Dicho decreto ya fue firmado por Mauricio Cárdenas Santamaría, ministro de Hacienda, y se encuentra listo para la firma del presidente de la República, Juan Manuel Santos.
Los dirigentes gremiales advirtieron que esta iniciativa tiene un efecto inmediato sobre el sector al encarecer las obras públicas en el país, porque los oferentes se verán en la necesidad de incrementar sus ofertas al Estado en la misma proporción.
“La expedición inminente de este decreto constituye un cambio intempestivo en las reglas de juego. También es perjudicial para el sector empresarial de la ingeniería, uno de los principales empleadores del país, y en especial para las pequeñas y medianas empresas”.
Esta medida implica un golpe inesperado para la ingeniería, sumado al reciente decreto único de contratación —1510 de 2013—, el cual pretende medir la capacidad de contratación de las empresas a través del “flujo de caja”, la cual se reducirá sensiblemente con la aplicación de esta nueva tarifa de retención.
Finalmente, desde ambas entidades consideraron que esta medida, además de impactar la competitividad del sector de la infraestructura, hace ilusorias las disminuciones tarifarias establecidas en la reciente reforma tributaria —aprobada por el Congreso de la República el año pasado— la cual no tenía objetivos de recaudo sino de corregir inequidades en la estructura impositiva del país.
“Creemos que la posible expedición de este decreto marca una tendencia preocupante, en cuanto algunos sectores del gobierno están tomando decisiones sin dar el debate previo con los directos afectados, en detrimento del diálogo propio de la democracia entre los gremios y el Estado”.
tomado de:cronicadelquindio.com