Fuente: https://larepublica.com.co/
Zonas francas que no han iniciado su construcción ni operación, la fuga de empresas de las ciudades en busca de áreas con mayores exenciones y escasa información sobre el cumplimiento en la generación de empleo son algunos tropiezos del régimen.
Así mismo, la inversión a la que se comprometieron y la acusación de competencia desleal frente a las demás empresas del país, despiertan la polémmica.
Cinco años después de la aprobación de la Ley 1004, el país tiene 81 zonas francas, con las que se proyecta la generación de 45.926 empleos directos y la inversión de 12,7 billones de pesos. Sin embargo, diversos sectores consideran que ya es hora de hacer un corte de cuentas y que el gobierno de Juan Manuel Santos verifique si las exenciones otorgadas bajo este régimen han cumplido sus objetivos, o si se han convertido en un carrusel que reparte beneficios a los más favorecidos.
El investigador del CID de la Universidad Nacional, Ricardo Bonilla, dice que la mayoría de las zonas creadas antes de la ley de 2005 no han cumplido con su objetivo de ser un motor de exportaciones y que no están completamente ocupadas o no han sido operadas.
“En el caso de las multiusuario y las uniempresariales, creadas con la Ley 1004, hay diferentes observaciones.
Las segundas son las que más actividad reportan; sin embargo, todavía no hay información de si están cumpliendo con los compromisos de generación de empleo e inversión. Además, es necesario investigar si estas firmas no están cerrando sus plantas habituales para pasarlas a zonas francas, con lo que no se generarían nuevos empleos. De ser así, sería un detrimento patrimonial y deberían ser sancionadas”.
El director de Fedesarrollo, Roberto Steiner, asevera que se debe acabar con las zonas francas uniempresariales, puesto que la Ley 1004 les permitió atender el mercado interno. “Esa es una práctica discriminatoria, que ocasiona una competencia desleal con los productores nacionales que no reciben los mismos beneficios tributarios”.
Para la ex senadora Cecilia López Montaño, las zonas uniempresariales deben someterse a una reforma estructural, puesto que algunas de ellas no sólo tienen las exenciones del régimen franco, sino también descuentos por reinversión de utilidades, acuerdos de estabilidad jurídica y gabelas de los municipios donde están instaladas.
“Las zonas francas se han prestado para todo tipo de abusos y se han convertido en un beneficio para las grandes firmas, que han realizado inversiones intensivas en capital y no en mano de obra. Es una política laxa que se debe revisar a fondo para que no se sigan creando parques industriales a domicilio, según los intereses de los más poderosos”.
En ese sentido, el consultor y autor del libro “Confianza inversionista”, Aurelio Suárez, asegura que los parques uniempresariales son un castigo al fisco, que le financia la inversión a las grandes empresas y, sin embargo, no recibe utilidades.
“Esos son los más arbitrarios. No sólo porque hay compañías que se han beneficiado de exenciones paralelas a las del régimen franco, sino porque es una legislación `a dedo`, que pone como requisito tener un patrimonio superior a 38,6 millones de dólares. Esta política se debe someter a una transformación, pues en ese caso, las únicas favorecidas serán las multinacionales y las grandes firmas”.
El congresista Jorge Robledo, coincide con Suárez y manifiesta que las exenciones tributarias a las zonas francas deben ser excepcionales, en casos en los que se demuestre la necesidad de otorgarlas.
“Con el pretexto del desarrollo económico, esto se volvió un centro de repartición de favores. No sólo se presta para todo tipo de fraudes, sino que la generación de empleo es un chiste, dado que el Estado estaría pagando 265 millones de pesos por cada plaza creada. Definitivamente, hay que rehacer esta política; no sólo con las zonas francas, sino realizar una revisión a todas las gabelas tributarias”.
Bonilla dice que las zonas francas sólo serán viables si se hacen cumplir los compromisos y si se observa un crecimiento muy importante en la producción y en las exportaciones.
La defensa del régimen franco
Pese a que algunos coinciden en que se amerita una revisión a la normatividad, los defensores de las zonas francas consideran que esta política ha traído recursos que no hubiesen llegado al país sin dichos beneficios y que no generan hueco fiscal. Al contrario, afirman que ha estimulado la modernización de la industria nacional y las exportaciones.
A propósito de la falta de información sobre la verificación del cumplimiento de las metas, Julio Rodríguez de Proexport indica que las empresas tienen de tres a cinco años, luego de la aprobación de la zona franca, para demostrar los resultados a la Dian. Por eso, no es cierto que sean inoperantes en la creación de empleo, pues ni siquiera se han terminado de construir. Además, es falso que haya un hueco fiscal o un detrimento, pues estos son activos nuevos que no tributaban”.
Para el consultor de Araújo Ibarra, Leonardo Sicard, la figura franca como régimen de desarrollo debe mantenerse, aunque hay que hacerle algunas reformas como reducir de forma progresiva las exenciones en tanto se reporte un crecimiento de las utilidades de las firmas y ofrecer un mayor equilibrio para las compañías que no tienen el patrimonio para acceder a dichos beneficios.
A su vez, el gerente de la Cámara de Zonas Francas de la Andi, Édgar Martínez, afirma que hay que darle el tiempo necesario a los complejos para que empiecen a mostrar resultados, y que sus ventajas son innegables para las regiones. “A partir del régimen de zonas francas se han desarrollado múltiples proyectos. Es necesario que la gente sepa que en las zonas francas multiusuario, las pyme ni siquiera tienen el compromiso de generar un número determinado de empleos, en contraste con las grandes compañías”, concluye el ejecutivo.
ZF han creado 6.452 empleos directos
Según datos de la Dian, las zonas francas aprobadas desde la Ley 1004 de 2005 han creado 6.452 empleos directos, de los 34.107 puestos de trabajo prometidos.
En ese sentido, la entidad asegura que la normativa dispone un plazo de entre tres y cinco años para el cumplimiento de las metas, por lo que sólo un pequeño porcentaje de los 81 parques industriales ha empezado a entregar informes periódicos a la Dirección sobre sus avances en inversión y generación de plazas. “Los compromisos se verifican con auditorías y a la fecha se han realizado 14 visitas”. Las zonas francas uniempresariales son las que más avances muestran con la generación de 5.146 puestos directos (de los 8.227 prometidos) y 21.792 indirectos (de los 15.926 proyectados).
