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Sin pretender minimizar la revaluación del peso, el país tiene que hacer el ajuste de largo plazo que requiere para competir en el nuevo ordenamiento global. Estos tres altos consejeros presidenciales tienen a cargo la tarea.

Las escaramuzas diarias de la guerra de monedas han concentrado la atención de los empresarios colombianos en el impacto de la tasa de cambio sobre su competitividad. Todos se preguntan hasta dónde llegará la fortaleza del peso y cuánto más puede caer el precio del dólar. La pregunta no es trivial, pues de ella puede depender la viabilidad de sus empresas en el corto plazo. Sin embargo, en una perspectiva de largo plazo, la atención puede estar puesta en el lugar equivocado.

En Colombia, el debate ha girado en torno a los instrumentos para el manejo de la tasa de cambio y, concretamente, respecto a la posibilidad de que el Gobierno y el Banco de la República recurran a la intervención en el mercado cambiario y a los controles a la entrada de capitales para contener la llegada de dólares y detener así la devaluación del dólar (ver recuadro).

El problema de fondo es aún más complicado. Lo que está ocurriendo realmente es un reacomodamiento de la economía mundial. Tras la crisis financiera internacional, Estados Unidos quedó sumido en un patrón permanente de bajo crecimiento y ahora quiere salir adelante con una estrategia basada en la devaluación de su moneda, esperando abaratar los productos fabricados en ese país, estimular las exportaciones y el crecimiento de su demanda interna.

América Latina está jugando en una posición muy difícil y, ante las escasas perspectivas de crecimiento de Estados Unidos y Europa, se ha convertido en una de las regiones del mundo con mayor atractivo para las inversiones. Para América Latina, es vital consolidarse durante esta década como un foco de atracción de la inversión extranjera. Sin embargo, la guerra de monedas pone a los países de la región en conflicto entre sus intereses de largo y corto plazo.

En el largo plazo, los países latinoamericanos necesitan presentarse ante el mundo como buenos receptores de inversión, capaces de mantener un entorno institucional estable y reglas de juego claras para los inversionistas. Les urge, además, mostrar que han sido capaces de superar las barreras (en su mayoría autoinfligidas) que han llevado a sus economías a ser prisioneras de los bajísimos niveles de productividad que aparecen en todas las comparaciones internacionales.

Colombia, en particular, muestra un desempeño insatisfactorio en el tema de productividad. Es uno de los países donde hay más dispersión en los niveles de productividad de sus empresas. Su crecimiento económico está por debajo del promedio de la región. La concentración del ingreso hace que sea uno de los países más desiguales del mundo, con 45% de la población por debajo de la línea de pobreza. Tiene una de las tasas de desempleo más altas de la región, superior al 11%, la informalidad supera el 58% y la indigencia llega al 16,4% de la población. El atraso en la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria es descomunal y lleva a Colombia a ocupar el puesto 79 entre 133 países en el más reciente Informe Global de Competitividad.

Así, el desafío de la productividad y la competitividad es para Colombia un reto de múltiples dimensiones. No se trata únicamente de mejorar las condiciones de las empresas, sino de incorporar a la gran masa de la población a las condiciones de la economía moderna.

Desde esta perspectiva, los planteamientos que está haciendo el gobierno del presidente Santos sobre un enfoque integral respecto al tema tienen la mayor importancia. Un esquema en el cual el aumento en la productividad conlleva una mejor competitividad, que se traduce en prosperidad para todos en la medida en que el país sea capaz de exportar productos de mayor valor agregado y generar empleos de calidad. En el centro de todo, como requisito indispensable, está el buen gobierno. Las consejerías presidenciales de Gestión Pública y Privada, a cargo de Catalina Crane; Buen Gobierno y Eficiencia Administrativa, dirigida por María Lorena Gutiérrez; y Prosperidad Social, encabezada por Samuel Azout; aparecen como nuevos instrumentos para avanzar en forma coordinada hacia el logro de este objetivo. Los consejeros asignados a estos cargos tienen la tarea de congregar las energías de las instituciones del Estado alrededor de la visión de la Presidencia, donde la productividad y el progreso económico hacen parte de una perspectiva incluyente y global.

El eje del largo plazo

La tarea es concretar un modelo de gestión integral que cuente con la participación de los ciudadanos. “El eje del gobierno es la prosperidad democrática”, dice Catalina Crane. “La tarea es cómo lograr asociar políticas de productividad y prosperidad y que se conjuguen en el imaginario del país, cuando todos piensan que son excluyentes”.

Para lograr este ideal de la prosperidad democrática, el Gobierno está trabajando en tres frentes: el de desarrollo económico, asociado con la competitividad; el social, que tiene que ver con inversión social de impacto; y el buen gobierno.

La Consejería de Gestión Pública y Privada (desarrollo económico) coordina el Sistema Nacional de Competitividad e interactúa con los Ministerios económicos y el sector privado buscando una mayor competitividad, con un foco de desarrollo regional basado en la innovación. La Consejería de Prosperidad (desarrollo social) busca una inversión social escalable, sostenible y de alto impacto; y cubre los temas de salud, educación, pobreza y miseria, y seguridad y justicia. La Consejería de Buen Gobierno se enfoca en modelos anticorrupción, participación ciudadana y transparencia.

