En momentos en que el país se prepara para una nueva reforma tributaria, cuya espina dorsal es recortar beneficios y descuentos tributarios, empresas petroleras –con proyectos de exploración costa afuera–, hidroeléctricas, ensambladoras, productoras de lácteos, plantas de cerámica, puertos y plantaciones de palma de aceite empiezan a hacer fila ante el gobierno nacional para convertirse en zonas francas.

El asunto abre el debate sobre la conveniencia o no de continuar con este tipo de beneficios tributarios creados hace años para incentivar la inversión y el empleo. La Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la Andi calcula que en lo que resta del presente año se presenten entre 10 y 15 nuevas solicitudes ante el Gobierno. ¿A qué se debe este viraje si el modelo estaba prácticamente agotado?

La respuesta parece sencilla, pero tiene mucho trasfondo político y versiones que develan un intenso lobby por parte del sector productivo. No hay que perder de vista que el panorama mundial cambió drásticamente desde el último trimestre del año pasado con la caída del precio del petróleo, haciendo que las empresas del sector entraran en crisis. A esto se suma la trepada del dólar que desencadenó que buena parte de la inversión internacional se fuera de países emergentes como Colombia.

Como los ingresos del país no son iguales a años anteriores, el Gobierno se ‘pellizcó’ en dos frentes: uno, el tema del contrabando cuya ley fue aprobada; y, además, les abrió la puerta a varios sectores para que se constituyan como zonas francas. La idea es atraer la inversión, crear más empleos y mantener a flote la economía.

El primer salvavidas que lanzó el Ejecutivo se produjo el 23 de diciembre de 2014, cuando expidió el decreto 2682, el cual permite que las petroleras –en exploración costa afuera– se constituyan como zonas francas, previo cumplimiento de requisitos, como generar 30 empleos directos e inversiones mínimas de $96.000 millones.

Dinero conoció que la tercera semana de julio se llevó a cabo una reunión en la sede del Ministerio de Comercio y en la que participó el Ministerio de Minas. El propósito de dicha cita era tratar la intención de Ecopetrol para constituir una zona franca de sus operaciones costa afuera. La idea es modificar el decreto 2682 para integrar varios contratos petroleros en una sola zona franca.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos confirmó que “actualmente se discute una modificación del decreto, que facilitaría la creación de las zonas francas permanentes costa afuera para los operadores comunes de varios contratos”. La entidad explicó además que ha conocido verbalmente la intención de algunas compañías para constituirse en zonas francas. “Sin embargo, no ha sido notificada oficialmente del inicio de este trámite ante la autoridad competente”.

El interés de otras petroleras internacionales fue confirmado por la Andi al anunciarse que algunas preparan solicitud para configurar sus operaciones bajo esta figura. Habría firmas de Brasil, Estados Unidos y Chile. Todo ello sin pasar de vista que las clínicas están muy activas en ese frente, al igual que empresas palmicultoras y de servicios (ver cuadro).

El otro flotador enviado al sector productivo es el nuevo Estatuto Aduanero, que no solo buscará facilitar las operaciones de comercio exterior, sino que traerá beneficios para acogerse como zona franca. La Dian calcula que dicha normatividad podría salir a finales de este mes o en agosto.

No obstante, es necesario medir bien los beneficios. Un buen termómetro para determinar la conveniencia de las zonas francas es contrastar el recaudo tributario versus lo que pagan las empresas ‘convencionales’. Un análisis de la Dian indica que las cerca de 100 zonas francas del país pagaron por impuesto de renta alrededor de $193.000 millones en 2014, mientras que en 2013 la suma por este concepto llegó a $167.000 millones. Si se cobrara 25% y no 15%, el recaudo por este impuesto habría sido de unos $330.000 millones el año pasado. La diferencia es de unos $130.000 millones. En conclusión, no parece muy alto el hueco que deja el beneficio tributario, teniendo en cuenta que las zonas francas contribuyen con cadenas productivas como la construcción, la logística y el pago de otros impuestos indirectos.

El director ejecutivo de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la Andi, Edgar Orlando Martínez, defiende el modelo y considera que este tipo de inversiones ha permitido atraer inversión y generar empleo. “A marzo del presente año se habían completado inversiones superiores a los $32 billones en las más de 100 zonas francas del país. En cuanto a generación de empleo, las cifras hablan de más de 59.000 empleos directos y 167.000 indirectos”, explica.

Sin embargo, la discusión puede tomar otra temperatura al momento que más y más empresas entren al ‘club’ de gabelas.

Mediante la expedición de otros decretos, el Gobierno sigue allanando el camino para atraer más empresas. El 18 de junio pasado expidió el decreto 1300 mediante el cual se crea un nuevo procedimiento para que la declaratoria de zonas francas se reduzca de 18 a seis meses. Al mismo tiempo, le entregó más competencia al Ministerio de Comercio para facilitar estos trámites. En otras palabras, deja a la Dian la responsabilidad para recaudar los impuestos y al Mincomercio para tramitar las solicitudes y revisar la parte administrativa.

La ministra de Comercio, Cecilia Álvarez-Correa, dijo hace unas semanas que, con el traslado de las competencias a esta cartera, se sistematizará la operación para reducir los plazos de autorización de siete a un mes, y se podrá realizar seguimiento de los compromisos de exportación.

Las zonas francas se convierten en uno de los procesos de ajustes para enfrentar la desaceleración de la economía, pero también para incentivar la inversión en épocas de vacas flacas. ¿Será suficiente?

tomado de:https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/todos-quieren-montar-tren-zonas-francas/211382