El subsidio familiar parece haberse convertido en una piñata presupuestal, que algunos quieren apalearla, como depredadores, para ver cómo caen sus recursos y a financiar supuestamente programas de los más variados matices, eso sí, con base en el sacrificio de los trabajadores más pobres de Colombia, como si se deseara cobrar por otra ventanilla el no haberse incluido su cambio de financiación en la reforma tributaria. Es por eso que me siento en la honrosa tarea de salir en defensa de los trabajadores del país y, en general, de los 22 millones de colombianos que, de manera total o parcial, se sirven de los servicios y programas de las cajas de compensación familiar, y de paso, clarificarles dudas a los detractores del subsidio familiar, que al ver trastocadas sus pretensiones emprendidas se dieron a la perversa tarea de desacreditar estas instituciones con pasmoso e irresponsable desconocimiento.

En ese sentido, quiero exponer los argumentos que justifican la no inclusión de las cajas de compensación familiar en proyectos de ley que pretenden cada día arañar más sus recursos.

En primer lugar, no se debe olvidar que el subsidio familiar ha promovido desde hace muchos años la consolidación de condiciones de trabajo decente para los colombianos, promoviendo la generación de condiciones de bienestar familiar y laboral que, en caso de no existir, provocarían mayores distancias sociales y desencuentros entre el capital y el trabajo.

Desde esa perspectiva, los logros que han obtenido las cajas durante más de medio siglo de existencia de apoyo al desarrollo social de los trabajadores y sus familias, han sido garantía para que el mismo Gobierno Nacional les haya encargado la gestión o cogestión de varios programas sociales.

Además, la condición del subsidio familiar a manera de prestación social de los trabajadores en Colombia y como parte de las garantías mínimas del trabajo, ha sido ratificada tanto por el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, como por la Corte Constitucional, que ha expresado que el subsidio familiar "es una prestación social, porque su finalidad no es la de retribuir directamente el trabajo –como sí lo hace el salario–, sino la de subvencionar las cargas económicas del trabajador beneficiario" (Sentencia C-337 de 2011).

Por consiguiente, tal como lo define el Artículo 1° de la Ley 21 de 1982, "el subsidio familiar es objetivo fundamental de la protección integral de la familia". En otras palabras, como la razón de ser del sistema de subsidio familiar es la atención de una prestación social para los trabajadores de menores y medianos ingresos, es connatural que su financiación se sustente en el aporte que realicen los responsables empresariales.

Es decir, la prestación de la seguridad social, como servicio público que atiende un derecho constitucional, debe ser autónoma en su esquema de financiación y prestación. Por complejo que parezca, hay que entender que en el caso particular del sistema de subsidio familiar, al nacer el aporte de nómina de la relación laboral y por proveer las prestaciones sociales señaladas respecto de los afiliados, la cotización es una porción del salario, un salario social, que se canaliza a través de un marco institucional para cubrir los riesgos sociales de los trabajadores y sus familias, y apoyar la superación de las principales carencias sociales de esta población.

Esto hace parte del pacto social sobre el cual se han construido el Estado Social de Derecho, y la ciudadanía, y es una de las formas como se expresa la democracia. En ese contexto, el sistema de subsidio familiar surgió para ser un mecanismo de responsabilidad social empresarial que, por su origen, se convirtió en una prestación social de carácter legal.

Por lo tanto, sustituir su financiación por recursos fiscales de origen público significaría desaparecer el fin originario como instrumento de responsabilidad directa de los empleadores con el bienestar y la calidad de vida de sus trabajadores y familias.

Hay que decir, finalmente, que este sistema, que fue construido por la confluencia de las voluntades de empresarios y trabajadores, y constituido desde una visión colectiva, está ahora en la mira de una minoría, que apostada desde trincheras académicas y gremiales pretende acabarlo a sombrerazos, dando primacía al rédito económico sobre la construcción de capital social.

Sin el aporte empresarial, los trabajadores quedarían desprovistos de los diferentes subsidios y beneficios que el sistema de subsidio familiar les otorga. Difícilmente se podría pensar en destinar recursos del presupuesto nacional para continuar con esta labor.

Tomado de: POrtafolio.co