Dicen que un gran poder siempre conlleva una gran responsabilidad y no existe mayor certeza, que las responsabilidades nacen para ser cumplidas. Dicho refrán popular no es más que el resumen de la materialización de las nuevas responsabilidades que Colombia tuvo que asumir con su entrada en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), algún tiempo atrás.
Cuando se pensó en vincularse se sabía que vendrían responsabilidades de las que el gobierno colombiano no podría escapar. Una de esas cuentas pendientes estaba relacionada con un cambio trascendente en la estructura fiscal del país. De esta manera, el gobierno entrante, conociendo y reconociendo los compromisos internacionales previamente pactados, propende por una reforma tributaria que hace eco a las recomendaciones que la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios entregó el pasado mes de marzo.
Acorde a dicho análisis, la Comisión expresa que el sistema local no está alineado con las buenas prácticas internacionales, pues la base es muy reducida, y se enmarca en un sistema complejo, injusto y con una economía informal amplia, llena de exenciones y beneficios sectorizados.
De esta manera y conforme al proyecto de reforma tributaria presentado por el ministro Ocampo, no es sorpresivo que estemos ante la despedida de importantes beneficios tributarios.
El adiós al beneficio de renta exenta para el agro colombiano es solo una de las grandes pérdidas que nos deja el proyecto. Dicho beneficio, consagrado en el numeral 2 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario, estimaba como renta exenta por 10 años aquellas que, cumpliendo unos requisitos que la misma ley define, incentivaran el agro en Colombia.
Por otra parte, también nos despedimos de la economía naranja. Este mecanismo que el Gobierno Nacional había implementado buscaba el desarrollo del sector con industrias de valor agregado tecnológico, actividades creativas y la cultura, para de esta forma incentivar la reactivación económica de estas áreas, las cuales podían tener una exención de renta por un periodo de siete años para todas las empresas que cumplieran los requisitos.
La eliminación de los mencionados beneficios y de otros tantos que consagra el proyecto buscará subsanar los resultados obtenidos para la vigencia fiscal de 2021. De esta forma, se estima que los ingresos que se dejaron de percibir en aplicación de deducciones, exenciones y tratamientos tributarios especiales, se encuentran representados en $92,2 billones, según las cifras recientemente presentadas por el Ministerio de Hacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Así, “la despedida” de varios beneficios tributarios busca evitar que el Estado asuma el elevado costo fiscal de los tratamientos preferenciales que para el año 2021 fueron equivalentes a 7,8% del PIB. Este porcentaje resulta ser mucho más cuantioso que todo el déficit fiscal de la Nación en 2022, el cual, según las nuevas proyecciones del Ministerio de Hacienda en el Marco Fiscal, será de 5,6% del PIB.
De esta manera con la sepultura de los beneficios y tratamientos sectorizados se levanta la bandera de un nuevo modelo de recaudo, en el que se buscará la eliminación progresiva de las gabelas fiscales y un modelo de fiscalización más cercano al modelo propuesto por la Ocde.
Sin duda alguna Colombia pierde beneficios importantes que impulsaban la formalidad, generación de empleo y la creación de empresa nacional y le apuesta al recaudo masivo y la recuperación del fisco.
Esperemos la cura no sea peor que la enfermedad.
Publicado por: Asuntos Legales
