El tinglado de trámites de concesiones mineras que se represa en la Agencia Nacional Minera, ANM, ya llega a las 8.406 solicitudes.

Sin embargo, un decreto firmado por los ministros de las carteras del Interior, Minas, Ambiente y Agricultura a finales del año pasado podría ser la clave para solucionar este cuello de botella, en las próximas semanas.

Y es que la razón por la cual se acumularon tantos trámites tuvo que ver con que en marzo del año pasado la Corte Constitucional, con la sentencia C-123, pidió a las autoridades mineras del país incluir en el proceso para tramitar autorizaciones de exploración o explotación minera la formulación de un acuerdo con las autoridades locales para definir, con ellas, las medidas necesarias para la protección del ambiente.

Pero el 23 de diciembre del año pasado fue publicado el decreto 2691, con el que se creó un mecanismo para desarrollar este tipo de acuerdos con las autoridades municipales.

Ahora bien, aunque ya existe el procedimiento, no se ha reactivado aún la gestión de estos trámites represados en la Agencia. Portafolio intentó comunicarse con la entidad para conocer las razones de esta situación, sin embargo, no fue posible obtener una respuesta oficial.

No obstante, fuentes cercanas a la Agencia aseguran que en este momento se están afinando los detalles para reactivar la diligencia de las solicitudes en cuestión de semanas.

Pero no será fácil. Para dimensionar la magnitud del asunto, hay que decir que cuando la ANM entró en operación, en el 2012, se tenían 19.629 solicitudes mineras represadas.

La entidad tardó más de dos años en salir del 80 por ciento de estas solicitudes (15.514 trámites), esto sin tener en cuenta que todos los días entran nuevas peticiones al sistema.

Para el experto del sector minero, Eduardo Chaparro Ávila, el Gobierno se demoró en sacar esta reglamentación y el represamiento de los trámites en la agencia estimula la actividad ilegal.

“Con esta parálisis en el sistema se frena la exploración, se estimula la ilegalidad (porque ante la demora para realizar el trámite algunos deciden explotar de todas formas sin autorización) y se generan una serie de situaciones que se agravan con el tiempo. Ahora se tiene que negociar con los municipios, y no tengo muy clara la capacidad del Ministerio o de la Agencia para atender estos procedimientos”, señaló el analista, adscrito a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi.

De acuerdo con el procedimiento fijado en el decreto 2691, los concejos municipales podrán solicitar medidas de protección para prohibir las actividades mineras en los territorios de su jurisdicción, siempre y cuando esta petición esté sustentada por estudios técnicos que debe presentar el municipio y vayan en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial.

El decreto también explica que el nuevo procedimiento aplica solo para las solicitudes que se presenten después de la fecha de publicación del decreto (23 de diciembre).

Las que se hayan radicado antes la ANM deberá decidir, pero teniendo en cuenta los acuerdos que se logren entre el Ministerio de Minas y Energía y los municipios.
LOS PLAZOS

Según el decreto 2691, los municipios tienen hasta marzo para enviar al Ministerio las solicitudes de declaración de zonas excluidas de la Minería.
La cartera tendrá 10 días hábiles para confirmar el recibido y si la solicitud no cumple con los requisitos pasará a estudio de la autoridad competente, que tendrá 20 días (prorrogable por 20 más) para resolver si aprueba la exclusión solicitada por la autoridad municipal.

CIFRAS DE LA DESCONGESTIÓN

19.629: trámites de concesiones tenía la ANM cuando fue creada, es decir en el 2011.

7.066: trámites de concesiones tenía la Agencia en mayo del 2013. En ese entonces había avanzado la descongestión.

8.406: trámites de concesiones se aumentó el número después de casi 10 meses de freno a los trámites.

tomado de:https://www.portafolio.co/economia/decreto-agiliza-lincencias-mineras