"163 no son 183": el déficit aritmético que devolvió a Shakira más de 55 millones

La Audiencia Nacional Española, mediante sentencia del 15 de abril de 2026, anuló la regularización de la AEAT contra Shakira Isabel Mebarak Ripoll por IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2011 —que ascendía a más de 55 millones de euros entre cuota, intereses y sanciones—. El fallo resuelve una pregunta engañosamente sencilla: ¿pudo la Administración tributaria probar que la artista permaneció en territorio español más de 183 días? La respuesta, después de años de instrucción, fue no. El caso ofrece una lección de carga probatoria que trasciende fronteras y obliga a mirar, también, la regulación colombiana.

A primera vista parece kafkiano: Hacienda tardó años en decidir si una persona pasó más de 183 días en España. La pregunta del ciudadano de a pie es legítima: ¿no bastaba con mirar el pasaporte o los billetes de avión? La respuesta tributaria es incómoda, pero necesaria. La ley fija dos vías para ser residente fiscal: permanecer más de 183 días en el país, o tener allí el núcleo principal de los intereses económicos. Contar los días de quien viaja dos veces al año es trivial. Reconstruir el calendario de una artista global —giras, escalas, vuelos privados, fronteras cruzadas casi a diario— no lo es. Y en el espacio Schengen se cruza media Europa sin que un solo sello lo registre.

Esa dificultad la explotan algunos grandes patrimonios: reparten sus días con precisión, eligen residencias de conveniencia y organizan su vida para no quedar atrapados por ninguna jurisdicción. Por eso no es escandaloso —ni debe serlo— que las administraciones investiguen a celebridades y "falsos no residentes". Esos expedientes tienen, además, un legítimo efecto disuasorio sobre el resto del universo de contribuyentes.

Pero investigar no es probar. Y ahí es donde la sentencia de la Audiencia Nacional encierra su verdadera lección didáctica.

La regla española: 183 días, núcleo de intereses, presunción familiar

El artículo 9.1 de la Ley 35/2006 del IRPF español articula tres criterios para determinar la residencia habitual en territorio español: la permanencia física superior a 183 días durante el año natural; la radicación en España del núcleo principal o base de las actividades o intereses económicos, directa o indirecta; y una presunción —admite prueba en contrario— ligada al núcleo familiar: residencia habitual del cónyuge no separado legalmente y de los hijos menores que dependan del contribuyente.

El criterio físico, aparentemente aritmético, tiene un refinamiento doctrinal: las ausencias esporádicas se computan dentro del territorio salvo que el contribuyente acredite residencia fiscal en otro país. Y si ese "otro país" fue paraíso fiscal en el ejercicio, la Administración puede exigir prueba reforzada de permanencia efectiva allí durante más de 183 días.

Esa arquitectura normativa se complica con la jurisprudencia. El propio TEAC, en resoluciones del 25 de abril y del 28 de marzo de 2023, sistematizó dos categorías para el cómputo:

Sumando ambas categorías —certificados y presuntos—, la mejor tesis de la Inspección llegó a 163 días. La defensa reconocía 143. Ningún escenario alcanzaba el umbral. La frontera era de veinte días, y no se cruzó.

La carga probatoria: la frontera invisible del Estado de Derecho

La Audiencia Nacional construye su decisión sobre un principio que conviene subrayar porque suele perderse en la maraña técnica: la carga de la prueba de la residencia fiscal en España corresponde a la Administración, no al contribuyente. La Sala lo expresa con economía argumental: "lo esencial, y lo que debe probar la Administración, es si la recurrente es residente fiscal en España".

Frente a esa premisa, la Inspección intentó tres movimientos que la Sala rechaza uno a uno:

Primero, sumar las ausencias esporádicas para llegar al umbral. La Sala recuerda que no cabe reputar ocasional o esporádica una ausencia prolongada por periodo superior a 183 días: "de aceptar que ello fuera así, el concepto de residencia habitual quedaría completamente privado de sentido y razón". Probada la permanencia de Shakira por más de 183 días fuera de España —dato no controvertido—, la regla de las ausencias se desactiva.

Segundo, activar la presunción familiar invocando una relación sentimental con un residente español. La Sala es categórica: una relación sentimental no es vínculo conyugal; el artículo 9.1 exige cónyuge no separado legalmente o hijos menores dependientes residentes en España, y en 2011 ninguno de ambos supuestos se cumplía.

Tercero, afirmar el núcleo de intereses económicos en España. El expediente acredita lo contrario: el entramado empresarial atribuido a la contribuyente y el desarrollo mayoritario de su actividad económica radican fuera del territorio nacional.

Anulada la base —la residencia fiscal— se desploma todo lo construido sobre ella: la regularización en IRPF, la liquidación de Impuesto sobre el Patrimonio y, por accesoriedad, las sanciones del 125% por infracción muy grave con ocultación y medios fraudulentos. La Audiencia ordena la devolución de las cantidades ingresadas con intereses legales e impone costas a la demandada.

