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Los demás afectados con la decisión disciplinaria son Rafael Eduardo Neira Torres, en su calidad de Superintendente Delegado adjunto para Supervisión institucional; Segismundo Méndez Méndez, en su calidad de Superintendente Delegado Adjunto para Supervisión Institucional (e); Luis Francisco Ogliastri Gil Falco Superintendente Delegado para intermediarios Financieros; Justo Walter Romero León, en su condición de calidad de director de Supervisión Institucional Uno; Rodolfo Aquilino Cifuentes Bustos, en su calidad de director de Supervisión Institucional Dos y Jesús Heraclio Gualy, en su calidad de director legal para Intermediarios Financieros.
Según el Ministerio Público, los funcionarios no habrían actuado con la diligencia y eficiencia que les correspondía, para evitar que personas que no estaban autorizadas por la ley captaran masivamente dineros del público, actividad exclusiva de las entidades vigiladas. Con su omisión los investigados habrían contribuido a que terceras personas incrementaran de manera directa o indirecta su patrimonio porque “pese a estar advertidos, y de disponer de medios e instrumentos para intervenir, no aparece que lo hubieran hecho, como en el caso de DMG Grupo Holdindg, o porque probablemente no actuaron oportunamente en casos como Proyecciones d.r.f.e., Costa Caribe y Net Work Inversiones Ltda”, según la Procuraduría.
Los investigados, quienes ejercieron funciones de vigilancia y control durante los años en mención, deberán responder sobre la posible responsabilidad que acarrea una negligencia administrativa. Cabe resaltar que es la primera vez que el Ministerio Público abre este tipo de investigaciones. Según el procurador, Alejandro Ordóñez, al parecer se habría intervenido tardíamente en varios de los casos de captación masiva, habitual e ilegal registrados en el país, situación que dio lugar a que continuaran funcionando ilegalmente. De acuerdo con las primeras reacciones frente al tema, se podría anticipar una ola de demandas contra el Estado, al reconocer la culpabilidad de este.
El ex procurador, Jaime Bernal Cuéllar, manifestó que en caso de comprobarse omisiones por parte de estas personas por no hacer los controles, existiría una responsabilidad del Estado por haber permitido el funcionamiento de esas empresas.
Para el ex presidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, es posible que por esta acción del Procurador se abra un boquete de demandas contra el Estado.
Sin embargo, dijo que “no estoy totalmente con el Procurador, pues ha tomado esta decisión demasiado tarde. Hubo una gran negligencia del Estado”.
Captaciones ilegales por $2 billones
Desde febrero de 2008, la Superintendencia de Sociedades comenzó a alertar a la ciudadanía sobre la aparición de este tipo de negocios. Según informes de la entidad, fueron presentadas 739.000 denuncias, de las cuales solo 450.000 fueron aceptadas. Las cifra correspondiente a estas reclamaciones corresponde a dos billones 492 mil millones de pesos. El monto de dinero que se estimó se devolvería a los afectados asciende a los 400 mil millones de pesos. De esta cifra, se ha devuelto casi un 40 por ciento a las personas que solicitaron el procedimiento.
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