El ministro Restrepo dijo que ya no serán 35, sino 56 los artículos del documento, pero se mantendrá la esencia del proyecto inicial
Luego de seis sesiones de reuniones y una subcomisión especial, este martes el Ministerio de Hacienda radicó ante el Congreso la ponencia del proyecto de ley de inversión social.
El jefe de la Cartera de Hacienda, José Manuel Restrepo, destacó el trabajo conjunto de los congresistas de la mayoría de los partidos, con quienes se llegó a consensos para la ponencia.
De acuerdo con el ministro, ya no serán 35, sino 56 los artículos del documento, pero se mantendrá la esencia del proyecto inicial que se radicó el pasado 20 de julio.
“Es un proyecto de ley de 56 artículos que incorpora temas nuevos en línea con los asuntos centrales de la propuesta previamente radicada: nuevas rentas derivadas de la facilitación del pago de impuestos nacionales y territoriales. También, facilitar la movilización de activos previamente incautados a la mafia y que hoy están en manos de la SAE”, resaltó.
Dentro de las propuestas que se agregaron al articulado está la de fortalecer el régimen simple de tributación, una medida con la cual se beneficiará a al menos 400.000 micro y pequeños empresarios con una tarifa de renta diferencial; que, además contribuye a la formalización empresarial.
Se incluyeron medidas que favorecen a la reactivación económica, tales como nuevos créditos directos de Findeter a entidades territoriales y se mantendrían los créditos con tasas compensadas de esta entidad, de Bancoldex y otras entidades financieras del Estado.
Además, se mejoró el mecanismo de Obras por Impuestos para que este llegue a más zonas vulnerables del país y el articulado incluye medidas para apoyar a los empresarios que se vieron afectados por los bloqueos y cierres en medio del paro nacional.
En las medidas sociales de la reforma, Restrepo mencionó que programas como Ingreso Solidario se focalizarán hacia mujeres cabeza de hogar y se darán incentivos para generar empleo femenino.
Mientras que se incrementará, de forma gradual, el subsidio de Colombia Mayor para personas en indigencia o extrema pobreza, con el fin de que el monto de la transferencia sea equivalente a la línea de pobreza extrema, una vez haya disponibilidad presupuestal.
Otras de las modificaciones incluidas en el articulado tienen que ver con la ampliación de los bienes de los tres días sin IVA, incluyendo las compras hechas en efectivo; así como la posibilidad de que se amplíe el Paef hasta diciembre de 2022, dependiendo de los indicadores económicos, de desempleo y la disponibilidad presupuestal.
De igual forma, se podría extender el incentivo de creación de empleo juvenil, dependiendo su desempeño y disponibilidad de recursos.
El articulado también incluye medidas para facultar a la Dian y a las entidades territoriales para que puedan facilitar los procesos de pago de impuestos a través de terminación por mutuo acuerdo, descuentos en intereses y en sanciones de morosos, conciliación contencioso administrativa y principio de favorabilidad en etapa de cobro. Estas medidas permitirían generar un recaudo adicional de $600.000 millones en el próximo año y medio.
Además, se determinó que debe haber un propósito de avanzar en equidad de género en el Comité Autónomo de la Regla Fiscal.
“De esta manera, esta iniciativa sigue siendo la estructura de protección social más importante que se haya diseñado en el país, que junto con otros programas sociales diseñados por el Gobierno nacional, beneficia a 25 millones de colombianos, mantiene las rentas permanentes que garanticen la reducción del déficit fiscal y la deuda pública, contribuyendo a la sostenibilidad de las finanzas públicas de nuestro país”, concluyó Restrepo.
Se espera que en los próximos días el Congreso cite al primer debate del proyecto de Inversión Social.