El contraste colombiano: el artículo 10 del Estatuto Tributario

El régimen colombiano de residencia fiscal, regulado en el artículo 10 del Estatuto Tributario tras la reforma de la Ley 1607 de 2012 y modificaciones posteriores, comparte el umbral aritmético español pero amplía considerablemente el catálogo de hipótesis vinculadas a la nacionalidad. La comparación revela un diseño más expansivo y, en algunos aspectos, más rígido.

El contraste arroja tres lecturas que importan para el contribuyente colombiano con perfil internacional.

Primera lectura. El umbral aritmético es esencialmente equivalente —183 días— pero la ventana temporal difiere: España trabaja con año natural; Colombia con período móvil de 365 días calendario consecutivos. Esta última fórmula es más severa: impide que un contribuyente "resetee" el contador en cada 31 de diciembre y obliga a un control diario continuo. En la práctica, dos personas con calendarios idénticos pueden ser residentes en Colombia pero no en España, según cómo caigan sus 183 días.

Segunda lectura. La regla colombiana es estructuralmente más adhesiva para los nacionales. Mientras el caso Shakira se decidió porque la AEAT no logró demostrar permanencia ni núcleo de intereses, un nacional colombiano en circunstancias similares —cónyuge en Colombia, o más del 50% de sus activos administrados desde el país, o domiciliado en jurisdicción no cooperante— quedaría capturado por el artículo 10 ET aun sin pisar Colombia más de 183 días en un año. El diseño colombiano privilegia la conexión personal-patrimonial sobre la permanencia física.

Tercera lectura —y la más delicada—. El literal e del numeral 3 del artículo 10 ET introduce un mecanismo que desplaza parcialmente la carga probatoria: cuando la DIAN le exige al nacional acreditar su residencia fiscal en el exterior y este no lo hace, se le tiene por residente en Colombia. No es propiamente una presunción legal, sino una consecuencia procesal del incumplimiento del deber de probar lo propio. La Corte Constitucional, al revisar este precepto, ha sido cuidadosa en advertir que opera solo previo requerimiento, lo cual lo aproxima a una carga dinámica.

Indicios, presunciones y prueba: el equilibrio que el caso ilumina

El Estatuto Tributario colombiano está sembrado de presunciones e indicios: la presunción de renta líquida del artículo 188 sobre patrimonio líquido; la presunción de costos del 188-1; las facultades de fiscalización del artículo 684 que habilitan a la DIAN a valerse de toda clase de medios probatorios, incluyendo indicios; la regla del artículo 745 sobre dudas provenientes de vacíos probatorios resueltas en favor del contribuyente, salvo presunción legal contraria.

Esta arquitectura no es exclusivamente colombiana —los días presuntos del TEAC español son su pariente cercano—, pero su densidad sí lo es. La DIAN litiga buena parte de sus controversias sobre indicios y presunciones, y muchas veces lo hace porque la propia ley se lo permite. Lo que el caso Shakira pone en evidencia, aplicable a ambas orillas, es que el indicio no es prueba acabada: es un punto de partida que requiere consistencia y suficiencia.

Cuando la Audiencia Nacional descarta la suma de ausencias esporádicas, la presunción familiar inaplicable y el supuesto núcleo de intereses sin sustento documental, lo que está haciendo es exigir coherencia probatoria. Los indicios deben converger; las presunciones deben encajar en el tipo legal; y la prueba indiciaria, para ser apta, debe ser plural, concordante y conectarse con hechos plenamente acreditados. El derecho probatorio colombiano —Código General del Proceso aplicable supletoriamente en lo tributario— exige lo mismo.

Fiscalización agresiva y seguridad jurídica: una tensión inevitable

La defensa de Shakira invocó —y la Audiencia descartó— la vulneración de los principios de confianza legítima y buena administración, derivados del hecho de que la AEAT, meses antes de iniciar la inspección, había aceptado su opción por el régimen de impatriados para el ejercicio 2015. La Sala distingue con precisión: el documento acreditativo del ejercicio del derecho de opción no equivale a un acto de aceptación administrativa, y, en cualquier caso, ese acto no podía generar confianza legítima sobre un ejercicio anterior (2011).

El fallo, sin embargo, dispara una pregunta de fondo: ¿qué espera el contribuyente cuando ofrece su trazabilidad fiscal a la Administración? La respuesta no es ingenua. La fiscalización tiene legitimidad y debe ejercerse con vigor frente a las planeaciones agresivas. Pero la seguridad jurídica exige coherencia: si el Estado acepta —aunque sea implícitamente— una determinada calificación, debe luego seguir cauces procedimentales específicos para revisarla. En el caso colombiano, esa coherencia se materializa en la firmeza de las liquidaciones, los términos de revisión y la doctrina vigente como amparo.

La Audiencia Nacional resolvió el caso por el cauce más severo para la Administración: la falta de prueba del hecho generador. No hizo falta entrar al fondo de la simulación contractual, del levantamiento del velo societario, ni del régimen sancionador. Anulada la residencia, todo lo demás se cayó por gravedad.

Accounter · Editorial Técnico · Derechos reservados 2026  ·  Este artículo tiene carácter informativo y editorial. No constituye asesoría tributaria individualizada.