Fuente: www.portafolio.com.co
La propuesta oficial indica que los mandatarios locales quedarían con la labor de afiliar a quienes necesiten el apoyo estatal.
El Gobierno está decidido a centralizar la operación del régimen subsidiado de salud, que cuenta con 21,5 millones de afiliados y cuya administración está hoy en manos de los alcaldes.
La experiencia de más de 15 años de dicho régimen bajo el control de los mandatarios locales no ha sido la mejor, dicen en voz baja funcionarios del Ejecutivo, que, aunque reconocen los avances que se han registrado, no dudan en señalar sus grandes lunares: ineficiencia, corrupción y utilización política de ese poder en detrimento de la población más pobre.
El objetivo es que la operación del régimen subsidiado sea muy similar a la del régimen contributivo, dijo la viceministra de Salud, Beatriz Londoño, al intervenir ayer en el seminario ‘Impacto de las reformas al sistema de salud’, organizado por la aseguradora DeLima Marsh.
En otras palabras, los alcaldes perderían el control de ese esquema de salud y trabajarían en la afiliación de la población pobre, identificando a aquella que de verdad necesite el apoyo estatal.
Concretar esa iniciativa no será una tarea fácil, pues, como advirtió Londoño, “el Gobierno Nacional desconfía de las entidades territoriales y estar del Gobierno Nacional”. No obstante, a más de un alcalde le ha sonado la idea de centralizar esa operación, y hasta la Federación Colombiana de Municipios podría verla con buenos ojos.
El sistema de salud en su conjunto enfrenta la peor crisis de su corta historia de 16 años: la afiliación al contributivo (18,1 millones) está por debajo de la del subsidiado; existe un grave desbalance financiero, y los recobros al Fosyga y a las tesorerías departamentales por servicios no incluidos en el POS están fuera de control, amén de los problemas de equidad, oportunidad, calidad y sostenibilidad.
“La prestación de los servicios de salud se convirtió en un gravísimo problema para el país”, enfatizó el presidente de la junta directiva de la compañía aseguradora, Ernesto DeLima.
Por ello, la reforma que afina el Gobierno, con el liderazgo del Ministerio de la Protección Social, con un proyecto de ley estatutaria y otro de carácter ordinario, más las medidas que tomará en estos días involucrarán a todos los agentes del sistema, anticipó la viceministra de Salud.
Al respecto, la funcionaria señaló que existen ocho proyectos de ley ordinaria a cargo de 16 ponentes (nueve del Senado y siete de la Cámara de Representantes), lo que hace más compleja la discusión de la reforma.
Sin embargo, el Ministerio está trabajando con los ponentes con la idea de tener una sola ponencia el viernes de la semana próxima. El titular de esta cartera, Mauricio Santa María, aspira a que por tardar mañana se radique el proyecto de ley estatutaria.
Igualmente, en breve se expedirá un listado con el precio máximo que reconocerá el sistema de salud, específicamente el Fosyga y las tesorerías departamentales, a los recobros de las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado por los medicamentos no incluidos en sus respectivos POS.
De acuerdo con Beatriz Londoño, alrededor del 80 por ciento del total de los recobros al Fosyga es por medicamentos, donde, dijo, puede haber abusos, inducción de la demanda, falta de transparencia y falta de controles del Gobierno, pero, agregó, aquí no hay un solo responsable de esta situación, sino que “la responsabilidad es de todos”.
Falta información
Uno de los retos es integrar y gestionar la información para que el Gobierno, y todos los actores del sistema y los ciudadanos puedan tomar mejores decisiones. Sobre ese punto, la Viceministra enfatizó en la necesidad de la transparencia en los datos.
La idea es que estos sean claros y oportunos, “que no se esconda”, dijo, y en esto, agregó, el Ministerio de la Protección Social tiene que ser ejemplo.
Así, por ejemplo, no existe un ranking de instituciones con los mejores resultados en trasplantes; no se sabe cuáles IPS gestionan mejor los tratamientos de determinadas patologías. Se requiere, entonces, indicadores de salud y satisfacción de los usuarios claros y de fácil acceso.
La importancia de la información para avanzar a un sistema exitoso fue destacada por el líder Global de Beneficios de Marsh, Gregory Arms, en su intervención en el seminario.
Menor número de EPS
Los casi 40 millones de colombianos afiliados a las EPS son atendidos por 44 EPS del régimen subsidiado y 22 del régimen contributivo.
El presidente de Acemi (gremio de las EPS privadas), Juan Manuel Díaz-Granados, dijo que el Gobierno es de la idea de que haya un número menor, lo que significa que habrá un reacomodo en el sector.
Se anticipa que esa discusión será muy difícil, principalmente en el régimen subsidiado, y el Gobierno se la tendrá que jugar toda para impulsar su racionalización dada la existencia de EPS que representan intereses específicos.
Actualizar el POS, una prioridad del Gobierno
La actualización del Plan Obligatorio de Salud (POS) es una de las prioridades del Gobierno. Por eso, la viceministra de Salud, Beatriz Londoño, dejó en claro que esa es competencia de la Comisión de Regulación en Salud (Cres), cuyo fortalecimiento también es una prioridad.
Ese fortalecimiento pasa por un cambio en el mecanismo de selección de los comisionados, que hoy son designados más como representantes de organizaciones y grupos de interés. Lo que el Ejecutivo quiere es que quienes lleguen a la Cres lo hagan por su idoneidad y capacidad técnica.
El Ministerio de la Salud y la Protección Social, como se llamará esta cartera después de la escisión del actual, y que dará paso al renacimiento del Ministerio de Trabajo, también será fortalecido técnicamente, pues en algunos momentos y temas no se logra tener una interlocución adecuada con el sector privado.
La unificación del POS subsidiado con el contributivo es otra de las prioridades gubernamentales, para lo cual ya se fijó la meta del 2015 para lograrlo.
Igualmente, está decidida la creación de un organismo técnico evaluador de tecnologías (medicamentos, insumos, procedimientos), cuyos dictámenes sirvan para incluirlas o excluirlas del Plan Obligatorio, que así se mantendría actualizado (de paso se reducirían los costos del sistema, al eliminar la intermediación de eventos No POS y los cientos de miles de tutelas que interponen los usuarios para acceder a servicios de salud).
Dicho organismo no dependería del nuevo Ministerio de la Salud, según la idea del Gobierno, y además será de la mayor solvencia técnica. De la misma manera, en él participaría incluso el propio sector privado.
