Más de 20 reformas constitucionales pretenden cambiar la Carta Magna

En el Congreso cursan más de 20 reformas constitucionales que pretenden cambiar la Carta Magna que rige al país desde julio de 1991, cantidad nunca antes vista en los 19 años de vigencia de la misma.

Al hacer un inventario no se encuentran únicamente los de coyuntura como el cambio al esquema de las regalías y la eliminación de la Comisión Nacional de Televisión, sino otros asuntos que en concepto de los mismos congresistas sólo ameritan una ley, como es la posibilidad de que los empleados del Estado que están en condición de encargo, puedan aspirar a una carrera administrativa.

En opinión del senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, se ha vuelto común que en el Congreso “se tramite a diestra y siniestra” reformas constitucionales, aspecto que en su opinión debe ser “una función excepcional”. El analista político Luis Fernando Estrada manifestó que esta ola de reformas no es una característica de esta Constitución, recuerda que el texto que rigió al país hasta 1991 igualmente era cambiado por los congresistas, aunque en una proporción menor. De la actual Constitución, una de sus primeras reformas fue la que le devolvió el nombre de Bogotá a la capital del país. Según Estrada, esa modificación tuvo mucha polémica sobre la conveniencia o no de volver a reformar la Carta Política, para cambiar el nombre de la ciudad.

Pero en las casi dos décadas de Constitución hubo una modificación que generó controversias, paros y disturbios: la que tramitó el hoy presidente de la República, Juan Manuel Santos, cuando era ministro de Hacienda, con el primer cambio a las regalías. Y es precisamente ese acto legislativo el que hoy estudia el Congreso y del que se prevé que tendrá muchas protestas si se aprueba, tal como lo hicieron esta semana los diputados de 11 departamentos en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Esa reforma está pendiente de tener su cuarto debate, de los ocho que debe cumplir. Se estima que en dos semanas estará para la discusión y aprobación. Y es precisamente ese tema de cuánto pueden valer los cambios en la Constitución lo que puede complicar las reformas o que se hundan posteriormente.

Toda reforma constitucional debe llevar un concepto previo del Ministerio de Hacienda para que sea o no tramitada.

Incluso son tan variados los temas que los congresistas quieren modificar, que pretenden incluir un control posterior a los decretos reglamentarios del Presidente de la República.

Al respecto, el senador Motoa estima que esa es claramente una función que le corresponde a la Corte Constitucional, más no al Congreso de la República.