En entrevista con La FM, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, habló sobre las propuestas del Gobierno en la reforma tributaria
Ayer el Ministerio de Hacienda radicó ante el Congreso la tercera reforma tributaria del periodo presidencial de Iván Duque. Con esta, el Gobierno espera lograr un recaudo de $23,4 billones, una cifra que es ambiciosa si se compara con otras reformas que se han planteado en el pasado, más aún teniendo en cuenta que el país está en pleno proceso de recuperación económica después de más de un año de pandemia.
Según el articulado final, esta reforma incluirá puntos como la eliminación de la categoría de bienes exentos de IVA, la ampliación de la base gravable del impuesto de renta, mantener de manera temporal el impuesto al patrimonio, aplicar un impuesto solidario, entre otros.
En entrevista con La FM, el ministro de Hacienda habló sobre algunas de estas propuestas que se incluyeron dentro del articulado de la reforma, así como comentó sobre la necesidad que tienen el país de solventar las finanzas públicas y continuar con la implementación de programas sociales como Ingreso Solidario.
Estamos cerrados, la economía no está creciendo, no se ve la recuperación y ya estamos pensando en impuestos. ¿Usted cómo interpreta realmente la temporalidad de la reforma?
De dos maneras, la primera manera es que nosotros tuvimos la necesidad, y la seguimos teniendo, de endeudarnos muchísimo, es decir, nuestra deuda se subió como 13% del PIB en el año 2020 y va a subir otro poquito, está subiendo en este momento. Nosotros tenemos la necesidad de salir a pedir plata prestada y cuando uno pide plata prestada lo primero que preguntan es si usted va a pagar, nosotros le decimos sí, sí le vamos a pagar y aquí está la demostración, y es que tenemos una reforma que nos va a dar unos recursos, no inmediatamente, pero si son unos recursos ciertos.
Segundo, la temporalidad es un tema relativo porque presentamos una propuesta que por supuesto en ninguna de sus dimensiones, salvo en la parte social, entrarían en el año 2021 en curso. Las medidas entrarían empezando en el año 2022 y en algunos de los casos se prolongan hasta tener efectos mucho más allá del 2022 en el caso de algunos de los impuestos a personas naturales terminarían en el año 2024 su proceso de gradualidad.
Entonces es necesario mezclar dos temas, el tema del mensaje que vamos a dejar como país, de si nos tomamos en serio o no la estabilidad futura de nuestras finanzas públicas, en segundo lugar, la necesidad de defender los programas sociales que fueron implementados con mucha velocidad y mucha profundidad en el contexto de la crisis y lo tercero es el concepto de que estamos en pandemia, hay que ser graduales y desde luego no empezar cargas impositivas en este año tan duro del 2021.
Cuando estemos en 2022 vamos a llevar unos mesesitos a penas de posiblemente estar levantando la cabeza, no vamos a estar recuperados ni tal vez encaminados 100% en la recuperación. Incluso en el 2022 podría ser muy cercana la implementación de esta reforma…
Entiendo el punto pero esos posibles costos y esas posibles incomodidades se tienen que sopesar con la idea de fondo de que nosotros tenemos que ir al mercado a pedir plata prestada y entre más demoremos la implementación del programa vamos a tener dos enormes costos, en primer lugar, el costo de no poder darle continuidad, en medio de semejante pandemia, a los programas sociales que se implementaron en el contexto de la misma, de una parte. Y de otra parte, no vamos a tener un mensaje claro para los que nos tienen que seguir prestando plata, no solo en 2021, sino en el 2022 y quizás más allá.
¿Por qué nosotros en Colombia estamos concentrados en ese problema y no tanto los países que están viviendo una situación similar a la colombiana, ya que la pandemia no solo es inherente a Colombia?
Yo diría dos respuestas. La primera es que tarde que temprano todos los países van a tener que abordar esto, ya por ejemplo ustedes han visto en el caso de Estados Unidos las propuestas que se empiezan a discutir en materia tributaria. Así será en muchos otros países que tienen que enfrentar la dura realidad de que sus deudas aumentaron y que los mercados internacionales y nacionales, en cada caso respectivo, que estuvieron bastante generosos durante el periodo de la crisis, pues van a empezar a tener exigencias más temprano que tarde. Entonces yo diría que nosotros queremos mandar ese mensaje, obviamente sin efectos inmediatos, efectos diferidos para el año 2022.
Mi segunda respuesta es porque nosotros estamos convencidos que no podemos ponerle freno de mano al programa de Ingreso Solidario, que se nos acaba en junio. No podemos permitir que el programa de apoyo al empleo formal, el Paef, se desaparezca, ya se desapareció, de hecho, en marzo, no podemos aceptar como país que a eso se le de una continuidad siquiera hasta junio, como está en la propuesta.
Entonces tenemos esas dos urgencias, la presentación de un país que está comprometido con su estabilidad macroeconómica y la continuidad de unos programas sociales que desaparecerían si nosotros no nos ponemos en el debate.
¿Por qué se piensa en una reforma tributaria tan grande y tan ambiciosa en un momento tan delicado como el que vivimos?
Dos respuestas, la primera, tenemos la ambición de que los programas sociales se mantengan y se fortalezcan en el tiempo y eso necesita una solución inmediata, tenemos que tomar la decisión porque el programa, por ejemplo, de Ingreso solidario, se nos acaba en junio, esa decisión hay que tomarla ya. (…) Eso nos da un sentido de urgencia y nos da un sentido de satisfacción de lo hecho entre marzo de 2020 y junio de 2021 con ese programa, pero la necesidad de darle continuidad es urgente, eso no da espera.
