La aplicación de una sanción muy drástica en comparación con la falta tributaria cometida o la aprehensión de mercancías sin la debida valoración de los documentos de importación son dos de las quejas más frecuentes que recibe y tramita la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero, figura creada hace una década, pese a que no son muchos los que saben que cuentan con ella.
La actual defensora, Gloria Nancy Jara, señala que son diez los principales derechos de los contribuyentes y que aunque la Defensoría ha sido señalada por no tener suficientes dientes, está dando la pelea para que sus recomendaciones tengan más peso en las decisiones y el contribuyente se sienta más respaldado.
“El contribuyente tiene derecho a ser atendido de manera respetuosa y ágil; a que sus solicitudes y peticiones sean resueltas; a la reserva de su información, a que se le respete el debido proceso, a que le suministren información clara y actualizada, entre otras”, señala Jara.
Para tramitar reclamos, inconformidades o sugerencias, el contribuyente acude a la Defensoría, así como para realizar consultas sobre normas, sanciones y programas de fiscalización.
Este acercamiento puede ser presencial o virtual.
La Defensoría tiene su sede en Bogotá y cuenta con delegaciones en Bucaramanga, Barranquilla, Pereira, Medellín y Cali.
El correo electrónico para tramitar quejas es Defensoria@dian.gov.co
El trámite de la reclamación también se puede realizar por teléfono, al 3433152, en Bogotá. El tiempo para resolver un caso depende de su complejidad.
Una vez se presenta la queja, la Defensoría procederá a validarla y, si se requiere, acudirá al sitio indicado por el quejoso.
Posteriormente, la entidad hará las respectivas recomendaciones a la Dian.
En el 2012, la Defensoría tramitó 592 quejas, la mayoría (37 por ciento) en Bogotá.
Le siguieron Cali y Medellín (17%) y Barranquilla (13%). La mayor parte de los ‘dolores de cabeza’ que los contribuyentes intentan calmar en la Defensoría están relacionados con su obligación tributaria (75%), mientras que un 22 por ciento tiene que ver con el tema aduanero y un 3 por ciento con el cambiario.
Para este año, la entidad intenta que sus actuaciones sean más preventivas, es decir, que no se espere hasta que se afecten los derechos de los tributantes.
También intentan llegar a que la autoridad tributaria, en materia sancionatoria, actúe más con base en los principios constitucionales y no solo basada en la ley.
“Hay fallos que pueden ser legales, pero que no son justos. A veces la gravedad de la sanción es mayor a la infracción cometida”, concluye Jara.
tomado de:portafolio.co