Fuente: https://www.asuntoslegales.com.co/consultorio/una-nueva-era-para-la-insolvencia-en-colombia-4066781
La reciente sanción de la Ley 2437 de 2024 marca un hito en el marco jurídico colombiano, consolidando medidas que buscan fortalecer la estabilidad empresarial y proteger los derechos de los acreedores en procesos de insolvencia. Esta legislación, que otorga carácter permanente a disposiciones adoptadas durante la pandemia, responde a un contexto económico donde las solicitudes de insolvencia han mostrado un incremento significativo.
Según datos de la Superintendencia de Sociedades, en 2023 se registraron 4.471 empresas acogidas a la Ley de Insolvencia, lo que representa un aumento de 16% respecto al año anterior. La variación para el 2024 es aún más alarmante, con un incremento de 24% en el número de solicitudes para acogerse a la Ley de Insolvencia. Entre otras razones, este incremento encuentra su explicación en una inflación persistente y las altas tasas de interés que incrementaron la estructura de costos en las empresas; la depreciación del peso colombiano frente al dólar y su impacto sobre sectores dependientes de insumos extranjeros; una alta incertidumbre política y económica que generó cautela en la inversión extranjera directa; y una sequía prolongada que afectó la producción agrícola y la generación hidroeléctrica.
El incremento en el número de empresas en insolvencia puede generar efectos económicos significativos y de amplio alcance, como provocar contracciones en el empleo debido al cierre de operaciones o la reducción de personal, una disminución en la productividad y la competitividad de sectores clave; y la acumulación de créditos incobrables eleva el riesgo de cartera, lo que puede restringir el acceso al crédito, encarecer las tasas de interés y generar retrasos o pérdidas en los pagos a proveedores, propagando el impacto financiero a lo largo de las cadenas de suministro. Por esta razón, resulta de la mayor relevancia la intervención del legislador para mitigar estos impactos.
La Ley 2437 de 2024 compila y otorga vigencia permanente a los Decretos Legislativos 560 y 772 de 2020, así como a los Decretos Reglamentarios 842 y 1332 del mismo año, que establecían medidas transitorias en materia de insolvencia empresarial. Entre las disposiciones más destacadas se encuentra la posibilidad de levantar embargos sobre bienes no sujetos a registro con la sola admisión del deudor en un proceso de insolvencia. Esta medida, anteriormente limitada a deudores afectados por la pandemia, se extiende ahora a todos los deudores que se acojan a los procesos de insolvencia bajo la Ley 1116 de 2006 y sus normas concordantes.
La medida de levantamiento de embargos puede significar una oportunidad para facilitar la recuperación de las empresas en dificultades, al permitirles una mayor cantidad de recursos para lograr su recuperación financiera. Más aún, les aligera las cargas asociadas a iniciar el concurso, al eliminar la obligación de agrupar los procesos ejecutivos en los cuales estuviera comprometida en el proceso marco de insolvencia, ejercicio complejo y demandante en tiempo.
Sin embargo, plantea desafíos para los acreedores cuyas acreencias únicamente se respaldaban en la existencia de un título ejecutivo, pues quedan con menores protecciones legales y margen de negociación para el pago de sus acreencias. Por esta razón, a la luz de esta nueva norma, resulta de la mayor importancia que los acreedores de empresas que atraviesan dificultades financieras diseñen estrategias claras y eficientes para garantizar la recuperación de sus créditos, fortaleciendo las garantías asociadas a sus acreencias. La implementación de cláusulas contractuales robustas y la adopción de directrices precisas serán esenciales para mitigar riesgos y mantener la confianza en las relaciones comerciales.
Por otra parte, la nueva ley también promueve el uso de herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial en el desarrollo operativo de los procesos de insolvencia. Esta innovación busca agilizar procedimientos, reducir la intervención judicial y fomentar soluciones directas entre acreedores y deudores, alineándose con las tendencias globales de digitalización en la administración de justicia.
La Ley 2437 de 2024 representa un avance significativo en la legislación colombiana en materia de insolvencia empresarial, implementando como legislación permanente las directrices y los instrumentos encaminados a la preservación de la empresa y el empleo, surgidos de la experiencia de la pandemia. Para los acreedores, esta normativa resalta la importancia de fortalecer las garantías asociadas a sus créditos y de mantenerse actualizados sobre las herramientas legales disponibles para proteger sus intereses en un entorno económico dinámico.