(Semana) Al proyecto inicial radicado por el Gobierno, de 110 artículos, ya le han sumado una cifra parecida de propuestas de todos los partidos. Esto podría crear una situación inmanejable de consecuencias impredecibles.
El presidente Iván Duque y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tenían la ilusión de que el Congreso aprobara por segunda vez, sin cambiarle una coma, su reforma tributaria, declarada inexequible por la Corte Constitucional. Eso, que hoy suena a ingenuidad, en el pasado era posible.
En el Gobierno de Belisario Betancur la corte le tumbó una reforma tributaria por haberla expedido en el marco de una emergencia económica, con el argumento de que esa figura jurídica existía para situaciones extremas y no para resolver angustias fiscales. Su ministro de Hacienda, Roberto Junguito, la volvió a presentar al Congreso y se la aprobaron intacta.
Eso fue posible, entre otras cosas, porque tenían una coalición oficialista con mayorías en el Congreso. Como este Gobierno no ha logrado conseguir esas mayorías, la reforma tributaria no pasará intacta: se ha convertido en un bazar legislativo.
Los partidos independientes y los opositores, después de la moción de censura al ministro de Defensa, Guillermo Botero, están envalentonados y quieren mostrar su poder. Las pocas modificaciones esperadas para el proyecto inicial superan en número a los 110 artículos de la reforma original.
Por ende, se ha creado una situación inmanejable de consecuencias impredecibles. El Gobierno tendrá que hacer muchas concesiones, pues el tiempo apremia. En efecto, el 16 de diciembre terminan las sesiones ordinarias y pocos ven ambiente para convocar extras.
Llegar a un acuerdo en solo cuatro semanas, probablemente, producirá una colcha con más retazos que la anterior Ley de Financiamiento. ¿Qué viene en el trámite de este proyecto?
A mediados de octubre, la Corte Constitucional hundió la Ley de Financiamiento por vicios de trámite; luego, el Gobierno radicó el 22 de octubre el nuevo proyecto. Después de las elecciones regionales y tras reunirse con varios parlamentarios, el ministro Carrasquilla pudo constatar la falta de ambiente para que le aprueben la reforma tal como la presentó. Los congresistas han dicho que no serán simples ‘notarios’ y tienen varios reparos.
El Gobierno cambió de estrategia. El año pasado, el Ministerio de Hacienda convocó varias reuniones abiertas con parlamentarios para conocer las propuestas. Ahora ha concentrado sus esfuerzos en sentarse a dialogar con los voceros de las bancadas.
Esto le ha permitido a Carrasquilla saber de primera mano las preocupaciones y los inamovibles de los partidos. Además, abrió solo por una semana –que termina el lunes 18 de noviembre– el plazo para que los partidos presentaran sus propuestas. Las que comparta el Gobierno quedarán incorporadas en la ponencia para discusión en las comisiones terceras de Senado y Cámara.
a Alianza Verde, uno de los partidos de oposición, inscribió unas 40. La representante Katherine Miranda ha dicho que entre las prioridades de su bancada está revisar las exenciones otorgadas a las empresas en la Ley de Financiamiento, y concentrarse en el tema de la generación de empleo. Mauricio Toro, de este mismo partido, cree que los beneficios deben revisarse con lupa para que no solo favorezcan a las grandes empresas, sino también a las pequeñas y medianas, que también generan empleo.
En su columna dominical en el diario El Tiempo, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras escribió que su partido, Cambio Radical, propone eliminar el impuesto al patrimonio para personas naturales, que no produjo los resultados esperados; reducir progresivamente la tasa de tributación hasta llegar al 33,5 por ciento (la Ley de Financiamiento la disminuía a 30 por ciento); unificar el impuesto a los dividendos en un 5 por ciento; eliminar el impuesto al consumo para inmuebles de más de 918 millones de pesos; y acelerar la eliminación de la renta presuntiva.
También planteó revisar la tasa de tributación para profesionales y asalariados; desgravar el componente inflacionario de los rendimientos financieros a las personas naturales; hacer que el gravamen a los movimientos financieros sea una retención en la fuente que puedan recuperar los contribuyentes; y revisar las exenciones de la ley anterior. El senador Richard Aguilar –quien lidera los temas económicos en ese partido– destacó la estrategia del Gobierno de sentarse con las bancadas a revisar las prioridades para que no haya desgaste y sepan qué les van a aceptar.
Por su parte, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, asegura que su bancada buscará incluir un paquete de artículos para dinamizar el empleo. Aunque apoyarán la mayoría de los artículos presentados por el Gobierno, proponen otros como prorrogar la normalización tributaria por todo 2020, revisar los beneficios en el régimen de megainversiones para estimular el empleo y eliminar el impuesto al consumo a las viviendas de estratos altos, entre otros.
En el Centro Democrático tampoco quieren hacerle muchos cambios al texto del Gobierno, como ha dicho el representante Óscar Darío Pérez. Pero buscarán ampliar la normalización tributaria, eliminar el impuesto de consumo a las viviendas, revisar el impuesto al patrimonio y la renta presuntiva, y lograr que los incentivos tributarios se otorguen por generar más empleo.
El Gobierno espera que el debate en las comisiones se surta antes de terminar noviembre, y que en las dos primeras semanas de diciembre vaya a plenarias de Senado y Cámara para recibir la aprobación final.
Esto podría depender de qué tantos cambios terminen por hacerle a la propuesta. Y de qué tan fuerte sea el lobby que han comenzado a hacer los gremios de la producción, que insistirán en conservar los beneficios para sus sectores.
Los tiempos parecen muy estrechos para lograr que aprueben la reforma. Esto puede ser bueno y malo. Bueno porque podría evitar que se cuelen muchos micos. Pero malo porque no habrá tiempo para una discusión reposada y a fondo.
Nadie sabe si de todo ello saldrá una colcha de retazos o una caja de Pandora. El primer caso puede ser molesto, aunque los contribuyentes terminan por acomodarse. El segundo desataría grandes controversias en un momento álgido en que crecen las protestas sociales. Por eso, el Congreso y el Gobierno deberán centrarse en el objetivo crucial de garantizar la mayor responsabilidad fiscal.
Obtenido de: Semana
