La salud ha sido uno de los grandes temas del debate político y académico en Colombia durante las últimas décadas. La reforma emprendida hace 20 años indujo un cambio positivo, llevando la cobertura del aseguramiento de niveles inferiores al 33 por ciento de la población en 1993 a más del 95 por ciento en la actualidad.

No obstante, el sistema de salud ha entrado en una crisis operativa y gerencial que se refleja en deficiente atención a los usuarios, corrupción e ineficiencia en el uso de los recursos, y una enorme presión jurídica y fiscal sobre el modelo.

En este contexto, el Gobierno ha empezado a socializar los puntos centrales de lo que sería una eventual reforma a la salud, al tiempo que ha insistido en que será la apuesta legislativa más importante del 2013. Sin embargo, todavía son más las preguntas que las respuestas sobre la forma como el nuevo sistema podría operar en la práctica.
 

El cambio en la concepción del POS constituye uno los elementos más interesantes de la propuesta, al reemplazar la lista de tratamientos y medicamentos que hoy deben cubrir las EPS por una lista negativa de las patologías que no incluye el sistema.

Ciertamente, ello puede ayudar a moderar el crecimiento del llamado No POS y de las presiones sobre las finanzas que se dan a través de tutelas. No existe claridad, sin embargo, sobre la forma específica en que se haría el cambio ni sobre la necesidad de hacerlo por la vía legal, en lugar de un proceso reglamentario que redefina el propio POS.
 

Algo similar sucede con la definición de prácticas de prevención en salud y con la idea de mejorar el acceso a esta de comunidades apartadas. Se trata de buenos propósitos que ameritan mayor atención por parte del Ministerio de Salud, pero no por ello es claro que requieran una ley, más que procesos de reglamentación adecuados.
 

Lo que resulta francamente preocupante es que en aras de objetivos loables, pero con mecanismos poco definidos, termine por desmontarse un sistema de aseguramiento con competencia entre Entidades Promotoras de Salud, que le ha servido al país durante casi 20 años.

Es claro que muchas de las EPS, especialmente en el régimen subsidiado, ameritan una drástica reestructuración y probablemente su cierre o intervención por parte del sector público. Ello no significa, sin embargo, que deba desmontarse el sistema en su conjunto, llevándose de paso a las instituciones que sí funcionan.
 

Por otra parte, resulta difícil entender las razones por las cuales una nueva y enorme entidad pública –Misalud– vaya a ser más ágil y eficiente en la realización de los pagos de lo que son actualmente varias de las EPS privadas, e incluso algunas de las públicas, como la Nueva EPS, que se creó a partir del antiguo Instituto de Seguros Sociales. Las instituciones públicas de grandes dimensiones no han sido históricamente ejemplo de eficiencia, y los argumentos por los cuales Misalud pudiera ser una excepción están aún por conocerse.
 

La propuesta del Ministerio de Salud es peligrosamente ambigua sobre el papel del sector privado. Particularmente, preocupante resulta el hecho de que se elimine el carácter asegurador de las EPS y que los nuevos intermediarios –a los que se ha llamado gestores– sean simples auditores para controlar a los hospitales y demás instituciones prestadoras de salud, para que no facturen más servicios médicos de los realmente prestados.

Esta función la cumplen actualmente las EPS, pero para ese propósito ponen su capital y su rentabilidad en juego, en calidad de aseguradores.

Reemplazarlas por la buena voluntad de gestores que no arriesgan su capital en el proceso –o peor aún, de las secretarías de salud de municipios y departamentos– parecería una decisión equivocada y posiblemente desastrosa. Los problemas de corrupción a gran escala podrían desatarse muy rápidamente, independientemente de la buena voluntad que tengan el Gobierno y los legisladores para evitarlo.
 

La distinción entre redes de atención básica y aquellas de atención especializada parece también un acierto de la propuesta, pero no es clara la forma como operaría en la práctica.

No se entiende, por ejemplo, cómo se evitaría el riesgo moral en el traslado de pacientes desde entidades prestadoras de servicios básicos hacia instituciones prestadoras de servicios especializados manejados por gestores diferentes.
 

En resumen, la reforma propuesta trata de enfrentar problemas graves del sistema de salud colombiano, pero todavía no es claro que lo haga de una manera acertada.

Lo grave de esto es que en el proceso puede desbaratar un sistema que, a pesar de todos sus problemas, ha contribuido enormemente a mejorar la salud de los colombianos en los últimos 18 años. Un sistema que entidades como el BID o el Banco Mundial suelen poner como ejemplo de políticas exitosas en el contexto internacional.
 

Hay que hacer reformas, pero más vale que haya seguridad de estar creando algo mejor a lo vigente antes de desbaratar aquello que funciona.

Posiblemente, un mayor esfuerzo por mejorar la gerencia del sistema y ajustar elementos específicos de su funcionamiento sería mejor estrategia que una reforma con vacíos y deficiencias importantes como la que se intuye a partir de los primeros planteamientos del Gobierno

Tomado de: portafolio.co