Fuente: https://www.portafolio.com.co/
A lo largo de los últimos días, el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, han tenido que hablar -casi a regañadientes- sobre un tema que, al parecer, preferirían no mencionar. Se trata de los impuestos, un asunto sobre el cual el hoy inquilino de la Casa de Nariño se pronunció en la campaña que lo llevó al poder.
En esa ocasión el entonces candidato por el Partido de ‘la U’ sostuvo que se comprometía a no aumentar las tarifas tributarias, una promesa que sin duda le generó algunos votos, pero que lo metió en una camisa de fuerza que puede resultar ser muy estrecha dentro de un tiempo no muy lejano. Adicionalmente, el cerrar las puertas a la discusión hace difícil el propósito de modernización fiscal que necesita el país, algo que le resta competitividad a los productores nacionales y que ha sido criticado por una buena parte de los integrantes del equipo económico, cuando no se imaginaban que iban a formar parte de la nómina oficial.
Pero a pesar de la negativa a oír razones, el debate sigue, así sea por vías indirectas. De un lado, está el acuerdo conseguido con los principales gremios, que apunta al desmonte de los descuentos que se derivan de la reinversión de utilidades en activos fijos y que hoy ascienden a unos 3,5 billones de pesos anuales. Del otro, está la solicitud de los banqueros de desmontar el impuesto del cuatro por mil a las transacciones financieras, un gravamen antitécnico que no tiene amigos, y que descendería de manera gradual, hasta desaparecer por completo en el 2018. Por otra parte, hay que mencionar la propuesta hecha por el Partido Liberal como integrante de la coalición de Gobierno, en el sentido de acometer una reforma integral que sirva tanto para obtener nuevos recursos y luchar contra la inequidad que hoy existe entre pobres y ricos, como para equiparar a contribuyentes del mismo tamaño, pero de diferente actividad económica, que actualmente pagan sumas muy diferentes.
En respuesta, el Ejecutivo ha actuado como esas personas que dicen que ‘sí, pero no’, pues habla de variaciones, pero insiste que las tarifas no se pueden aumentar. Así, acepta que va a recaudar más con la eliminación de descuentos, lo cual equivale a un incremento, pero reconoce que va a perder ingresos por cuenta de la terminación de impuestos específicos o debido a la llegada de nuevas exenciones que premian la creación de empleo. Por otro lado, impulsa una reforma constitucional para introducir el concepto de sostenibilidad fiscal, cuya aplicación integral lo debería llevar no sólo mirar cómo se ahorran los recursos excedentarios de la bonanza petrolera y minera, sino a analizar el equilibrio de las cuentas públicas en su conjunto.
Debido a ello, el Gobierno debería tomar el toro por los cuernos y dejar de evitar una discusión que va tener que enfrentar así no lo quiera. Esta debería incluir dos temas centrales como son el aumento de los ingresos fiscales y la reorganización del sistema tributario, ya que sería equivocado hablar del uno sin el otro.
Cuando eso ocurra, no estará de más recordar que los colombianos pagan pocos impuestos. Para sólo citar un ejemplo, en el período entre el 2000 y el 2008 el ingreso tributario del país ascendió a 12,8 por ciento del PIB, mientras que en Chile fue de 17,2 por ciento, para no hablar de sociedades más desarrolladas en donde dicha proporción es mucho mayor.
Y a pesar de las críticas que esa actitud le genere en algunos sectores, el presidente Santos debería recordar algo que siempre han dicho los liberales, como es que el objetivo de la política fiscal debe ser contribuir a la estabilidad macroeconómica y a la reducción de las desigualdades presentes al interior de una sociedad. Bajo esta premisa, un buen sistema tributario tiene que propender por generar las menores distorsiones posibles en la asignación de los recursos productivos y disminuir las desigualdades. La Constitución menciona estos objetivos en el Artículo 363, afirmando que el sistema impositivo colombiano se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Pero son pocos, por no decir ninguno, los que creen que esos propósitos hoy se estén aplicando.
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