“No solo el crecimiento económico genera inversión social y prosperidad. Sin capital humano, salud y calidad de vida es imposible este crecimiento”, advierte María Lorena Gutiérrez.

El país tiene que entender que las agendas en esos frentes no son independientes. Las barreras que bloquean el avance en cada uno de ellos también impiden el progreso en los demás.

La lucha contra la pobreza es un primer ejemplo. Este es un problema de desigualdad, donde los principales inconvenientes se deben a la baja productividad y falta de eficacia en la gestión. “El país invirtió $17 billones en los más pobres en 2009, pero esta inversión no ha logrado la prosperidad social que se esperaba”, afirma Samuel Azout. “Una cosa es el concepto de cobertura y otra el de calidad. Se requiere inversión de impacto. La prosperidad económica se rompe frente a la social porque en lugar de empoderamiento se da asistencialismo, no se ve el impacto sino el cubrimiento, se analiza desde un entorno bidimensional cuando debe ser multidimensional y no se conocen las necesidades de los más pobres. Hay que tener innovación social para romper la inercia”, agrega.

De manera similar, el problema del pésimo nivel que tiene el país en infraestructura, que está en el centro de la baja productividad y competitividad, está relacionado con la poca transparencia y baja capacidad de los ciudadanos para exigir una asignación productiva de los recursos. “Colombia tiene que pensar en términos de productividad y competitividad y tiene que eliminar las trabas para facilitar la vida de los empresarios. Hay que pasar del asistencialismo que apoya a unos pocos a un sistema que mejore las condiciones de la economía a favor de todos”, dice Catalina Crane.

La corrupción aparece como otra gran barrera. Según el informe del Foro Económico Mundial, este factor es el más problemático para hacer negocios en Colombia. No es la única señal: el Índice de Percepción de la Corrupción 2010 (IPC) también muestra que la percepción del desempeño del país en este frente se sigue deteriorando. Colombia aparece con una calificación de 3,5, en una escala de 0 a 10 y ocupa el puesto 78 entre 178 países. De esta manera, la productividad depende de la transparencia y el buen gobierno. “Es necesario buscar instrumentos de mayor transparencia e indicadores que le permitan al Ejecutivo el verdadero impacto de su gestión”, dice María Lorena Gutiérrez.

El avance en estos frentes se reflejará en mejores condiciones para la gestión pública y privada. El reto es elevar los índices de indicadores claves, como infraestructura -que está por debajo del promedio de economías similares y experimenta un importante rezago-, entorno macroeconómico, salud, educación, innovación, sofisticación empresarial y eficiencia del mercado laboral, entre otros, que se verán reflejados en una mayor competitividad regional, exportaciones de mayor valor agregado, aumento de empleo más calificado, lo que impactará positivamente la prosperidad social.

La estrategia del Gobierno se enfocará en el Plan de Desarrollo, bajo cinco ejes para la prosperidad: competitividad y crecimiento económico sostenible; prosperidad social; seguridad, justicia y derechos humanos; convergencia y desarrollo regional, y buen gobierno. “Hay dos propósitos en esta visión. El salto hacia una Colombia próspera y democrática y la búsqueda de un nuevo posicionamiento internacional del país”, explica María Lorena Gutiérrez.

La tarea se concentrará en llevar a la administración pública un esquema gerencial integrado. “Las soluciones no son funcionales sino de interconexión. La verdadera solución se da cuando las entidades interactúan”, dice Azout. Se ha desarrollado una matriz donde no están solo las funciones de instituciones como los Ministerios, sino también operan ejes transversales, como las altas consejerías. “Con un buen sistema de gerencia se tiene un buen sistema de seguimiento, un tablero de control y una evaluación de resultados. Se trata de metas conectadas con los aspectos centrales del plan de desarrollo”, agrega Catalina Crane.

El gran reto para el gobierno es lograr que la coordinación entre las partes funcione, más aún cuando históricamente las instituciones públicas se han caracterizado por trabajar aisladas unas de otras. El alma es la coordinación y sería una lástima no sacar adelante este proceso, cuando Colombia está en su cuarto de hora y en un momento inmejorable.

La agenda del Gobierno en la actualidad pasa por tres ejes. Uno, para optimizar la estrategia, hacer seguimiento y evaluar los resultados se han creado tres tableros de control. El primero, sobre las prioridades del mismo Presidente de la República; otro, de los altos consejeros; y uno más específico para cada uno de los sectores.

El segundo eje se refiere a la operatividad misma del esquema multifuncional. Durante la primera semana de noviembre, se llevará a cabo el segundo taller entre los altos funcionarios del Gobierno para analizar sus avances y definir su implementación.

Y el tercero, la definición del Plan de Desarrollo, en el que quedarán planteadas las metas que tiene este gobierno para cerrar las brechas sociales, productivas y competitivas del país.

