empresarial de la inversión

La Sala parte de la sentencia de unificación del 2 de diciembre de 2021 (exp. 23424, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez), que estableció el estándar vigente para determinar cuándo los dividendos derivados de la participación en el capital de sociedades comerciales se encuentran gravados con ICA. Según ese precedente, lo determinante no es el giro ordinario de los negocios del inversionista, ni la formulación de su objeto social, ni la condición de activo fijo de las acciones poseídas, ni la profesionalidad o habitualidad con que se lleven a cabo las inversiones.

El criterio rector es que la actividad inversora se desarrolle con carácter empresarial, entendido como una intervención organizada en el mercado en la que el obligado ordena por cuenta propia los medios de producción, asume el riesgo de los negocios realizados y afecta al desarrollo de tal finalidad bienes materiales o inmateriales. La sentencia de unificación ofrece una lista meramente enunciativa de indicios: la afectación de un capital determinado a la actividad de inversión, la uniformidad en su desarrollo, la importancia relativa que representa para el contribuyente en proporción a su patrimonio, la contratación de personal destinado a llevarla a cabo, los gastos vinculados a esa actividad, la conexión del negocio con otros actos de igual naturaleza y la utilización de establecimientos de comercio.

Por qué el Consejo de Estado revocó al tribunal: la valoración probatoria

El Consejo de Estado no solo discrepó del resultado del tribunal, sino de su método. La Sala señaló que la sentencia de primera instancia desplazó la valoración probatoria a la simple mención y transcripción de las certificaciones del revisor fiscal y del certificado de existencia y representación legal, sin fundamentar desde los hechos allí contenidos los motivos por los que la situación de la demandante no se encuadraba en los criterios jurisprudenciales. Aunque el tribunal señaló que no se cumplían algunos de los supuestos indicativos de carácter empresarial, omitió descartar la ocurrencia de otras circunstancias denotativas del ejercicio empresarial inversor, que sí surgían del material probatorio.

Al verificar directamente las pruebas, la Sala encontró tres hechos concluyentes que acreditaban el carácter empresarial de la actividad inversora de la Bolsa de Valores:

La concurrencia de estos tres elementos fue suficiente para que la Sala considerara acreditado el desarrollo empresarial de la actividad inversora, con lo cual los dividendos debían integrar la base gravable del ICA y el cargo de apelación de la administración tributaria prosperó.

La sanción por inexactitud: un tema que el fallo deja pendiente

Un aspecto que merece atención particular es la suerte de la sanción por inexactitud. El fallo se concentra en el debate sustantivo sobre la gravabilidad de los dividendos y resuelve negando todas las pretensiones de la demanda. La improcedencia de la sanción era una de las pretensiones de la contribuyente, la cual alegó que la diferencia de criterios entre la administración y el contribuyente excluía la conducta sancionable, habida cuenta de que la postura había sido objeto de controversia jurisprudencial y la propia entidad demandada había emitido en julio de 2018 un documento interno alineado con la tesis del Consejo de Estado sobre la necesidad de acreditar el giro ordinario de los negocios para que los dividendos fueran gravados.

Implicaciones prácticas para el ejercicio profesional

Este fallo tiene implicaciones directas para quienes asesoramos o preparamos declaraciones del ICA de personas jurídicas que perciben dividendos. La pregunta técnica ya no es si las acciones son activos fijos o si las inversiones corresponden al giro ordinario del negocio: la pregunta es si la actividad inversora, valorada en su conjunto, reviste carácter empresarial.

Dos indicios resultan especialmente determinantes a la luz del razonamiento del fallo. El primero es la materialidad económica: si los dividendos representan una proporción significativa de los ingresos del contribuyente en el período, ese solo hecho sugiere que la actividad inversora tiene un peso económico que trasciende lo meramente accesorio. El segundo es la estructura societaria: cuando la persona jurídica actúa como sociedad matriz respecto de las entidades que le decretan dividendos, la actividad inversora es, por definición, organizada y recurrente, lo que constituye un indicio robusto de carácter empresarial.

La consecuencia práctica es que los contribuyentes que históricamente han excluido dividendos de la base del ICA con fundamento en la calificación de activo fijo o en la ausencia de objeto social de inversión deben revisar su posición, máxime si la proporción de dichos ingresos dentro de su estructura financiera es relevante o si tienen filiales o subsidiarias. Mantener esa posición después de este fallo incrementa significativamente el riesgo de liquidaciones oficiales con sanción por inexactitud, sin poder alegar diferencia de criterios como causal de exculpación. Nuestra responsabilidad como asesores es advertirlo con claridad.

Consideraciones finales.

Con este fallo, el Consejo de Estado consolida una línea interpretativa que desplaza el debate tributario sobre dividendos e ICA del plano formal —objeto social, clasificación contable— al plano de la realidad económica. El estándar del carácter empresarial exige un análisis fáctico y probatorio concreto, lo que a su vez nos demanda una preparación técnica más rigurosa en la documentación de las operaciones de inversión al momento de preparar las declaraciones del ICA.

Quienes asesoramos grupos empresariales, holdings o cualquier persona jurídica con participaciones societarias significativas recibimos con este pronunciamiento una señal inequívoca: la posición de excluir dividendos de la base del ICA sin un análisis previo sobre el carácter empresarial de la actividad inversora ya no es sostenible como criterio general de planeación tributaria, y mantenerla expone al contribuyente a sanciones por inexactitud sin el respaldo de una diferencia de criterios razonablemente fundada.

Finalmente, vale subrayar el aspecto procesal del fallo: el Consejo de Estado corrigió la indebida valoración probatoria del tribunal, recordando que la simple transcripción de certificaciones sin análisis de su contenido no constituye valoración probatoria suficiente. Este punto nos interpela directamente en los procesos contenciosos administrativos tributarios en curso o futuros: la solidez de los argumentos de defensa debe construirse desde las pruebas, no desde los formulismos.

Accounter · Editorial Técnico · Derechos reservados 2026  ·  Este artículo tiene carácter informativo y editorial. No constituye asesoría contable o jurídica individualizada.