Acopi asegura que el 20 % de las empresas en Bogotá y Cundinamarca tendrían que cerrar.
Mientras que el número de contagios aumenta día a día y las medidas para contener la expansión del conovirus se intensifican; las empresas se ven cada vez más afectadas y el riesgo de insolvencia o quiebra aumenta de la mano con la pérdida de empleos, sin que se implementen alivios rápidos por parte del Gobierno.
Algunos cálculos apuntan a que el desempleo en Colombia podría subir con mucha fuerza debido a los efectos económicos de la pandemia, lo que significaría la pérdida de más de un millón y medio de puestos de trabajo.
Empresas de todos los tamaños y especialmente las medianas y pequeñas, suplican a gritos la adopción de medidas económicas reales y efectivas, que les ayuden a sobrevivir a la crisis: Por una parte, según una encuesta “express” realizada por Fenalco, el 90,5 por ciento de los empresarios manifestaron que sus ventas se han visto reducidas, y el 72,1 por ciento calificó tal reducción como alarmante.
De otro lado, Acopi (Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas empresas), ha manifestado que cerca del 20 por ciento de las empresas en Bogotá y Cundinamarca, se verán obligadas a cerrar.
Estas cifras merecen especial atención, si se tiene en cuenta que precisamente Bogotá concentra la mayoría de las pymes y microempresas y estas conforman cerca del 90 por ciento del aparato productivo colombiano, y generan más del 80 por ciento de los empleos en el país.
Lo anterior, sumado a los anuncios que ha realizado la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre la posibilidad de que la cuarentena se prolongue por tres meses más, y que aparte de los servicios básicos y alimentos, la economía tendrá que parar, ha llevado a miles de empresarios a concluir que se avecina una situación de incapacidad inminente para mantener los empleos, pagar sus créditos, impuestos y gastos de operación.
Fernando Bustos, director de la firma Bustos y Cía. Consultores, experto en procesos de insolvencia y recuperación empresarial, explicó que las empresas que prevén una incapacidad inminente de pago o que ya se encuentran en mora en sus créditos, podrían acogerse al proceso de reorganización para salvarse.
En palabras del experto “para eso se creó la ley de insolvencia empresarial: para salvar empresas. El proceso de reorganización de pasivos constituye una poderosa herramienta altamente eficaz que permite la continuidad de la empresa en dificultades, le protege de demandas y embargos, congela todos sus créditos, incluso los impuestos y arrendamientos vencidos, de tal forma que podrá seguir trabajando y sobrevivir a la crisis y recuperar su equilibrio financiero”
Medidas no representan alivios
Bustos sostiene que el gobierno no ha anunciado medidas de carácter económico que ayuden a las empresas a evitar la quiebra y a mantener los empleos: “Si bien se ha hablado de la adopción de medidas económicas, como la agilización de la devolución del IVA a los más desfavorecidos, fortalecimiento del programa Familias en Acción, y la reconexión de servicios públicos a familias en mora, entre otras, aunque estas medidas son necesarias y útiles, en realidad estas son medidas más sociales que económicas, ya que no ayudan a ninguna empresa, sino que alivian un poco la situación de las personas más vulnerables.
En cuanto a los supuestos alivios en créditos con el sector financiero, las medidas anunciadas consisten en que el deudor en dificultades puede acercarse a la entidad bancaria a solicitar una refinanciación de su crédito, pero esto en realidad no representa ningún alivio, porque en cualquier caso, el banco decidirá libremente si lo hace o no y en qué condiciones. Las medidas no obligan a la entidad financiera a rebajar intereses o a conceder períodos de gracia, sino simplemente refuerzan la posibilidad que ha tenido el empresario siempre, de implorar al banco que le otorgue plazos; aquí no hay nada nuevo, ni protección alguna a la empresa.
También se ha propuesto que no se puedan iniciar procesos de restitución por cánones de arrendamientos vencidos durante la emergencia y aplazamiento en un par de meses en el calendario tributario; pero en tres o cuatro meses, el comerciante tendrá que pagar los arrendamientos e impuestos vencidos, más los nuevos, y no tendrá liquidez para hacerlo. Y entonces, terminado el plazo de la emergencia, lo desalojarán y las autoridades fiscales lo ejecutarán, además de cobrarle intereses a las tasas del Estatuto Tributario.”
Sin embargo, todos los empresarios tienen a la mano la ley de insolvencia para salvarse: cualquier empresa viable podría salvarse si acude al proceso de reorganización de pasivos, diseñado para protegerla, ya que todas sus deudas quedarían congeladas. Es muy importante que los empresarios conozcan, consulten y no le teman a los mitos alrededor de la ley de insolvencia”
Empresas entrarán en cesación de pagos
Según el experto, se requieren medidas eficaces para garantizar la liquidez de las empresas, ya que en el corto plazo ese será el problema; la reducción de actividades durante la crisis junto con la escasez y el encarecimiento en algunos insumos y materias primas, necesariamente terminarán limitando la caja y la empresa tendrá que decidir qué obligaciones cubre con la caja escasa.
Las que utilicen su liquidez disponible para pagar a tiempo los créditos bancarios hoy, pensando en obtener nuevos recursos más adelante, difícilmente recibirán los nuevos créditos cuando realmente los necesiten, ya que el sector financiero encontrará mayor riesgo en las empresas y sectores debilitados y menores expectativas de crecimiento; además la empresa podría estar atrasada en otros rubros o demandada, y probablemente embargada, y seguramente esto haga que la entidad se abstenga de colocar el nuevo crédito.
Muchas empresas se quedarán sin caja para continuar y seguramente de aquí a finales de año entren en cesación de pagos.
¿Qué deben hacer los empresarios?
El experto en insolvencia y recuperación empresarial recomienda: “Las empresas que se encuentran en mora o que prevean que en el corto plazo no podrán atender sus obligaciones a tiempo, deberían tener lista la solicitud para acogerse al proceso de reorganización de pasivos y de esta forma conservar la administración de sus negocios, protegerse de demandas y embargos, y seguir trabajando para recuperar el equilibrio después de la crisis. Ninguna empresa viable debería quebrarse o cerrar.”
En cualquier caso, la recomendación para los empresarios y comerciantes es consultar y asesorarse oportunamente.
