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A eso se le agrega que los recursos que se obtienen por aportes parafiscales, que a 2009 ascendieron a 6,26 billones de pesos, tendrán que cargarse al presupuesto, si se aprueba la ley de formalización laboral y primer empleo.
En lo que respecta al IVA, que ya venía con 9 tasas diferenciales, ahora se le agrega una más: la de la emergencia social en la frontera con Venezuela.
Otro factor que ha generado polémica es el número de artículos tributarios en el proyecto de ley del empleo. Para el abogado William Millán, secretario adjunto de la Confederación General del Trabajo, “esta idea de pasar impuestos a través de la ley de empleo no tiene unidad de materia, contraviene la ley 5 que regula al Congreso”.
Rafael Pardo, director del Partido Liberal, cree que si bien las exenciones que trae el proyecto de empleo son razonables, sigue primando la idea de que la reforma tributaria estructural no da espera: “El partido la ha planteado, pero el Gobierno no ha hecho el análisis. Nuestra propuesta es que se genere equidad tributaria y se organice el sistema a través de la simplificación del IVA, la reducción de la renta a las empresas y el desmonte del 4 por mil en la medida en que se consigan los recursos para reemplazar ese ingreso”.
