Con una evidente tensión entre Gobierno y Congreso, ocasionada por el hundimiento de la polémica reforma a la justicia, asumió el 3 de septiembre como ministro del Interior Fernando Carrillo, quien tenía como prioridad recomponer esas deterioradas relaciones. 

Hoy afirma que con base en el diálogo se logró sacar adelante la agenda legislativa, y aunque reconoce como legítimas las solicitudes de los parlamentarios en inversión en sus regiones, dice que no fue un mecanismo de negociación del Ejecutivo.

No obstante, asegura que todo está aún en juego y el futuro de la paz, la reparación de las víctimas y hasta una eventual reelección del presidente Juan Manuel Santos dependen de la capacidad de ejecución del Gobierno.

Esta legislatura empezó con un claro divorcio entre Gobierno y Congreso, ¿cuál es el balance al cerrar el semestre?

Es cierto, comenzó con esa herida, pero se fue cerrando con el diálogo. Contra todos los pronósticos y malos augurios, la legislatura termina bien: aprobamos leyes muy importantes en materia política, económica, social y de descentralización.

Este es un gobierno que no atropella y que no maltrata.

¿No será que en la mejora de esas relaciones tuvo que ver la cifra récord de inversión que anunció el Gobierno?

Acá se trata de hacer política decente, que no haya imposiciones. En el caso de la reforma tributaria, pudimos demostrar los beneficios, independiente de las solicitudes legítimas de los parlamentarios frente a sus regiones.

Lo que pasó en el cierre legislativo fue un diálogo de altura donde no hubo una micronegociación, ni compra de ninguna naturaleza.

Habla de descentralización, pero uno ve un Estado centralista en el presupuesto y la inversión, a través de las reforma a las regalías...

Acá se trató de ignorar la dimensión política de lo que significa la descentralización de las regalías. Eso es un error, las regalías no son solo un instrumento de carácter económico.

Son también un instrumento que está inmerso en el corazón de la política local. Claro, hubo una gran molestia entre los gobernadores por el poder de veto que se le entregó al Gobierno, pero lo vamos a ejecutar conjuntamente con ellos, salvo situaciones excepcionales. Lo que sí consideramos es que es necesario garantizar que se hagan bien las inversiones.

¿Cuáles van a ser las prioridades del debate político en 2013?

El código electoral, que busca modernizar toda la organización y funcionamiento del sistema. El código de convivencia, que es clave para una Colombia que está construyendo caminos de paz.

En materia de justicia, será radicado el estatuto penitenciario y el estatuto de drogas. Y está la ley de consulta previa, que se ha convertido en cuello de botella y tiene frenadas iniciativas muy importantes.

¿Se va a necesitar una reforma política? Porque hay más de cuatro partidos que podrían desaparecer con el aumento del umbral...

Así es. Hay partidos preocupados por temas de supervivencia electoral. Para hablar de estos temas debemos convocar también a la oposición, incluyendo a la Marcha Patriótica.

Ellos también merecen reglas claras de juego para garantizar la participación. Vamos a trabajar en el estatuto de la oposición y si es necesario haremos una reforma política para unas nuevas reglas de juego.

Usted es el encargado de defender a las minorías. ¿Va a apoyar la reglamentación del matrimonio entre parejas del mismo sexo?

La línea es la defensa de los derechos. El presidente ha dicho que su carta de navegación es la Constitución del 91 y lo que establezca la Corte Constitucional.

En materia de eutanasia vamos a acogernos a lo que ha planteado la Corte y frente al matrimonio gay vamos a estar en la defensa de los derechos de las minorías, viendo de qué manera se puede ajustar a la tradición jurídica del país.

Viene el estatuto de drogas y el presidente Santos también ha venido planteando la necesidad de reevaluar la política antidrogas. ¿Estamos hablando de legalización?

El presidente ha sido claro al plantear que esto debe ser un debate global. Estamos esperando un estudio del Observatorio Interamericano sobre Drogas de la OEA, porque es claro que estamos dando pasos pequeños a nivel local y las grandes definiciones se darán en los escenarios internacionales.

¿Y la agenda para la paz?

Estamos abriendo espacios a todos los líderes de oposición. Los nuevos liderazgos en Colombia están del lado de las víctimas. Hemos roto con la estigmatización y ahora ellos exigen aterrizaje político.

Nuestra responsabilidad es allanar el camino de la participación política, siempre y cuando estén del lado de la legalidad.

¿Puede el Gobierno garantizar que no se darán los crímenes del pasado para quienes dejen las armas?
Esa nuestra prioridad. El genocidio que se dio con la Unión Patriótica jamás puede repetirse.

Usted ha tenido que caminar el país con la implementación de la Ley de Víctimas ¿Cómo va ese proceso?
Ese es el reto más importante para el Estado en 2013. Debemos demostrar que les vamos a cumplir a las víctimas. No gratuitamente este es un punto trascendental de la mesa de diálogo en La Habana.

¿2013 será el año en el que el Gobierno se juega su credibilidad y la reelección?

Para el presidente Santos la reelección es una opción, no una obsesión. Por ahora vamos a seguir cumpliendo y debemos tener mayor efectividad en los resultados y en la forma de darlos a conocer.

Sin duda, por lo que representa recoger lo que se ha sembrado en estos dos años y por el diálogo en La Habana, el próximo será un año trascendental.

El tema de San Andrés ha sido el que más ha impactado en la opinión pública, ¿se manejó mal?
Se debió hacer mayor énfasis en los derechos de los raizales. El fallo de La Haya es de un derecho internacional anacrónico, que redibujó las fronteras y se olvidó de quienes viven en ellas.

Ese es el error de La Haya, pero ¿y el del Gobierno?

Se hizo una defensa ponderada pero esta variante, que fue por donde se vulneraron los derechos de los raizales, fue lamentablemente un espacio donde la argumentación nuestra debió haber sido más fuerte.

Tomado de:elespectador.com