Y al mismo tiempo que sucede esa urgencia, tenemos que mostrar como vamos a financiar la deuda que tenemos que emitir para podernos financiar y obviamente hay un tema de gradualidad a lo largo y ancho de todo el proyecto que es absolutamente claro.
En segundo término yo no diría que se trata de una propuesta que nos ubique en las estructuras tributarias que nos han recomendado muchísimos expertos nacionales e internacionales.
Queremos hacer una cosa moderada respecto de lo que en el mediano y largo plazo requeriría el país según estos expertos. En el tema del IVA, por ejemplo, nosotros gravamos en la actualidad un 39% del valor total de las compras de los colombianos, en América Latina eso no es 39% sino 58% y nosotros no estamos proponiendo de ninguna manera llevarlo hasta 58% sino hasta 43%.
Otras de las críticas que se le ha hecho a este documento es que muchas de las medidas que se proponen tienen un efecto inmediato a lo que se considera el asalariado colombiano. (…) La crítica es la de siempre, ¿Por qué no salir de ese grupo de personas que ya están afectadas, para realmente empezar a gravar con impuestos a los que realmente tienen mucho?
Una de las medidas que estamos proponiendo es justamente la que usted menciona, tratar de ampliar la base de los contribuyentes, por ejemplo en el impuesto de personas naturales. Nosotros en Colombia, más o menos de los 51 millones de habitantes, o de los 22 millones de personas que estamos en la fuerza laboral, pagamos impuestos 1,5 millones de personas naturales, una proporción muy pequeña.
Nosotros en nuestra propuesta, iríamos a ampliar esa base de contribuyentes incluyendo más personas en las partes más altas de la distribución del ingreso, es decir, en el 10% o 15% más alto de la distribución del ingreso. Por supuesto todo el rango medio y la base de nuestra distribución del ingreso no pagarían ni un centavo.
Lo segundo es que eso nos acerca pero de ninguna manera nos lleva a los niveles observados en otros países. Nosotros no somos un país particularmente solidario, tenemos unos índices de desigualdad muy grandes y es importante que nuestros oyentes, que ustedes, que todos los miembros de este debate que se inicia entiendan a fondo cómo es la verdadera distribución del ingreso en nuestro país.
La persona de $2,5 millones es una persona que está en una parte alta de nuestra distribución del ingreso, esa es la realidad de un país como el nuestro, Nosotros no podemos de ninguna manera decir que somos un país en el cual tener esos niveles de ingreso es alto comparativamente internacional. Lo único que estoy diciendo es que es alto comparativamente en nuestro país.
Y en tercer lugar, la evasión y la elusión, que son parte integral de la política de Estado. Nosotros en la Dian hemos hecho una transformación muy grande que ya va como a mitad de camino y que esperamos en el próximo año completarla, que ha dado grandes resultados en materia de la lucha contra la evasión y la elusión.
Varias aristas tiene esto que no son parte de este proyecto de ley. Primera arista, el uso de información internacional. Muchos de los grandes mecanismos de las evasiones tienen que ver con el uso de mecanismos de transferencias internacionales de recursos. Ya tenemos acuerdos con más o menos 180 países, cosa que era mínima hace un par de años.
Segundo, el tema de la facturación electrónica, que ha sido un enorme éxito, y la incorporación de más información proveniente por ejemplo del régimen simple de tributación. Entonces usar más información, usarla mejor y usar la facturación electrónica son maneras muy efectivas para la lucha contra la evasión. Nuestros cálculos son que las reducciones en la elusión y evasión han sido sustantivas en este último par de años.
¿En qué momento Colombia cambió su modelo a uno mucho más asistencialista y terminar generando un montón de programas sociales pagados por personas que no tienen cómo pagarlo?
Nosotros venimos enfatizando, como país, la política social más o menos desde los años 1990. Y en ese sentido hemos hecho enormes avances en materia de identificación de la población en situación de pobreza y de vulnerabilidad. En este momento ya se está terminando todo lo atinente al Sisbén 4, que es una nueva generación de mediciones de la pobreza en el país y ese es un trabajo de muchos años de unos profesionales de primerísimo nivel, que nos ha permitido tener políticas sociales inmensamente importantes.
No obstante, nuestros índices de desigualdad son muy altos y nuestra política pública no logra combatir esa desigualdad. Para ponerle un ejemplo, mientras que en un país europeo el índice de desigualdad puede ser muy similar al de Colombia antes de implementarse la política tributaria y la política que usted llama asistencialista, después de implementada la política tributaria que está basada en principios de redistribución y después de implementada la política social, esos índices de desigualdad se reducen sustantivamente, prácticamente a la mitad, mientras que nosotros nos mantenemos en esos niveles altos de desigualdad y nuestra política pública no ha sido efectiva. Pese a que hemos avanzado muchísimo en identificación y reducción de pobreza, no ha sido así en el caso de la desigualdad.
No somos los únicos que enfatizan la política social. El Estado redistributivo es una realidad en muchos países inclusive antes de los años 50 del siglo pasado y nosotros a penas empezamos a hacer ese trabajo en los años 90 y la propuesta que hacemos está dentro de esa línea redistributiva.
