Fuente : www.larepublica.com.co
Ello, como una acción que generaría una mayor articulación de la economía colombiana con la economía internacional, pero también como una de las políticas que permitiría aumentar la demanda de dólares y por esta vía disminuir las presiones revaluacionistas del peso colombiano.
Las declaraciones recientes del Ministro de Hacienda, Doctor Juan Carlos Echeverry, apuntan, sin embargo, a señalar que el alcance de esta reforma arancelaria será bastante limitado, puesto que el Ministro señala que para combatir la revaluación del peso se disminuirán los aranceles de las materias primas. (La República, 29 septiembre de 2010).
Muy seguramente, la preocupación del Ministro para efectuar una reforma de un mayor alcance radica en el impacto fiscal que dicha modificación arancelaria tendría en los recursos fiscales, en una coyuntura en la que el Gobierno debe buscar mayores ingresos tributarios que permitan financiar el mayor gasto que conlleva el echar a andar las locomotoras, que deben jalonar el crecimiento económico.
A pesar de comprender la angustia del Ministro, resulta equivocado manejar el arancel con criterio meramente fiscal. La política arancelaria debe responder a una política de desarrollo productivo y en este sentido resulta acertado utilizar el arancel para disminuir los costos del aparato productivo e impactar, por la vía de estimular la demanda de importaciones, la tasa de cambio.
En este sentido, la reforma arancelaria debería incluir a los bienes de capital, materias primas e insumos que no tienen producción nacional, además de corregir aquellas situaciones en las que se presentan protecciones efectivas negativas.
Ahora que el Gobierno nacional ha señalado que va a desmontar el descuento del 30 por ciento en la adquisición de activos fijos, resulta fundamental que los aranceles de los bienes de Capital no producidos se lleven a cero. El costo fiscal de esta disminución arancelaria ya estaba incorporado en las cuentas del Gobierno, pues se esperaba que los TLC con los Estados Unidos y con Europa estuvieran vigentes a partir del año 2010.
Esta política arancelaria debería aumentar la demanda por importaciones y llevar a un mayor ingreso fiscal por la vía de un incremento en los recaudos del IVA en las importaciones. Lo que pierde el Gobierno en aranceles se debe recuperar por una mayor facturación de IVA.
Pero la fundamental de esta política arancelaria es que ella se debe traducir en una mayor competitividad del aparato productivo a través de un doble impacto: menores costos de producción y menor revaluación del peso colombiano.
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