Julio 31 de 2024

Número 892

Redacción: Abog. Alejandra Guzmán M.

El PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2025: SER O NO SER, ESA ES LA CUESTIÓN.

El 29 de julio del año que corre, el ministro de Hacienda y Crédito Público radicó el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2025, destacando que el valor total del presupuesto nacional equivale a $523 billones; sin embargo, una parte del presupuesto, esto es, $12 billones, estará sujeto la aprobación de la ley de financiamiento que el Gobierno Nacional presentará posteriormente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 347 de la Carta Política.

El presupuesto general está acompañado de un mensaje presidencial, en el cual, lejos de tomar responsabilidad por su gestión, decide buscar culpables asegurando que la desaceleración económica y de la actividad productiva en Colombia ha coincidido con los dos primeros años del gobierno, debido a la herencia de pasivos que ha tenido que sufragar del gobierno anterior, indicando, además, que desde antes de la pandemia existía un bajo crecimiento de la economía, y más adelante, comparte la siguiente gráfica:

Analizando la gráfica anterior, si  bien se  tiene una disminución porcentual paulatina de la economía desde el 2015, en los años 2021 y 2022 (post pandemia) se logra ver un crecimiento elevado que se ve completamente disminuido en los años 2023 y lo que llevamos del 2024, que para mala suerte gubernamental, ha coincidido con los dos años de gobierno, sonando más a excusa y pobre gestión,derivada de la incertidumbre política y la montaña rusa en la que estamos los colombianos.

Sin embargo, indica en su mensaje que, en aras de seguir cumpliendo con su objetivo cardinal (disminuir la pobreza y la desigualdad), se resalta la importancia de cambiar el enfoque de la política fiscal, así:

“(…) en la medida en que los impuestos sigan recayendo sobre una parte de la población y persistan las exenciones, beneficios y descuentos sobre un segmento con capacidad de pago, pues sin duda alguna esta es una política que sirve para concentrar el ingreso y empeorar la desigualdad. (…) Los cambios de estos enfoques se tienen que plasmar en el Presupuesto General de la Nación.

(…)

Se plantea alcanzar este objetivo con un estímulo fiscal que, al estar alineado con la reactivación,  ayude a elevar el recaudo tributario al tiempo que permita  provocar  efectos  multiplicadores sobre  la   actividad productiva mediante la inversión pública y privada. Ese será el objetivo del proyecto de ley de financiamiento.” (Subrayamos y destacamos)

Lo  anterior permite extraer la  clara  intención que  se  tiene  con  la  ley  de financiamiento (reforma tributaria) cuyo objetivo será buscar el recaudo de $12 billones para cumplir con el PGN 2025, pero, si ahondamos entre líneas, se evidencia que, pese a que en algún momento se estuvo hablando de la posibilidad de disminuir la carga fiscal en las empresas de forma progresiva pasando de un 35% a un 30%, con el mensaje presidencial se logra avizorar que si bien podría llegar a haber una “disminución”, esta disminución se haría respecto de las exenciones, beneficios y descuentos que aunque actualmente son pocos, siguen siendo necesarios para que el segmento con capacidad de pago, pueda seguir generando empleo y activando la economía colombiana.

No olvidemos que en el Plan de Desarrollo “Potencia Mundial de la Vida”, ocupa puesto relevante la economía popular, que palabras más palabras menos, es conocida como “aquella unidad productiva informal constituida de manera individual o por familias, dueños de sus propios medios de producción” 1 (destacamos), segmento este que cada vez adquiere más fuerza y con ello, capacidad de pago, pero que ha quedado en un olvido conveniente, manteniéndose el margen de su obligación de contribuir al fisco con la formalidad y el pago de sus impuestos.

Así, al concentrar la exigencia de mayor recaudo sobre un segmento que se considera tiene capacidad de pago, mientras que se mantiene la flexibilidad y descuidado  con  otros  segmentos, que  también  tienen  capacidad  de  pago, ocasiona no solo un nivel de desigualdad descomunal, sino que entrega un mensaje errado, generando una percepción implícita de que actuar como economía popular e informal, permite estar al margen de la tributación; sin contar, además, que dicha situación genera un clima de inconformidad en los contribuyentes que sí cumplen, acrecentando así su deseo de buscar evicción de 1 https://www.unidadsolidaria.gov.co/Prensa/Noticias-La-Econom%C3%ADa-Popular   

su carga tributaria y en consecuencia, un bajo recaudo que limita al mismo gobierno cumplir con sus objetivos.

Lastimosamente, esta  es  una  discusión  perdida  porque  si  bien,  la  posible disminución de beneficios, exenciones y descuentos pueden llegar a generar un recaudo adicional, es imperativo pensar a largo plazo con acciones concretas donde se fomente una cultura tributaria, generando control sobre los contribuyentes de  todos los  segmentos, sea  que  tengan o  no  una  mayor capacidad de pago, logrando ampliar así el espectro sobre la exigencia del cumplimiento de sus obligaciones tributarias a todos los sujetos generadores de las mismas, mejorando el clima de igualdad y por esa vía el recaudo, que al ir en aumento, evita esa mala costumbre de seguir embebidos en reforma tras reforma cada dos años como ha sido lo tradicional en los últimos 20 años.

Ahora bien, con la ley de financiamiento se busca completar el PGN tendiente a lograr el plan de reactivación que dentro de sus componentes tiene: (i) acelerar la transición energética justa; (ii) pulsar la transformación productiva verde; (iii) a reducir la desigualdad, y (iv) garantizar la estabilidad macroeconómica. No obstante, ¿cómo será posible lograr una reactivación económica cuando producto de una futura reforma tributaria se generará una reducción de ingresos en los hogares y se disminuye el presupuesto para inversión en un 17.4% comparado con el 2024?, porque tal como está resaltado líneas arriba, el recaudo tributario se pretende realizar también para “provocar efectos multiplicadores sobre la actividad productiva mediante la inversión pública y privada” , pero si se busca multiplicar la actividad productiva con la inversión, ¿por qué se redujo este presupuesto para el año 2025?

Porque todo podría llegarse a leer muy lindo en el papel, pero con la idealización de recaudo que tiene el gobierno y la reducción de presupuesto para la inversión, en la realidad, podría llevarnos a una recesión económica y a un mayor índice de pobreza y desigualdad, logrando que, dentro de su discurso, la única protagonista sea la incongruencia.

Incongruencia porque es difícil entender que, con un mayor recaudo fiscal proveniente de una próxima ley de financiamiento que afecte el ingreso en los hogares, vuelve más compleja la subsistencia de las empresas y con un porcentaje reducido para la inversión comparado con el 2024, se busque cumplir con el PGN 2025, que dentro de sus pilares contempla disminuir la pobreza y la desigualdad y multiplicar la actividad productiva con la inversión.

En fin, como dice la juventud…la hipocresía.

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