El caso de una profesora en Bogotá pondría en evidencia que continúan las irregularidades en el Fondo Prestacional del Magisterio (FOMAG), denunciadas hace ocho meses por el secretario de Educación, Óscar Sánchez, y el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, entre las que había demoras en los trámites de pensiones, ineficiencia y posible corrupción.

Tras cumplir 21 años de trabajo, la docente presentó el 9 de febrero del año pasado su solicitud de jubilación, que es una de las casi 6.000 que siguen sin decisión en el FOMAG. El proceso normal de pensión por jubilación dura en teoría cuatro meses, pero para esta profesora habían transcurrido seis meses sin tener noticias. Tras la demora y la desinformación, la mujer en el mes de agosto presentó un derecho de petición al FOMAG.

A pesar de que la respuesta a un derecho de petición debe demorar por ley, quince días hábiles, la entidad se tomó cuatro meses para responder. En diciembre, le respondía a la docente que su pensión había sido negada por no cumplir con el requisito de tiempo de servicio y que, además, en el mes de septiembre, se había notificado de la decisión a su apoderada en la firma de abogados Asesoría y Cobro de Prestaciones Sociales.

Lo preocupante, además de la negación de su pensión, fue la supuesta existencia en el proceso de una firma de abogados. La maestra quedó sorprendida y confundida, porque nunca autorizó ni contrató a un apoderado y como le contó a El Espectador Sebastián Ardila, hijo de la docente, "ésta siempre había realizado todos los trámites y averiguaciones del proceso de manera personal y sin intermediarios".

Alarmada por la respuesta del FOMAG, la profesora envió un segundo derecho de petición donde aclaraba que nunca había tenido relación ni contacto con la abogada que figuraba como apoderada y desautorizó a cualquier supuesto representante legal.

En respuesta a la solicitud, la Secretaría de Educación respondió que la oficina del Servicio al Ciudadano había contactado telefónicamente a la abogada para indagar y ésta aceptó no tener poder conferido por la profesora y que devolvería la documentación que le fue entregada: la notificación y una copia de la resolución por la cual se niega la pensión.

La secretaría también se excusa por el inconveniente, pero no da explicaciones de cómo la abogada obtuvo la documentación de la profesora sin su consentimiento, ni por qué se le notificó a ella y no a la maestra sobre la negación de su pensión.

Tras esta respuesta de la Secretaría de Educación, que deja más dudas que certezas, Sebastián Ardila asegura que no hay explicación para cometer este error porque "en el formato de solicitud de pensiones se exige que, si se actúa a través de abogado, se debe anexar el poder e indicar el nombre completo del abogado y número de tarjeta profesional", pero la docente dejó en blanco ese espacio y firmó ella únicamente.

Blanca Isabel Díaz, jefe de oficina de servicio ciudadano de la Secretaria de Educación, afirma que "no existe poder otorgado por la docente y lo que se presentó fue un desafortunado error humano en el procedimiento de notificación. Por su parte, la secretaría no asigna ni recomienda abogados".

Díaz agregó que la abogada el pasado 28 de diciembre, devolvió la resolución sobre este caso y el formato de notificación.

La abogada, quien aparecía como apoderada, Nelcy Liliana Pérez, afirma que fue un error del FOMAG y que en la firma Asesoría y Cobro de Prestaciones Sociales "se llevan muchos procesos ante esa entidad y cuando llamaron aludiendo al derecho de petición de la docente, me di cuenta que la cliente no estaba en la base de datos. Por lo que devolví toda la documentación como se me pidió".

Una vez devuelta la documentación por la abogada, la profesora interpuso un derecho de reposición, con una nueva certificación de horas laborales cumplidas, para iniciar nuevamente el trámite de su pensión. A finales de febrero se vence el plazo del FOMAG para atender el recurso.

Estas irregularidades fueron rechazadas por algunos líderes del sector educativo, que coinciden en afirmar que los profesores no necesitan abogados para solicitar sus pensiones y es recomendable hacer los trámites personalmente. Marlene Pinto, directiva del Sindicato de Educadores de Santander, aseguró que "es ilógico que un abogado lleve un proceso sin poder y el que lo haga debe ser demandado ante el Consejo Superior de la Judicatura para que sea sancionado".

Rosalba Gómez, encargada de la Secretaría de Educación y Organización Sindical de la Federación Colombiana de Educadores, hizo un llamado al FOMAG "a tener mayor respeto con la organización y sistematización de la información de los maestros".

El caso de esta docente pondría al descubierto que las irregularidades en el Fondo Prestacional del Magisterio continúan, a pesar de las medidas de mejoramiento que se implementaron como el aumento de 25 trabajadores para descongestionar los procesos represados.

Por ahora, siguen la demora en un trámite de pensión y el incumplimiento de los plazos para dar respuesta a los derechos de petición, sumados a la notificación incorrecta a una abogada que aparecía como apoderada de un proceso, sin contar con el poder de la solicitante.

Tomado de:elespectador.com