La productividad

La discusión sobre productividad y competitividad siempre ha sido importante, pero ahora tiene una relevancia crítica. De ella depende el papel que desempeñará Colombia en el reacomodamiento económico global que definirá las reglas del juego para las economías del mundo en el presente siglo.

Los problemas recientes con las tasas de cambio reflejan realmente la búsqueda de un nuevo balance en la economía mundial. Antes de 2008, Estados Unidos alcanzó niveles excesivos de consumo a partir de importaciones, mientras China acumuló un crecimiento acelerado a partir de exportaciones. Ahora se requiere un nuevo equilibrio, donde Estados Unidos deberá depender más de las exportaciones y China más del consumo interno.

Ese nuevo balance se hará realidad, por las buenas o por las malas. Una opción (por las buenas) sería la cooperación entre Estados Unidos y China. La otra opción (por las malas, la que está ocurriendo) es un ajuste unilateral en Estados Unidos, que se basa en un incremento radical en el suministro de liquidez, tasas de interés extraordinariamente bajas y una salida de dólares desde Estados Unidos hacia el resto del mundo, causando una devaluación del dólar y una revaluación generalizada de las demás monedas. Esto deberá producir una recuperación de la demanda interna en Estados Unidos y de la demanda internacional por exportaciones originadas en ese país.

Esta política de Estados Unidos no le gusta a nadie más, pero tiene altas posibilidades de ser exitosa. Ese país tiene la posibilidad de emitir dólares sin límite y, además, los demás países no tienen muchas alternativas a la vista. Si intervienen masivamente en los mercados cambiarios para esterilizar dólares, incurrirán en costos fiscales que al final los obligarán a elevar las tasas de interés internas, atrayendo aún más dólares. Si adoptan controles de cambios más drásticos, terminarían generando mayor volatilidad en sus tasas de cambio, con altos costos sobre la credibilidad ante los inversionistas en el futuro y pocas probabilidades de lograr sus objetivos en el largo plazo. Una tercera alternativa sería tomar medidas de proteccionismo comercial frente a Estados Unidos, pero esto llevaría al mundo a una guerra comercial que no le conviene a nadie.

El tema, para todos los países, es cómo adaptarse al nuevo balance que está generando Estados Unidos. La única respuesta posible es hacerlo por la vía de una mayor productividad.

Colombia tiene el potencial para convertirse en una estrella en este nuevo contexto global. Hoy, el país ocupa un lugar privilegiado en el mapa de los inversionistas globales y es considerado como parte del grupo de los CIVETS, países con gran potencial de desarrollo, integrado además por Indonesia, Vietnam, Egipto, Tailandia y Suráfrica.

Para lograr este objetivo, sin embargo, tiene la obligación de avanzar rápidamente hacia una mayor competitividad.

La baja productividad es la causa de que el crecimiento de América Latina haya estado a la zaga del de otras economías emergentes. De acuerdo con el informe La era de la productividad, publicado recientemente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y editado por Carmen Pagés, América Latina tiene la tasa de crecimiento de la productividad más baja del mundo. Las consecuencias son dramáticas. Si América Latina hubiera mantenido un crecimiento a la par con el resto del mundo desde 1960 hasta ahora, los ingresos reales de la región serían superiores en un 47% (ver gráfico).

Además, se mantiene una extraordinaria distancia entre las empresas menos productivas y las más productivas. En Colombia, por ejemplo, las diferencias entre las empresas manufactureras que están en el 10% más alto de la distribución de productividad y las que están en el 10% más bajo superan el 500%. Esas distancias en productividad, además, son mayores en el sector de servicios, que constituye un porcentaje mayor de la economía. El estudio del BID muestra que hay un importante potencial de aumentos de productividad para los países que logren reasignar recursos desde las empresas menos productivas hacia las más productivas.

Entre las causas de la baja productividad se destaca la informalidad. Cerca de la mitad de la actividad económica se lleva a cabo en el sector informal.

Este problema es una muestra clara de la forma como se conectan las debilidades en los diferentes frentes. En la informalidad se mezclan todos los males del país. Las deficiencias en educación afectan las capacidades organizacionales de los empresarios, que recurren a la informalidad como recurso para suplir su falta de competitividad, pero al hacerlo bloquean su posibilidad de crecer. Los sistemas de impuestos y regulación mal diseñados crean incentivos perversos que fomentan la informalidad. Las deficiencias en infraestructura aumentan la vulnerabilidad de las empresas formales frente a las informales. La corrupción y la falta de transparencia profundizan las raíces culturales del fenómeno. La lista se extiende casi sin límite.

La concepción de una visión integral que relaciona los frentes del bienestar social, la calidad en la gestión y la transparencia del trabajo público puede ser uno de los grandes aportes históricos del gobierno Santos. “El objetivo es entrar en un círculo virtuoso, donde los logros en un frente refuercen lo que se alcanza en los demás”, dice el consejero Samuel Azout. Es necesario avanzar rápidamente en esta idea y mostrar éxitos tempranos, que lleven a los colombianos a apropiarse del concepto y a exigir resultados en este frente a todos sus gobernantes, en todos los niveles y en el largo plazo.

Tomado de : https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/colombia-tiempo-actuar_79060.aspx