Fuente: https://www.portafolio.com.co/

Soñamos con un país en el que progresivamente más colombianos se beneficien del sistema del subsidio familiar y no con uno que, por los apuros temporales, recorte sus benéficos alcances.

Soñamos con un país en el que progresivamente más colombianos se beneficien del sistema del subsidio familiar y no con uno que, por los apuros temporales, recorte sus benéficos alcances. Es por esto que las cajas de compensación familiar asumen con entusiasmo la propuesta que hace el Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo de construir una sola Colombia desde el camino de la prosperidad democrática con más seguridad y más servicios sociales.

Precisamente han sido el Presidente y el Vicepresidente de la República, desde sus tesis de campaña, y ahora en el ejercicio del Gobierno, los mayores defensores y promotores del subsidio familiar y de la gestión de las cajas de compensación familiar. El sistema, hay que reiterarlo, preserva su empeño por ofrecer más viviendas con familias propietarias, más familias percibiendo cuotas monetarias, más niños cubiertos integralmente, más créditos para apalancar el desarrollo de las familias y de las empresas, más jóvenes practicando deporte, y más adultos mayores integrados a la vida social, esa es nuestra visión de la prosperidad democrática, que se aprecia esencialmente integrada a la visión de país que el presidente Santos propone para la Colombia de hoy.

Sin embargo, con el argumento falaz de ‘todos ponen’, se ha pretendido comprometer algún porcentaje de los aportes de los empleadores, que si bien representaría un bajo impacto en la financiación del sistema de seguridad social en salud, generaría un efecto altamente negativo para la continuidad de los servicios del sistema de subsidio familiar.

LOS APORTES EMPRESARIALES

En ese sentido, existe un permanente y reiterado susurro proveniente de algunos centros de pensamiento y que por momentos toma fuerza en la deliberación pública, en torno a considerar la necesidad de reducir o eliminar el aporte parafiscal que nutre la operación del Sistema. Se le achacan a este efectos perversos en lo atinente al desestímulo a la formalización y el mantenimiento del desempleo, en tanto se atribuyen efectos mágicos a su eventual reducción, en lo concerniente a la generación de empleo.

Contrariamente, estudios de especial magnitud realizados por la Contraloría General de la República y el Observatorio del Mercado de Trabajo de la Universidad Externado de Colombia dan cuenta tanto de la marginalidad que puede corresponder a dicho aporte en el desestímulo a la generación de empleo, como de la inexistencia de experiencias acreditadas en el mundo que permitan concluir que la reducción de costos extrasalariales es la vía para el surgimiento de nuevas plazas laborales formales.

Estas insistentes y obstinadas voces provocan que constantemente se instrumenten propuestas legislativas que de una u otra manera terminan colocando en riesgo la integralidad del sistema. Hoy se debaten en el Congreso de la República proyectos de ley que de manera importante, de ser aprobados, afectarían el desarrollo del sistema y, en últimas, generarían una regresión en el reconocimiento de los derechos para los trabajadores afiliados al mismo.

De un lado,con respecto a la ley de formalización laboral y primer empleo, que comprende una exoneración temporal y parcial en el pago de aportes parafiscales a medianas y pequeñas empresas, la cual apoyamos desde el momento de su propuesta al país, hemos solicitado en la discusión abierta que, de la misma manera en que se ha establecido la progresividad en el pago de los aportes de las empresas que se formalicen, los trabajadores puedan acceder de manera inmediata a los servicios sociales de las cajas de compensación familiar referentes a recreación, turismo social y capacitación; y que en el tercer año de percibir la cuota monetaria en proporción al aporte realizado y a partir del aporte pleno puedan tener acceso a la totalidad de los servicios del sistema.

Pero también se presentó como iniciativa legislativa un proyecto similar denominado del ‘último empleo’ cuyo fin es estimular la contratación de trabajadores de más de cincuenta años de edad, por lo que el empleador disfrutará de exoneración en el pago de parafiscales.

Y más allá, es muy grande la preocupación del sistema por la propuesta contenida en el proyecto de ley 01 de 2010 en cuanto a destinar el 25% del aporte que nutre el sistema de subsidio familiar para la financiación de los beneficios no POS dentro del régimen de salud, la que luego se transformó en la redestinación de 0,5% del aporte del 4% con el fin de financiar el régimen contributivo de salud y que conforme a las más recientes noticias, se concreta según la ponencia en destinar un 0,25% de un punto del aporte para la constitución de un esquema de seguro para cotización en salud de quienes queden en condición de desempleo.

Con medidas como estas se quiere privilegiar lo asistencial en detrimento de la promoción. Se procura más plata para curar enfermos, que para evitar que los colombianos se enfermen.


EL PACTO SOCIAL

Por todas estas razones, le proponemos al presidente Santos avanzar muy prontamente en la celebración de un gran pacto social por la prosperidad democrática y la unidad nacional con el sistema de subsidio familiar, leales a los propósitos que orientan a su Gobierno y en armonía con los fines que son propios al subsidio familiar y a sus ejecutores, las cajas de compensación familiar.

Hay que ver que la estrecha colaboración entre las cajas y el Estado ha permitido benéficos resultados; basta apreciar, por ejemplo, los efectos de la acción conjunta entre las cajas, el Icbf y las entidades territoriales para la operación de jardines sociales y el buen desempeño que Cavis UT ha tenido en cuanto al acompañamiento de la política pública en materia de subsidios familiares de vivienda para población informal o las sinergias logradas en la ejecución de programas sociales por las cajas y los entes territoriales.

Existe, entonces, un compromiso del sistema de contribuir al logro de fines públicos, mediante el trabajo conjunto con las autoridades, los sectores sociales y productivos, a través de programas que puedan ser seguidos y medidos mediante la aplicación de rigurosos estándares de calidad que aseguren, como hasta ahora, condiciones de eficiencia de lo social.

Y a partir de estas consideraciones, finalmente, es importante reiterar la disposición y el compromiso de las cajas de compensación familiar por contribuir al mejor desempeño de la política social del país, articulando sus esfuerzos a las políticas y programas del Gobierno Nacional en el presente cuatrienio.
 

Tomado de: https://www.portafolio.com.co/noticias/analisis/pacto-social-por-la-prosperidad