Fuente: www.larepublica.com.co
La Administración Santos no sólo enfatizó dicho tema durante su campaña, sino que ahora se ha comprometido con la meta de generar 2.5 millones de empleos formales en el curso de los próximos 4 años.
Mas aún, el gobierno intenta montar una estrategia que le permita reducir el desempleo abierto del actual 11 por ciento-12 por ciento a tan sólo 8.5 por ciento en 2014. Se sabe, de entrada, que los actuales registros laborales no obedecen a problemas de desaceleración económica coyuntural, sino a serios problemas de inflexibilidad laboral de carácter estructural.
De convertirse en Ley, los empresarios que vinculen laboralmente a trabajadores menores de 25 años podrán descontar tributariamente de su imporrenta los aportes realizados al Sena, al Icbf y a las Cofamiliares (un total del 9 por ciento sobre la nómina pagada). Todavía está en discusión si, adicionalmente, dichos jóvenes podrán ser contratados por debajo de un Salario Mínimo Legal (SML) cuando quiera que ellos estén en etapa de formación, extendiendo lo aplicado en la Ley Laboral 789 de 2002.
De forma complementaria (no aplicable en conjunción con el beneficio “al primer empleo”), dicha Ley eximiría del pago de parafiscales a las Pymes que generen nuevas formalizaciones laborales. Durante los dos primeros años de generación de nuevo trabajo formal, las Pymes no pagarían imporrenta ni aportes parafiscales; en su tercer año de funcionamiento se pagaría sólo el 50 por ciento de esas obligaciones. A partir del cuarto año todos estos subsidios desaparecerían.
Estos esquemas no son novedosos. Cabe recordar que el Artículo 25 de la Ley 488 de 1998 había creado un esquema similar.
La diferencia es que entonces no existían condicionamientos de edad sobre los nuevos trabajadores, lo cual evitaba tener que ofrecer también subsidios a los mayores de 55 años (tal como se propone en dicho proyecto para evitar que sustituyan a los de mayor edad, riesgo elevado en el caso del trabajo operativo-manual). La variante de hacer dichos pagos deducibles del IVA o Renta también proviene de la Ley 590 de 2000.
La mala noticia es que el impacto de esas políticas laborales fue casi nulo. En efecto, durante 2000-2008 tan sólo 122 empresas, el 0.01 por ciento de las que pagan parafiscales, hicieron uso de estas deducciones (ver Comentario Económico del Día 28 de mayo de 2009).
Colombia ha continuado registrando la mayor tasa de desempleo abierto de América Latina, promediado 12 por ciento durante el 2009 y seguramente repetirá una cifra muy similar durante el 2010. La tasa de informalidad laboral continúa bordeando el 60 por ciento y la de nocontribuciones a la seguridad social el 70 por ciento de la PEA.
Durante Uribe-II se reglamentó otra modulación del pago de aportes parafiscales a través del Decreto 525 de 2009. Se amplió el acceso de las Pymes a la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila). A junio de 2009, tan sólo 76 Mipymes se habían beneficiado de dicho esquema, pero para finales de ese año ya se tenían 1.078 y, para junio del 2010, unas 1.895 Mipymes. Ello significó un ahorro en parafiscales de 5.817 millones de pesos (ver gráfico adjunto).
Lo paradójico es que mientras algunos sindicatos y gremios rechazan la idea de financiar éstos parafiscales a través del presupuesto nacional, éstas medidas alternativas vienen ocasionando un drenaje de los recursos parafiscales. Esto no ocurriría si el Icbf y Sena se procedieran a financiar por la vía presupuestal (ver Clavijo y Vera, 2010, en www.anif.org).
Anif considera que este tipo de medidas no atacan el problema de raíz, pues trabajan “en el margen” (los nuevos empleos) y no sobre el acervo de la masa de trabajadores, y por esta vía será muy difícil lograr el cometido de reducir la informalidad del actual 60 por ciento al 40 por ciento y elevar el pago de contribuciones de seguridad social del actual 30 por ciento al 50 por ciento de la PEA, como lo ha prometido la Administración Santos.
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