(Dinero) Ya son varios los países que han adoptado medidas tributarias para disminuir el consumo de bebidas azucaradas y así mitigar su impacto negativo sobre la población. Colombia sigue meditando la efectividad de su implementación luego de que ese impuesto no generara eco en la reforma tributaria.

Para poder enfrentar las consecuencias nocivas para la salud, a nivel mundial, se han establecido diferentes iniciativas relacionadas al desarrollo de políticas fiscales que conlleven a reducir el consumo de bebidas azucaradas. Este tipo de alimentos tiene una alta demanda en gran parte de la población, en donde poco a poco se han convertido en unos de los favoritos de los consumidores; aspectos como precio, rendimiento del producto o practicidad de consumo. Sin embargo, se tiende a despreciar los resultados obtenidos a mediano y largo plazo, en donde enfermedades toman su lugar debido a la ingesta de estas bebidas.

De acuerdo a diversos informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se tiene que, para poder reducir significativamente la demanda de estos productos se debería adoptar, como mínimo, un incremento del 20% en el precio de venta al público a través de impuestos para dichos productos. Así pues, bajo estas recomendaciones, varios países se han tomado seriamente la tarea de evaluar políticas, que den lugar a desincentivar el consumo de bebidas azucaradas.

La finalidad primordial que se persigue bajo el aumento de la tributación a dichos productos, implica los efectos que produce una menor ingesta de azúcares y calorías relacionados, altamente relacionados con una mejor nutrición, y una reducción en el número de personas con problemas asociados a la obesidad, diabetes y caries. Los azúcares añadidos en esta clase de alimentos tienen serias repercusiones en la salud, aspecto que requiere de medidas efectivas para regular, incluso, su publicidad y promoción.

México es uno de los países en la región latinoamericana que ha potenciado la iniciativa, poniendo en evidencia la efectividad de implementar la colocación de un pequeño impuesto a las bebidas azucaradas. Este gravamen consiste en 1 peso mexicano – aproximadamente USD$ 0,05/litro, lo que ha llevado a una disminución progresiva de la compra de estos productos, en donde, para 2014 la reducción fue de 18,8 mililitros por persona al día, y para 2015 se logró avanzar hasta los casi 30 mililitros.

El aumento de sobrepeso y obesidad en México, está íntimamente relacionado con el consumo excesivo de bebidas azucaradas, y alimentos ultra procesados, en donde se cuenta con que más del 70% de su población sufre de estas afectaciones a la salud. Se ha comprobado que consumir sólo un refresco al día incrementa la probabilidad de tener sobrepeso en un 27% para los adultos, y un 55% en niños. Asimismo, el riesgo de contraer diabetes tipo 2 gracias a su consumo, ya es de un 13%.  Ante la fascinación por las comidas rápidas, las bebidas azucaradas se han adherido a la dieta habitual de gran parte de la población mundial, requiriéndose medidas para tomar control de la situación, que repercuten en mayores costos asociados a tratamientos de enfermedades e impactos para el sector salud.

Así, el gobierno mexicano se ha posicionado como un ejemplo de la efectividad en la adopción de políticas fiscales, que contribuyan a una menor demanda de alimentos con alto contenido de azúcar. Los resultados obtenidos en México, acerca del impacto sostenido de estas medidas, podría llegar a alentar a más países en la región, para utilizar alternativas que reduzcan las enfermedades crónicas y su impacto. Incluso, se puede tomar evidencia de casos en los que el impuesto es más agresivo como en California, con una tributación de USD$ 0,33/litro, que conllevó a una reducción del consumo en un 23% entre 2015 y 2016 y, al aumento de la demanda de agua en un 63% para el mismo período del tiempo.

Aunque esta se plantee como una pequeña iniciativa, pues la disminución de bebidas azucaradas no mitiga completamente el impacto sobre las enfermedades referidas, es un componente fundamental para contribuir a una mejor nutrición y la adopción de mejores hábitos de alimentación en niños y adultos, especialmente, a la población de menores ingresos, que es el grupo poblacional que más demanda estas bebidas ricas en azúcares y costos promedio relativamente bajos.

En Colombia el tema llegó a debatirse gracias a la reciente reforma tributaria en donde finalmente, no trascendió el impuesto a cobrar. Sin embargo, tiene enormes potencialidades de implementación a futuro, gracias a la evidencia empírica, y al análisis de impacto que corrobora su adopción en materia de mejoras a la salud; adicionalmente, sería otra fuente de ingresos para el país como lo son, hoy en día, los impuestos a las bebidas alcohólicas o al cigarrillo.
Es importante evaluar los efectos adversos que los productos con alto contenido de azúcares tienen sobre la población, ofertando la posibilidad de implementar mejores prácticas de producción, al utilizar componentes que sean más beneficiosos y reemplacen los azúcares, como se ha evidenciado recientemente con la adopción de suplementos del azúcar, y aditivos naturales que muestren beneficios nutricionales.

En la última década, en el país se ha presentado un aumento en la prevalencia de obesidad y de diabetes por consumo de alimentos no saludables. Indiscutiblemente, dentro de este grupo se deben contar las bebidas azucaradas. La evidencia presentada, alrededor del mundo, respalda la implementación de medidas para reducir la oferta y demanda de alimentos asociados a afectaciones a la salud, por lo que la espera en el país es injustificada, y se mantiene la expectativa de un debate que no sea entorpecido por intereses de terceros para valorar, objetivamente, los impactos que una tributación generaría.