Los asesores del nuevo Gobierno tienen en mente un proyecto con énfasis en el impuesto de renta para recaudar $50 billones
Aunque el presidente electo, Gustavo Petro, todavía está dando puntadas para la conformación de su equipo económico, uno de los mayores retos que enfrentará la nueva administración es el fiscal, teniendo en cuenta sus promesas de campaña y los desafíos del país en ese frente.
En un país en el que el recaudo como proporción del PIB está por debajo del promedio de Latinoamérica y lejos de los niveles de la Ocde (80% del recaudo proviene de las empresas y 20% de las personas naturales), Petro dijo durante la campaña que el déficit se soluciona con una reforma tributaria progresiva que consistiría inicialmente en derogar la de 2019, con lo cual “ingresarían a las arcas del Estado $20 billones”, aunque durante la campaña habló también de una reforma de $50 billones.
En el mismo frente, el Presidente electo agregó que la renta de las personas debe ser progresiva, entre más gana una persona más paga. “Faltaría un capítulo que es el de los dividendos, el ingreso que el propietario de una empresa saca para su bolsillo. Estos dividendos deben seguir una curva de progresividad. Con eso, se pueden recaudar entre $15 y $20 billones“.
Y aunque según el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, la reactivación económica y los esfuerzos del actual Gobierno han “cerrado la necesidad coyuntural de realizar una reforma tributaria”, los asesores más cercanos a Petro ya han dejado en claro que sí tienen en mente una con énfasis en el impuesto de renta.
De hecho, durante su campaña Petro mencionó $50 billones como el gran objetivo de una reforma, una cifra jamás ha conseguido ninguna administración y que más que duplica la meta que tenía el proyecto de Alberto Carrasquilla, que le costó la salida del cargo y desató violentas protestas.
A pesar de sus metas ambiciosas, a los asesores de Petro no los desvela el fracaso de Carrasquilla y sostienen que el problema con dicha reforma fue que la gente entendió que les cobrarían más impuestos “a los de abajo”.
“La propuesta del exministro Carrasquilla era gravar los productos de la canasta básica, y en el impuesto de renta bajar el umbral para gravar a las personas de más abajo”, dijo uno de los asesores más cercanos al presidente electo, Ricardo Bonilla, quién enfatizó entonces en que no se bajará ese umbral para la declaración de renta y tampoco se tocará la canasta familiar. “El proyecto está concentrado en el impuesto de renta, no está concentrado en el IVA, no se va a tocar la canasta básica familiar”, afirmó en La W.
También sentenció que la idea es gravar los activos improductivos y los ingresos altos de las personas naturales que no están pagando lo que deberían. Al referirse a ingresos altos explicó que son ingresos por más de $16 millones mensuales, a los que se les quitarán exenciones.
Para equilibrar la cancha explicó que se buscará bajar los impuestos a las empresas.
Uno de los insumos para la construcción de la nueva reforma sería el estudio que realizó la última misión de expertos que contrató el Gobierno saliente, según la cual la solución al problema del bajo recaudo del país consiste en gravar más renta a las personas naturales en los ingresos medios y altos.
Según dicho informe, “en la parte superior de la curva los ingresos medios altos están pagando una tasa muy baja y no declaran totalmente sus ingresos ni activos”.
De momento, lo que ha trascendido es que no hay ningún borrador ya que Petro ha enfatizado que las reformas se harán con base en un Gran Acuerdo, que debe construirse a partir del diálogo regional vinculante, es decir, que lo que se decida regionalmente se vuelve norma.
En cuanto a las exenciones que serían eliminadas, Bonilla dijo en varias entrevistas que no se puede discutir una por una o si no nunca termina”. Señaló que “hay exenciones que se van a empezar a marchitar como los contratos la estabilidad jurídica, las zonas francas, los contratos hoteleros de 30 años y los contratos con economía naranja. Hay que revisar eso”.
Incluso se atrevió a ir más allá, al afirmar que “podríamos bajar la tarifa nominal del 33% al 25%, si hay menos exenciones”.
Para personas naturales, advirtió que hoy tienen beneficios por intereses de créditos de vivienda y aportes voluntarios a pensiones, y que “quienes se favorecen por eso son los colombianos con ingresos superiores a 10 salarios mínimos. Se trata de reducir ese beneficio”.
