(Portafolio) Se necesita algo más que un cambio del régimen tributario para depurar esas empresas, misión que no corresponde a la Dian.
Para las finanzas del Estado puede no resultar afortunado el procedimiento creado en la reforma tributaria del 2016 para poner en cintura a las llamadas Esal: la enorme carga que se impuso a la Dian en ese campo, podría incluso arrojar cifras negativas en los balances oficiales, mientras los candidatos y los empresarios hacen cuentas alegres sobre sus capacidades para combatir la evasión y reducir el déficit.
Es importante la labor de las organizaciones privadas que trabajan en favor de la comunidad, porque, de cierta forma, sustituyen al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones básicas con los más necesitados; por eso se les otorga un tratamiento tributario preferencial. En nuestro medio, la urgencia del control sobre esas entidades va mucho más allá del tema impositivo, debido a la amarga experiencia que vivimos, donde el modelo Esal, además de la evasión tributaria, se ha venido utilizando por criminales de la peor laya para asaltar, entre otras, las finanzas destinadas a la alimentación y a la salud de los niños.
No se trata simplemente de un problema tributario: por esta razón, sorprende que se haya optado por dejar toda la responsabilidad en cabeza de la Dian. En Colombia, todas las entidades que se constituyen legalmente, en mayor o menor grado, están sujetas a la vigilancia del Estado, por ejemplo, a través de superintendencias, que han mostrado ser efectivas. No se entiende, entonces, por qué las Esal no han tenido un control real y cierto –desde su propia constitución– por un órgano especializado, no la vigilancia nominal o formal que dicen ejercer los entes territoriales.
En el 2015, la Comisión de Expertos, que preparaba recomendaciones para una reforma tributaria, estimaba en 71.662 el número de Esal; las cifras actuales de la Dian muestran que existen casi 194.000 –en números de Confecámaras suman 262.880–. Después de la revisión preliminar de la Dian quedan unas 52.000 que podrían aspirar a permanecer en el régimen especial, pero en una depuración posterior se identificaron 22.344 que no prestan una actividad meritoria, lo cual significaría, que solo 15 por ciento de las depuradas son candidatas a permanecer en el sistema. (Si partimos de la cifra de Confecámaras este guarismo se reduce a 11,3 por ciento).
Más aún, muchas de las Esal resultan favorecidas con el traslado al régimen ordinario del impuesto sobre la renta, porque con el paso a ese régimen dejarán de pagar parafiscales sobre los trabajadores no cubiertos por los límites del salario integral. Por esa razón, según las informaciones de la Dian, un número importante de entidades tomó la decisión de pasarse de forma voluntaria al régimen ordinario.
Pero, salir del régimen especial no significa que las entidades espurias tengan que desaparecer, entre otras razones, porque las Esal sí están sujetas al impuesto sobre la renta, aunque con tarifa y procedimientos de medición diferentes. Pero podrán seguir operando y delinquiendo como empresas de fachada, en el régimen ordinario, no solo como instrumentos de evasión tributaria, sino para los atropellos antes mencionados.
Se necesita algo más que un cambio del régimen tributario para depurar esas empresas, misión que no corresponde a la Dian.
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