(Portafolio) El Consejo Gremial Nacional señaló que es clave la seguridad jurídica y pidió al Congreso no cambiar el articulado.

a contrarreloj del Gobierno para aprobar la reforma tributaria, que reemplazará la Ley de Financiamiento, recibió ayer un espaldarazo fuerte de los empresarios.
El Consejo Gremial Nacional (CGN) respaldó la radicación del mismo texto que se aprobó el año pasado en el Congreso, pero que la Corte tumbó por vicios de procedimiento.

“Hacemos un respetuoso llamado a los congresistas para que el texto radicado no sea modificado y tenga un tránsito ágil para que antes del 1.° de enero tengamos reglas de juego claras”, dijo Jorge Bedoya, presidente del CGN.

El documento mantiene la esencia de la Ley de Financiamiento caída, pero sí cuenta con algunos cambios leves.

Así, por ejemplo, se eliminan algunas exclusiones de IVA que se habían implementado para las ventas en Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, y también se borra todo el paquete de artículos que le daba vía libre a la normalización tributaria que terminó el pasado 25 de septiembre.

El hecho de que gran parte del documento sea el mismo también implica que sigan vivas las demandas que aún tiene pendiente por estudiar la Corte Constitucional. De hecho, ayer Santiago Castro, presidente de Asobancaria, señaló que la interpuesta por el gremio en contra de la sobretasa al sector financiero sigue en proceso.

“Nosotros tenemos esa demanda, y no se afecta porque se haya caído, es más, esa ley todavía tiene una vida hasta finales de este año, pero además, porque esa demanda también tiene cuestionamientos de fondo, a si se puede establecer o no regímenes diferenciales de renta para sectores económicos que no son contaminantes”, aseguró.

Por su parte, el representante a la Cámara, Óscar Darío Pérez, ya había señalado que “si hay que hacerle ajustes al articulado, deben hacerse los menores cambios posibles”. De otro lado, el senador Efraín Cepeda opinó que si bien el Congreso ya votó esa norma, es necesario revisar su desempeño. Y agregó que se requiere encontrar una salida que permita impulsar el empleo y las mipymes. “Hay que hacer algunas modificaciones en ciertos asuntos puntuales”, anotó.

De estos ajustes dependerá que el Estatuto Tributario actual se mantenga, o que vuelva a regir el que venía de la reforma tributaria del 2016.

No obstante, según Myriam Gutiérrez, socia de Impuestos y Servicios Legales de KPMG en Colombia, “si se cae la reforma o si tiene muchos cambios, de todas maneras el Gobierno puede objetarla y si la objeta, volvería al Congreso. Esto reviviría las normas anteriores que habían modificado la Ley de Financiamiento y eso implica, por ejemplo, que no habría beneficios como la reducción de renta, la eliminación de la renta presuntiva”.

Y explicó que este panorama podría llevar a que el país tenga benéficos a corto plazo –por el mayor recaudo, al caerse las exenciones y beneficios–, “pero a largo plazo sí implica una pérdida de credibilidad de las reglas, y esto permea ya en un tema de inseguridad fiscal y jurídica”.

Los debates de la reforma iniciarían la próxima.

Obtenido de: Portafolio