Adelantar la regla fiscal de 2026 a 2025 y el componente verde que propone el articulado son los puntos que más interrogantes dejan a los expertos del mercado
Uno de los puntos principales de la ley de financiamiento que radicó el Gobierno en el Congreso para financiar parte del Presupuesto del próximo año es la propuesta para adelantar la regla fiscal de 2026 a 2025, que acompaña con el componente verde de la deuda.
En el primer caso, el articulado propone la finalización anticipada del periodo de transición de la regla fiscal. Esto quiere decir que el proyecto de ley solicita permiso para aumentar el endeudamiento del país y alcanzar el nivel máximo de deuda pronosticado.
La propuesta le permitirá al Gobierno obtener un espacio fiscal de hasta $5,3 billones, 45% de lo que pretende la reforma tributaria.
En el segundo caso está la regla fiscal verde, que propone excluir del déficit el gasto en inversiones sostenibles.
Ambas propuestas están en el centro de la opinión pública, por comprometer las cuentas fiscales del Gobierno, un tema que observan con lupa las calificadoras de riesgo.
“En enero, la agencia calificadora S&P redujo la perspectiva de calificación de estable a negativa. Consideramos que la probabilidad para una rebaja de calificación es alta en la ausencia de nuevas fuentes estructurales de recaudo”, dice un informe del banco Itaú sobre esta ley de financiamiento.
La entidad señala que el grueso de los ingresos previstos a corto plazo procede de las modificación de la regla fiscal, por lo que proyecta que sea recibido con escepticismo por el mercado, ya que retrasa la consolidación fiscal. Agregó que la relación de la regla fiscal con la inclusión de gasto en inversiones verdes se traduce en deuda adicional que presionará el costo de financiamiento.
A una conclusión parecida llegó el equipo de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, que señala que en un momento donde el cumplimiento de la regla fiscal ha estado en riesgo, llevó a los inversionistas a estimar un mayor riesgo país y a descontar una reducción en la calificación de Colombia.
“La ley de financiamiento exacerba los temores sobre la implementación del ajuste fiscal necesario, dado un creciente gasto público y unos ingresos debilitados. Ejemplo de ello es que, de aprobarse la Ley tal cual está, solo hasta 2028 se volvería a observar un déficit fiscal comparable a los observados previo a la pandemia”, dice el Banco de Bogotá.
Sobre la regla fiscal verde, la entidad dice que el Gobierno espera obtener mayores recursos a través de deuda para “cerrar la brecha del financiamiento climático del país. Dicho espacio fiscal sería de hasta 0,3% del PIB entre 2025 y 2030 en términos anuales (1,8% del PIB acumulado en esos años) y de 0,15% del PIB entre 2031 y 2035 (0,75% acumulado en los años en mención)”.
Agrega que el espacio de gasto adicional del componente verde de la regla fiscal confirmaría que la ley de financiamiento busca más a una ampliación del cupo de deuda, de más corto plazo, que un cambio estructural en el recaudo tributario del país.
