El documento reitera que la reforma grava más las rentas del trabajo que las rentas de capital, lo que golpea a la clase media. La Contraloría señala que “la tarifa nominal de los asalariados es mayor que la de los rentistas de capital”, discriminación “que no es abordada debidamente en el proyecto”.
Respecto al impuesto de renta de las empresas, además de la crítica que hizo la Contraloría en su primer análisis a la reducción que se les hace en 6,3 billones de pesos, el estudio plantea que se deben restringir los beneficios tributarios de las grandes compañías. La Contraloría considera que se deben “desmontar deducciones y exenciones injustificadas social y económicamente, como a introducir la progresividad de tarifas impositivas”. Además, “llama la atención a la necesidad de realizar importantes ajustes al régimen tributario de empresas del sector minero”, pues considera que estas compañías no están pagando lo que deberían pagar.
Sobre el impacto de la reforma en el ICBF y el SENA, la Contraloría reitera el riesgo en el que se encuentra el financiamiento de ambas entidades, al advertirle al Congreso que debe evaluar la posibilidad de elevar la tarifa del CREE del 8 al 11 por ciento, “mientras la economía siga transitando la fase de crecimiento”, pues considera que la tarifa del 8% no es suficiente.
En cuanto a los cambios en el IVA y la creación del impuesto al consumo, el estudio reitera lo señalado en el anterior documento, al señalar que “las modificaciones propuestas al IVA en la reforma tributaria no generarían un cambio sustancial en el efecto regresivo que tiene este tributo en la actualidad”.
Por último, la Contraloría advierte que el gobierno no ha suministrado las cifras sobre el impacto de la reforma en el recaudo, por lo que “resulta trascendental que se conozca el carácter neutral del PROYECTO DE REFORMA TRIBUTARIA en términos de no incremento del déficit estructural”.
Tomado de: radiosantafe.com
