Fuente: https://www.portafolio.com.co/

Precisamente, por creer que es un buen camino y con el objeto de contribuir a la búsqueda de alternativas que son complejas y no de rápida ejecución, es necesario plantear inquietudes a tiempo, con el fin de que formen parte del diagnóstico y, por lo tanto, de las soluciones. Como lo ha mencionado reiteradamente uno de los mejores expertos latinoamericanos en el tema de empleo, Víctor Tokman, en América Latina, y Colombia no es la excepción, junto al problema de la informalidad se ha dado otro: el de la informalización del trabajo formal.

Las grandes empresas que se acogían a las normas establecidas en los distintos países, con el beneplácito de muchos de sus gobiernos han encontrado la manera de evadir lo que consideran grandes cargas laborales.

 Han sacado a sus trabajadores de sus nóminas para que constituyan cooperativas de trabajo asociado o se contenten con recibir contratos de corto plazo, órdenes de servicio y otras formas que generan inestabilidad laboral, les reducen los ingresos a los trabajadores, limitan el alcance de la seguridad social, evaden responsabilidades de los patronos y les bajan sus costos.

Por consiguiente, lograr el llamado trabajo digno en Colombia, y probablemente en otros países, no se limita a atacar el rebusque y focalizar la acción estatal en las pymes, sino también en identificar el tipo de empleo que está generando la gran industria y, créanlo o no, el Estado. Por ello, resultó insólita la actitud de algunos dirigentes gremiales que olímpicamente se lavan las manos de su responsabilidad frente a este drama nacional.

 Su contribución parecería limitarse a dejarse quitar poco a poco, los increíbles incentivos que durante los últimos cinco o seis años les dio el gobierno anterior. ¿Cuántas cooperativas de trabajo asociado tienen las grandes empresas colombianas? Es una de las preguntas que debe hacerse inmediatamente el equipo de Gobierno.

Pero como el ejemplo empieza por casa, lo primero que deberían hacer el Ministerio de Protección Social y el Departamento Nacional de Planeación, es revisar lo que está pasando con el empleo estatal. No existen cifras claras, pero hay evidencias visibles de que el mismo Gobierno ha venido propiciando la informalización del trabajo formal, que no es otra cosa que sacar a millones de trabajadores del Código Sustantivo de Trabajo.

 Existe una seria preocupación entre muchos analistas de que en aras de achicar el Estado, se está acabando con la llamada peyorativamente 'burocracia'. De nuevo, se deben recordar las palabras de Rodrigo Botero cuando era director de Fedesarrollo y hablaba de la agenda oculta de los gobiernos. Y se refería a esa continuidad positiva que tenían ciertas iniciativas, gracias a la permanencia en el Estado de funcionarios comprometidos que permitían la duración de buenos programas.

 Ejemplos como los hogares comunitarios y el PNR superaron el tiempo de un periodo presidencial por esa burocracia que garantizó su continuidad para bien del país. Además, la diferencia entre ser funcionario o simplemente contratista en el Estado en general, es inmensa. El primero, tiene responsabilidad política y es evaluado y hasta juzgado por sus aciertos o por sus errores.

Pero si es contratista, lo máximo que le pasa es que le cancelen el contrato o no se lo renuevan, pero no tiene que responder ante el país como los otros. ¿Se imaginan un gobierno llenos de sólo contratistas? ¿O de personas con órdenes de servicio por uno, dos o tres meses?

Pues, para que lo sepan, es bastante probable que Colombia vaya en esa dirección gracias al afán de acabar con las nóminas que implican cumplir con las leyes laborales. A su vez, lejos de reducir el número de trabajadores, lo que se ha hecho es informalizarlos, creando otras nóminas paralelas, más baratas y con menos responsabilidades para el empleador, el Estado en este caso.

Doctor Hernando José, ¿cuántos funcionarios de nómina tiene hoy el DNP y cuántos contratistas? Dicen, porque no es posible contar con las cifras, que hay 300 en nómina y 300 con contratos. Así no se puede asumir la indelegable tarea de orientar el desarrollo nacional, de evaluarlo, de asignarle recursos de inversión. Y ahora, además, supervisar el camarón de las regalías.

 Doctor Santamaría, ¿sabe usted cómo se reestructuró el sector salud? ¿Sabía usted que en muchos hospitales el empleo se convirtió en cooperativas de trabajo asociado cuando tenía la responsabilidad de formalizar la ocupación? Hace algún tiempo, la función pública empezó a prender alarmas y afirmó, que en una muestra de entidades públicas, cerca del 25 por ciento de los trabajadores sólo tenían trabajo temporal en sus distintas modalidades.

Si de crear trabajo digno se trata -recordando las palabras de José Serra, candidato a la Presidencia de Brasil, que dice que el buen empleo es la mejor política social-, lo primero que debe hacer el Gobierno es mirar el empleo estatal, en los ministerios, en el DNP y demás entidades, y revisar si se está guardando la memoria institucional.

 Asimismo, ¿están dadas las condiciones para garantizar que el personal asuma la responsabilidad de sus análisis y recomendaciones? Si todos van y vienen, ¿cómo se responsabiliza al personal sobre lo que hacen y cómo se mantiene esa agenda oculta que impide que cada gobierno haga borrón y cuenta nueva, que tanto le cuesta al país?

Sin duda, la burocracia que se origina muchas veces en el pago que el gobierno le hace a los políticos se debería eliminar. Pero si es verdad que la meritocracia se va a extender a todo el empleo público, empiecen a formalizarlo para garantizar la eficiencia y la eficacia. Esa sí es gerencia y buen gobierno. Empezaron mal con el espectáculo de la elección de la Contralora, pero aún es tiempo de rectificar. Este paso les dará autoridad moral para pasar a lo segundo, que le va a costar a este Gobierno que quiere quedar muy bien con el empresariado.

Lo segundo, como ya se insinuó, es analizar qué está pasando con la gran empresa colombiana. No basta con facilitar la contratación formal en las pymes, sino frenar la informalización en aquellas compañías que pueden cumplir con las normas establecidas. Esa es la verdadera responsabilidad social, pagar impuestos y compensar justamente el aporte que hacen sus funcionarios, como lo prevé la ley.

Menos regalitos para sus empleados y su familia, pero mejores salarios y trabajo más estable, entre otras, para hacer realidad una seguridad social universal. Eso sí es contribuir a la meta del Gobierno.

En síntesis, una tarea aún no prevista, pero igualmente prioritaria, es formalizar realmente el trabajo en el Estado colombiano y en la gran empresa. Ojo con las multinacionales, tan consentidas en este país, porque los extranjeros son los primeros que se aprovechan de nuestro desorden.

Cecilia López Montaño Ex senadora

Tomado de: https://www.portafolio.com.co/opinion/analisis/trabajo-digno-empiecen-por-el-estado_7902414-3