(El Tiempo) MinHacienda explicó que se moverá unos días reforma de protección a vejez prevista para noviembre.

Este jueves, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, anunció que el Gobierno presentará la ley que reemplaza a la ley de financiamiento, tal cual como fue aprobada el año pasado. Es decir, el mismo texto.

Para ello, según explicó Carrasquilla, será necesario mover unos días la presentación de la propuesta de proyecto de ley de protección a la vejez que estaba prevista para el mes de noviembre y cuya discusión se iniciará en el Congreso el próximo año.

Según el funcionario, la ley todavía vigente tiene las mayorías en el Legislativo y por ello el Gobierno confía en que la aprobación se hará antes del 31 de diciembre.

Recalcó que el proyecto irá con mensaje de urgencia dada la importancia de preservar los efectos de la ley, que han sido, a su juicio, totalmente positivos en el 2019.

En cuanto a las otras demandas a artículos puntuales de la ley, Carrasquilla sostuvo que estas se atenderán una vez lleguen y que la prioridad es analizar la sentencia de a Corte una vez se reciba para iniciar el trámite del mismo texto.

Sobre la suerte del nuevo proyecto en el Legislativo en estos dos meses y medio Carrasquilla aseguró que “no soy horoscopista” y reiteró que su sueldo se lo paga el contribuyente para resolver los problemas que se presenten.

“Tenemos una institucionalidad que se respeta y por lo tanto tenemos que modificar nuestra agenda. Como ejemplo el caso de la ley de protección a la vejez que va a revolucionar el tratamiento que le damos a los recursos para los ciudadanos en edad de jubilación”, añadió.

Carrasquilla aclaró que en el comunicado la corte preciso explícitamente que las reglas del juego del 2019 están vigentes.

Así mismo, el viceministro de Hacienda Juan Alberto londoño recalcó que el impuesto de renta que se causa en el año 2019 en ese sentido sigue vigente para pagarse en el 2020.

En la noche de este miércoles, el presidente Iván Duque le pidió al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentar al Congreso una nueva iniciativa “que recoja todos los beneficios, mecanismos y normas que contenía la Ley aprobada”, luego de la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la ley de financiamiento.

En un hecho que fue calificado por muchos analistas como “sin precedentes”, el alto tribunal tumbó toda la ley de financiamiento.

“Nunca se había declarado inconstitucional por vicios de trámite una reforma tributaria”, indicó Camilo Rodríguez, director de impuestos de la firma KPMG; mientras que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, indicó que se trata de “un serio golpe a la credibilidad de la política económica”. No obstante, agregó que tienen la voluntad y “estamos seguros de que vamos a encontrar la manera de devolver la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

El consenso de los tributaristas y gremios económicos es que el Gobierno debe presentar de nuevo el proyecto, no solo para que corrija los vicios de forma en su trámite de aprobación, por los cuales fue declarada inexequible, sino para que –de paso–, se eviten errores de contenido que tenía la ley. Empezando por el nombre, pues, de acuerdo con lo expresado por Javier Hoyos, director de la firma Gestión Legislativa, una ley de financiamiento se tramita para cubrir el faltante de un presupuesto, que es anual, pero cuando tiene efectos posteriores se trata de una reforma tributaria.

El fallo de la Corte, que fue emitido para que entre en vigencia a partir del 1 de enero del 2020, da un margen para que el Gobierno vuelva a tramitar el proyecto. No obstante, el temor de algunos analistas es que la decisión del alto tribunal surge en un momento complejo, en el que el Ejecutivo tiene enfrente la presentación de una reforma pensional, cuya radicación había sido prevista para noviembre, después de lograr el visto bueno del proyecto de presupuesto del próximo año, que se debatió este miércoles en las plenarias de la Cámara.

De hecho, ante la incertidumbre que generó entre los parlamentarios el hundimiento de la ley de financiamiento, presentaron una proposición con la cual solicitaban el aplazamiento de la votación del proyecto de presupuesto, que finalmente fue votada negativamente.

Por el lado de los empresarios, que se verían afectados de varias maneras, pero en particular en la rebaja gradual de la tarifa del impuesto de renta, hasta llevarla al 30 por ciento, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, hizo un llamado al Congreso, al Gobierno y a los diferentes estamentos, para que se puedan tomar decisiones urgentes, de manera que permitan reemplazar las decisiones que habían sido tomadas en el 2018”.

Inclusive, el congresista David Barguil volvió a mencionar dentro de las alternativas la declaratoria de una emergencia económica, que permita, vía decreto, aplicar algunas medidas tributarias rápidas, lo que para Hoyos es inviable, toda vez que en el 2019, el recaudo esperado por la ley está asegurado.

Desde la perspectiva del presidente del Consejo Gremial, Jorge Bedoya, si bien el fallo no es positivo para la inversión, “las decisiones de la Corte son para acatarlas”.
Destaca el espacio que le da el alto tribunal al Gobierno para sacar una nueva ley en lo que resta del año. “Habrá que ver si el Ministerio lleva la misma versión o retoma la inicial, en la que se incluía el IVA a los alimentos, lo que generó controversia”. En ese contexto, agregó, “es clave la disponibilidad del Congreso para sacar la iniciativa adelante”, lo que no parece ser muy claro.

En ese sentido, Catalina Ortiz, pese a ser de uno de los partidos de oposición (Verdes), señaló que “lo responsable es apoyar al Gobierno, pues somos todos los colombianos los que pagaríamos el efecto de no contar con los recursos de la ley”.

Uno de los grandes efectos de la decisión de la Corte es que revivirían las normas anteriores. Pero, “se salvarían la normalización tributaria y el impuesto al patrimonio, porque en la práctica la sentencia salió publicada después de vencidos los términos para declarar los dos anteriores impuestos”.

Obtenido de: El Tiempo