Fuente : www.larepublica.com.co
El primer acto legislativo, el de regalías, ya pasó su primera ronda de fuego, con cuatro debates que dejaron en apariencia al Gobierno como ganador del pulso con las regiones productoras de petróleo y carbón y que han sido las grandes receptoras de multimillonarios recursos, producto de esta actividad.
Así lo constató Ricardo Bonilla, investigador del CID, de la Universidad Nacional, al indicar que el debate se centrará en el porcentaje que se les dejará de regalías directas a estas regiones, pero no van a recibir menos dinero. “Ese será un enredo grandísimo en 2011. Lo cierto es que hay que redistribuir mejor las regalías en todo el país. Pero no se les va a dejar de dar plata, sucede que no tendrán la misma proporción que el incremento de las regalías por la bonanza minero-energética”, dijo a LR.
Para el Gobierno es claro el espíritu de lograr “repartir la mermelada sobre toda la tostada”, en el sentido de ser equitativos en la distribución de $94,8 billones que entrarán por concepto de regalías mineras al país de aquí a 2020. Sobre sostenibilidad, Bonilla indicó que la Corte Constitucional tendrá que pedir explicaciones, cuando el gobierno invoque que no se puede afectar el manejo fiscal del Estado, con proyectos, o cuando una tutela proceda en pensiones ,o en salud. “Una cosa es que no haya plata y otra que el derecho exista”, dijo.
Una iniciativa para buscar ahorro y equidad
Para el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, la filosofía de la reforma constitucional de regalías es la del ahorro, la equidad y la competitividad. Sobre los porcentajes de disminución de las regalías directas que se dan a las zonas productoras de petróleo y carbón o minas, indicó que los mismos serían acordados con los congresistas de dichas regiones, en la ley reglamentaria de esta reforma, y que debería presentarse en junio próximo. Dijo que para evitar despilfarros en estos recursos se crearán “triángulos virtuosos de vigilancia”, entre autoridades.
La opinión
Ricardo Bonilla
Investigador del CID de la Universidad Nacional
“En sostenibilidad es un problema de interpretación. No sé si será cierto que el Gobierno invoque este tema cuando lo afecte una tutela. Los jueces dirán”.