Fuente: www.portafolio.com.co
Roberto Steiner, director de Fedesarrollo, está de acuerdo con las iniciativas presentadas por el Ejecutivo, pero advierte que la ley de empleo no da para generar los 2’500.000 puestos de trabajo.
Que la ley de empleo es correcta, pero tímida; la reforma a las regalías se requiere, pero no debería tener un fondo de compensación, y que la carga del control de la plata que llega a las regiones por explotación del subsuelo se le debe quitar a Planeación Nacional, son algunas de las propuestas de Fedesarrollo, en torno a las principales reformas económicas que el Gobierno está cursando en el Congreso.
Además, el centro de investigaciones económicas afirma que el salario mínimo actual conduce a la informalidad.
Según el director de la entidad, Roberto Steiner, Fedesarrollo está de acuerdo con las iniciativas legislativas, pero advierte que la de empleo es “más de lo que se esperaba y menos de lo que se requería”.
En consecuencia, el proyecto como está no da para generar los 2’500.000 nuevos empleos que ha prometido el Gobierno.
“Fedesarrollo estima que hay que trabajar en tres frentes: reducir los impuestos al empleo formal y financiar la seguridad social con cargo al presupuesto y a la tributación general. También es necesario asegurar que al salario mínimo no se le trasladen aumentos en productividad que no se han dado, y focalizar mejor los subsidios para evitar incentivos perversos”.
En este mismo sentido, Steiner subrayó una vez más la preocupación de Fedesarrollo por el tema del salario mínimo, que cada vez se acerca más al salario medio, lo que, finalmente, termina por estimular a las empresas a que saquen a los trabajadores y los manden a engrosar las cifras de informalidad.
“El 35 por ciento de los colombianos gana menos del mínimo, por informalidad y subempleo. No planteamos que esta remuneración se baje, pero sí hay que tener mesura con el alza para no desestimular la formalidad”.
Gastan en lo mismo
En lo que tiene que ver con regalías, según el economista, la necesidad de reformar es inaplazable. “El esquema actual tiene tantos problemas que la reforma debe ser apoyada, aún si no se cumplieran los pronósticos optimistas de aumento de la renta petrolera en el país, especialmente, porque no pasa la prueba de equidad en la distribución regional”.
Para Fedesarrollo, el fondo de compensación, uno de los que propone crear el proyecto de Acto Legislativo de Reforma a las Regalías, no se necesita. Lo que pretende hacer dicho fondo, que según el proyecto tendrá una duración de 20 años y servirá para manejar el tema de la inequidad en las regiones más rezagadas del desarrollo en el país, de manera que los dineros fluyan prioritariamente hacia esos lugares, ya lo hace el Sistema General de Participaciones (SGP). “El SGP es el mecanismo de asignación regional en función -entre otras- de la pobreza”, indica Steiner, y agrega que, si esa es la meta de este Fondo, sería más fácil entregar la plata de las regalías al Sistema General de Participaciones para que desde allí se haga la distribución.
Corregir los 17 años en los cuales se han gastado los recursos a las regalías en lo mismo, es otro de los argumentos que, según Fedesarrollo, respaldan la reforma.
“Ninguna de las entidades certificadas por sector, dentro de las 180 más beneficiadas con estos recursos, han logrado la cobertura total en salud, educación, mortalidad infantil y agua potable, áreas a las que se deben dirigir las regalías”, indica Steiner.
Natalia Salazar, subdirectora de la entidad, agrega que “esa es la razón por la cual las regalías no se han podido utilizar en otros proyectos de inversión, porque, al no cumplir las coberturas que señala la ley, tienen que gastar en lo mismo”.
Así, en salud hay 89 entidades certificadas, pero no se puede sacar pecho por ello, pues la mayor parte de los recursos no proviene de las regalías. “El resultado global es muy malo”, sostiene Steiner. Y, ni qué decir de casos dramáticos, como el del sector de agua potable y alcantarillado, en el que no hay ni una sola entidad que haya sido certificada por alcanzar la meta de cobertura.
Otra de las inquietudes que asalta a Fedesarrollo está relacionada con la asignación de un 10 por ciento para invertir, de forma regional, en ciencia y tecnología.
Según Salazar, “los primeros cálculos dan cuenta de que este monto alcanzaría los 400 mil millones de pesos, lo que es el presupuesto que hoy tiene Colciencias. Si bien es cierto que el rezago en inversión para ciencia y tecnología es una imperfección que ha tenido Colombia y que debe corregir, nos preocupa que resulten demasiados para la capacidad de ejecutarlos bien”.
El plan de ordenamiento territorial genera tensión entre los ministerios.
De la mano del tema de regalías está el proyecto de ordenamiento territorial, que también hace fila en el Congreso. Al respecto, Fedesarrollo deja sobre el tapete la incógnita de si las regiones en las que están pensando el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, en la reforma a las regalías, son las mismas que ha imaginado el Ministerio del interior con su iniciativa de ordenamiento territorial.
Según los analistas de Fedesarrollo, “aunque no es explícito en el acto legislativo de regalías, Hacienda y Planeación han hablado de grandes regiones como unidad de distribución y asignación de recursos, mientras que la Ley de ordenamiento territorial promueve la creación de regiones, pero asociadas según la iniciativa de los entes territoriales”.
El temor de Roberto Steiner, de Fedesarrollo, es no estén de lo mismo.
El peligro del afán
La tendencia que está tomado el Gobierno, de atender las solicitudes de los parlamentarios, para agilizar el paso de los proyectos por el Congreso, podría llevarlo a incurrir en errores, como el que ocurrió hace varios años con la ley del Sistema General de Participaciones (SGP).
Según analizó Steiner, en el caso de la reforma a las regalías, se empezó con una propuesta en la que solo se anotaba un porcentaje del 10 por ciento para Ciencia y Tecnología y en la ponencia que ya está lista para votación en las plenarias del Congreso, ya hay una iniciativa completamente distinta a la inicial.
“No es bueno poner porcentajes en un acto legislativo, porque queda blindado y, cada vez que se requiera modificarlo, habría que hacer una reforma de ocho debates, como pasa con el SGP”.