Como gran suceso noticioso, producto de la reunión de gobierno con banqueros se llegó al acuerdo que en lugar de proponer una ley de inversión forzosa, el sector financiero se compromete a colocar $55 billones (con “b” larga, dijo el mandatario de los colombianos)

como recursos adicionales para la concesión de créditos para la reactivación económica, especialmente en sectores como la construcción, agricultura, energías limpias, turismo y economía popular. Esos créditos contarían con un respaldo del gobierno para amparar posibles deterioros de esa cartera. En consecuencia, lo que señala el sonado acuerdo es que los bancos no pasarán los recursos al gobierno, sino que se han comprometido a hacer colocación directa a los diferentes sectores económicos.

No vemos nosotros, en realidad, cuál es la noticia, si legalmente los bancos tienen por objeto colocar recursos en forma de créditos. No se conocen detalles del acuerdo, pero lo cierto es que comprometerse a prestar dinero, siendo ese el objeto social, es comprometerse a nada particular, especialmente porque esa colocación seguramente estará rodeada de la misma cantidad de dificultades, requisitos y exigencias que mantiene el sector financiero para conceder un crédito.

En fin, desde nuestra orilla, pensar en créditos para reactivación económica exige considerar varios elementos, que requieren intervención de la ley.

En primer lugar, para el sector de la construcción ya tenemos las cuentas AFC (ahorro para el fomento de la construcción) que cuentan con un estímulo tributario equivalente al 30% del valor ahorrado a título de exención de renta. De los recursos depositados en las cuentas AFC, se supone, los bancos hacen colocación para el fomento de la construcción.

En este sentido, si la intención es considerar créditos para la reactivación económica, debería la ley ocuparse de señalar una prerrogativa tributaria para estimular el ahorro con destinación hacia ese propósito. Es que los bancos colocan los recursos a partir de la captación, de manera que hay que estimular la captación para tener base monetaria para el programa.

Ahora, deben necesariamente flexibilizarse las condiciones, exigencias y  requisitos para obtener el crédito y generar una disposición de control de tasas para que esos créditos no solo sean  accesibles,  sino  que  cuenten  con  tasas  de  interés  preferenciales, que  eviten  el ahogamiento financiero de los deudores micro, pequeños y medianos. La verdadera reactivación está en las Mipymes y es hacia ese grupo que debe diseñarse el programa.

Sería muy saludable que las entidades que requieren crédito para fortalecerse pudieran, igualmente, tener un subsidio de tasa para honrar el objetivo de reactivación, sujeto a condiciones de buen manejo, destinación efectiva y recuperabilidad financiera.

Mejor dicho, la reactivación no se logra con buenos deseos ni con un discurso público en el que se destaque lo que es obvio. Se requiere intervención del Congreso para que mediante una ley se establezcan mecanismos de apoyo efectivo y se disponga el marco de acción para la colocación de los créditos para la reactivación económica. De otra forma, como decimos coloquialmente, todo estará pasado por mantequilla. ¿Aló?

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