Fuente: https://www.elpais.com.co
Crear 2,5 millones de empleos en Colombia suena muy ambicioso. Que ello se logre en los próximos cuatro años lo es aún más. Sin embargo, esa es la meta que se ha propuesto el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de la Protección Social.
Una meta que, de acuerdo con el jefe de esta cartera, Mauricio Santamaría, no será difícil de lograr, “pues para eso se creo la Ley de Formalización y Empleo”.
En entrevista con El País, el Ministro explicó los objetivos que se esperan con ella. Al tiempo que explicó los cambios que en materia de salud se avecinan en el país.
Analistas y académicos han expresado dudas sobre los puestos de trabajo que generará la Ley de Formalización y Empleo. Consideran que 2,5 millones es una cifra difícil de alcanzar...
La Ley empezó a regir a partir del 29 de diciembre de 2010. Claro que para efectos de los beneficios sobre pagos progresivos en la matrícula mercantil y los parafiscales, la Ley dio un plazo de dos meses para llevar a cabo la reglamentación y tener listos los ajustes a los sistemas de información que sean del caso.
Por esto, se entiende que los beneficios aplicarán plenamente desde marzo de 2011. El objetivo del Gobierno Nacional es crear en este cuatrienio 2,5 millones de empleos y la formalización de 500.000, con el impulso de las cinco locomotoras (vivienda, agro, infraestructura, minería e innovación). La Ley de Formalización y Empleo hace parte de la estrategia que busca conseguir estos objetivos.
¿El Gobierno ya tiene identificados los sectores que podrán demandar la nueva mano de obra juvenil?
Se están haciendo las estimaciones y se considera que el sector de servicios puede absorber buena cantidad de empleos juveniles. De igual manera, se estimulará la creación de empresas nuevas, con medidas como la progresividad en el pago de la matrícula mercantil y de los parafiscales. La idea es que las nuevas empresas tengan condiciones favorables que les permita tener éxito, teniendo en cuenta que entre el 70% y 80% de las nuevas fracasan durante los tres primeros años de existencia.
La OIT señaló que Colombia tiene una de las tasas de desempleo juvenil más alta, supera el 22%. ¿La ley del primer empleo no es un paño de agua tibia frente a ese problema tan grave?
No, no es. Con la Ley de Formalización y Empleo se espera reducir la tasa desocupación juvenil al 14%, lo cual es un gran avance. Esa reducción no es sólo por la Ley la cual es solamente un instrumento. Se espera que el crecimiento económico sea el mayor generador de empleos para alcanzar las cifras que le mencioné anteriormente, también en beneficio a los jóvenes del país.
Pero ese crecimiento debe estar acompañado de un respaldo del sector privado. ¿Ha notado apoyo de empresarios?
Así es, los sectores empresariales respaldaron el trámite de la Ley en el Congreso y se han oído voces de apoyo de muchos gremios de la producción. En este momento, el terreno está abonado para que los empresarios hagan esfuerzos para formalizarse y generen más empleos, acogiéndose a los beneficios que ofrece la Ley.
En materia de salud, se ha planteado la fusión de los sistemas contributivo y subsidiado. ¿Eso ya es un hecho?
Es el objetivo en el mediano plazo. Lo más importante es que la reforma establece la unificación completa de los planes de beneficios antes de agosto de 2014, con lo cual las personas de ambos regímenes podrán acceder a los mismos beneficios. Este es un gran paso en materia de equidad en el sistema de salud y para el país.
También se busca que las personas puedan acceder a los servicios, sin importar su lugar de residencia, por medio de la portabilidad nacional desde 2013. Estas medidas son costosas, pero la reforma y los aportes adicionales que realizará la Nación permitirán llevarlas a cabo.
La reforma también involucra a las EPS, pues los usuarios se ven obligados a utilizar la tutela como herramienta para la atención en salud.
¿Qué cambios se harán en ese sentido?
Diversas medidas administrativas que vienen en camino y la reglamentación de la ley ordinaria nos permitirán poner en práctica un mecanismo que, en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud, nos de la posibilidad de ser más eficientes y técnicos en las decisiones, al tiempo que se acaba con la tutelitis. Se busca acabar con el tortuoso trámite que deben iniciar los usuarios ante instancias judiciales para acceder a la provisión de servicios que no hacen parte del Plan de Beneficios. El mecanismo propuesto será surtido en una instancia técnica, compuesta por autoridades con la capacidad de analizar y comprender las condiciones particulares del paciente, en donde los jueces no reemplacen a los médicos, siempre con el objetivo de alcanzar la mejor calidad posible en la prestación del servicio.
El procedimiento, que se surtirá ante la Superintendencia Nacional de Salud, con plazos menores a los de la tutela, se constituye en una vía más expedita y conveniente para el afiliado, soportada por conceptos técnicos, siendo los médicos los que toman las mejores decisiones.
¿En qué va el decreto que modificará los precios de los medicamentos?
La formulación de la política de regulación de los precios de medicamentos es competencia de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos – Cnpmd.
Lo que el Gobierno Nacional hizo en este sentido fue expedir el Decreto 4474, del 29 de noviembre de 2010, con el cual se adoptaron una serie de medidas para que el Ministerio de la Protección Social estableciera los valores máximos de reconocimiento y pago de medicamentos recobrados al Fosyga.
Para principios activos de los medicamentos más recobrados al Fosyga, el Ministerio de la Protección Social, a través de las Resoluciones 5229 de 2010 y 005 de 2011 determinó el valor máximo que para cada uno de ellos, reembolsará este Fondo en su condición de pagador.
Con esta medida, que ya se encuentra en aplicación, se espera generar ahorros al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el orden de $400.000 millones al año.
Empresarios analistas y dirigentes gremiales expresaron que la corrección que hizo el Presidente Juan Manuel Santos al reajuste del salario mínimo para este año demostró que fue improvisación del gobierno y que tuvo un tinte político y no económico.
El incremento del salario mínimo fijado inicialmente se hizo tomando como base las estimaciones del Banco de la República sobre el crecimiento económico y la tasa de inflación. Los modelos del Emisor y del Dane proyectaban para finales de 2010 una inflación entre 2.5 y 2.7%, pero sin superar el punto medio del rango meta establecido por el Banco.
La inflación de alimentos se ubicaba en niveles bajos y aunque se consideró que la crisis invernal podría generar aumentos en los siguientes meses, se previó que estos eran transitorios. Sin embargo, la publicación el 5 de enero de 2011 de la tasa de inflación del año pasado por parte del Dane, que llegó a 3.17%, es decir una cifra muy cercana al aumento fijado de 3.4%, llevó al Gobierno Nacional a reconsiderar el incremento del salario mínimo y a decidir un aumento mayor, equivalente al 4%.
