Fuente: www.portafolio.com.co

Quizás sea porque tuvo lugar en vísperas de un puente festivo o porque la opinión está apabullada con la avalancha de proyectos de ley que el nuevo Gobierno le ha remitido al Congreso, pero lo cierto es que ha pasado relativamente desapercibida en el país la radicación de una iniciativa que permitiría aumentar los recaudos fiscales en cerca de cuatro billones de pesos.

Así se desprende de la exposición de motivos de un documento de apenas 18 artículos “por medio del cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad”, que vino acompañado de un mensaje de urgencia del Ministro de Hacienda el viernes pasado. Esa caracterización hace más expedita la discusión en el Capitolio y coloca la propuesta a la vanguardia de las prioridades de la administración Santos.

Para quien no sea ducho en estos asuntos, el objetivo buscado no es fácil de dilucidar, pues el texto del proyecto se concentra en cambiar la redacción de los artículos y parágrafos específicos del Estatuto Tributario.

Pero en términos sencillos, existen tres grandes áreas: la primera tiene que ver con la deducción en el impuesto a la renta por la reinversión en activos fijos; la segunda con la contribución especial que pagan los usuarios industriales del sector eléctrico; y la tercera con medidas orientadas a evitar la elusión del gravamen a los movimientos financieros, más conocido como el cuatro por mil.

Desde el punto de vista de los ingresos estatales, la parte más importante es la inicial. Y es que en contra de lo que se había planteado en agosto, cuando se presentó la propuesta orientada a la formalización laboral y al primer empleo, en este caso el desmonte de los beneficios fiscales sería inmediato y no gradual.

En otras palabras, todo indica que el Gobierno hizo cuentas y encontró que necesita aumentar sus ingresos cuanto antes mediante la eliminación de una deducción que en el año gravable 2010 tuvo un costo de 4 billones de pesos, de los cuales casi la mitad correspondió a empresas del sector eléctrico y minero.

La marcha atrás en dicha materia implica -a partir del 2012- la rotura de uno de los ‘huevitos’ que componían la política de confianza inversionista impulsada en su momento por Álvaro Uribe.

A pesar de haber sido defendido hasta el cansancio por el mandatario previo a Juan Manuel Santos como un elemento clave para impulsar la actividad privada, el descuento era tan generoso y amplio que la mayoría de los técnicos estaban en desacuerdo.

Queda por verse si las sociedades que firmaron contratos de estabilidad jurídica con el Estado pueden seguir gozando de esas ventajas hasta que tales pactos expiren, lo cual disminuiría los cálculos de mayores recaudos que hace el Ministerio de Hacienda. No hay que olvidar que en el grupo se encuentra un buen número de grandes contribuyentes que no querrán ceder las gabelas obtenidas.

Por otro lado, y dentro de su propósito de mejorar la competitividad de la economía, el proyecto de la semana pasada plantea el desmonte de la sobretasa a la energía eléctrica, cuya tarifa es del 20 por ciento. Debido a ello, la industria paga un costo adicional estimado en más de 600 mil millones de pesos anuales, que afecta con dureza a algunas actividades manufactureras, y castiga injustamente a una categoría específica de los consumidores.

Ante la realidad de un dólar bajo y una economía más abierta, resulta apenas lógico que esa contribución se acabe, así le cueste al fisco.

No obstante, buena parte de los menores ingresos percibidos se verán compensados por las medidas orientadas a evitar el pago del cuatro por mil. Tal como tristemente ocurre a veces en Colombia, las exenciones que hoy existen para ciertas operaciones han sido utilizadas y promovidas por algunos intermediarios como una manera de que los particulares paguen sus cuentas sin reconocerle nada al erario.

Esos abusos merecen acabarse, algo en lo cual concuerdan los especialistas.

Todo lo anterior hace que la iniciativa gubernamental haya sido bien recibida entre los técnicos. Falta que comience la discusión formal, en la cual habrá que aguzar la mirada para evitar los ‘goles’ de última hora, pero ese riesgo no demerita una propuesta que debería aprobarse, mientras el Ejecutivo toma fuerza y decide meterle el diente a la reforma tributaria estructural que todavía sigue en la lista de pendientes.

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