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Algunos consideran que al sumar la oleada de iniciativas que han sido presentadas o anunciadas por el Gobierno, con impacto fiscal, se asemeja a una reforma tributaria.
Unos 22 proyectos de ley de diversa índole, radicados y/o anunciados por el Gobierno, los cuales presentan algún impacto fiscal, han aumentado las dudas de los expertos sobre si lo mejor para el país es proponer una reforma tributaria estructural. Sin embargo, la mayoría de las iniciativas van en la dirección de lo prometido por el nuevo Gobierno, en el sentido de no aumentar los impuestos, y concentrarse en la solución de problemas puntuales de sectores estratégicos como la salud, el campo, energía y minas, regalías y la generación de empleo.
De hecho, el Fondo Monetario Internacional, la Cepal, la Andi y el Partido Liberal, han expresado esta misma inquietud. En opinión de analistas, hacer modificaciones a pedacitos puede ser una alternativa que terminará por enredar aún más el ya de por sí complejo sistema tributario colombiano.
“Resulta un tanto desordenado que se reforme un impuesto acá y otro allá, pero, en el fondo, creemos que están teniendo eco las propuestas de carácter técnico que hemos planteado desde tiempo atrás”, advierte Sergio Clavijo, director de Anif. Solamente en el Proyecto de Ley de Formalización laboral y Primer empleo hay 10 artículos relacionados con impuestos: (artículos 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 29).
El seguimiento hecho por Javier Hoyos, gerente de la empresa de asesoría Gestión Legislativa y Gobierno, da cuenta de que sólo en el Senado hay 3 y en la Cámara de Representantes hay 18 proyectos radicados que tienen que ver con medidas tributarias, sin contar con la reforma a los aranceles que pagan los bienes importados que anunció el Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry.
Entre las propuestas figuran exenciones de impuestos para la marca Fifa por el Mundial de Fútbol Sub 20, hasta el desmonte gradual del 4 por mil o impuesto a las transacciones financieras, el cual, según la Dian, en el 2009 representó ingresos por 3,12 billones de pesos, y en el primer semestre del 2010 ya va en 1,55 billones.
Adicionalmente, el equipo económico del Gobierno también ha mencionado que estaría dispuesto a desmontar la exención del 30 por ciento (por reinversión de utilidades) en el caso del sector de hidrocarburos. La reforma tributaria fragmentada complica aún más el panorama del recaudo, porque, lo que se quita de un lado, se debe sacar de otro, si es que no se quiere llegar a colapsar aún más este ingreso en Colombia que es uno de los más rezagados de América Latina: “el recaudo nacional en el 2010 alcanzaría 12,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, 4 puntos por debajo del promedio de América Latina, que es de 17 por ciento”, señala el director de la Anif.
En el mismo sentido, el ex ministro de Hacienda, Guillermo Perry, que de tiempo atrás había calculado que, como mínimo, el país necesitaba subir el recaudo en 1,5 por ciento del PIB con respecto a lo que recauda ahora, también ha advertido que “el asunto no puede mirarse de manera fraccionada, pues se necesita una reforma de fondo, porque hay impuestos antitécnicos que uno quisiera desmontar, pero tiene que recaudar por otro lado. El más grave es el de los parafiscales, pero también el de las transacciones financieras y el de patrimonio a las empresas, porque tratamos de generar empresas, pero a medida que logran crecer, se les grava el patrimonio”.
Gobierno insiste en que por ahora no habrá reforma
En concordancia con los señalado en la campaña, el Gobierno insiste en que, por ahora, no será necesario presentar una reforma tributaria. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, dijo recientemente en el Congreso de la Andi que si los empresarios insisten en que el país requiere una reforma de la estructura impositiva, el Gobierno estudiaría esa opción y podría presentarla.
No obstante, en medio del debate, lo que el Gobierno tiene claro es que existen una serie de prioridades relacionadas con la salud, el empleo, la regla fiscal, la redistribución de tierras, el ordenamiento territorial y las regalías, entre otras.
Por esa razón, el Ejecutivo espera que estas iniciativas sean aprobadas rápidamente en el Congreso de la República, con el fin de solucionar problemas inmediatos, para luego sí dedicarle tiempo a una modificación de fondo a la estructura tributaria del país. Mientras tanto el debate no se detiene.
