En la era digital, proteger los derechos de autor se ha vuelto clave debido a la rápida expansión del contenido en plataformas de streaming, entendido como la transmisión de contenido multimedia en tiempo real a través de internet, sin necesidad de descargarlo previamente. Sin embargo, este crecimiento también plantea desafíos, ya que el enorme volumen de obras en línea exige sistemas de protección más efectivos.
En Colombia, la Ley 23 de 1982, alineada con la Decisión Andina 351 de 1993, establece normas para proteger los derechos de los autores y regular los derechos conexos. Estas leyes garantizan tanto los derechos morales como patrimoniales, estableciendo excepciones y promoviendo la gestión colectiva de derechos. A nivel internacional, el Convenio de Berna sigue siendo un pilar fundamental, basado en tres principios clave: protección automática, trato nacional e independencia de protección. Además, reconoce los derechos morales, como la paternidad e integridad de la obra, así como el derecho de transformación, que incluye la reproducción, traducción y comunicación pública de la misma.
En el ámbito digital, la Dmca (Digital Millennium Copyright Act) en EE.UU. resulta esencial para la protección de los derechos de autor en plataformas de steaming, puesto que introdujo el mecanismo de "takedown", permitiendo la eliminación de contenido no autorizado y proporcionando herramientas para combatir la piratería. Sin embargo, su aplicación no siempre es justa, ya que ha sido utilizada para censurar contenido o presentar reclamos abusivos.
Plataformas como YouTube y Spotify han desarrollado sus propios sistemas de protección. YouTube emplea Content ID, un sistema que compara videos subidos con una base de datos de contenido protegido que se consolida con las piezas suministradas por los mismos autores. Esto permite a los titulares monetizar, bloquear o rastrear su material, aunque el sistema ha sido criticado por generar reclamos erróneos que afectan a creadores que hacen uso legítimo del contenido, como en casos de uso justo o licencias compartidas.
Spotify, en cambio, funciona mediante un modelo de licenciamiento de los derechos de autor y conexos sobre la música, asegurando que los contenidos cuenten con los permisos adecuados. Sin embargo, los artistas independientes enfrentan dificultades para reclamar sus derechos sin el respaldo de grandes discográficas. Además, han surgido empresas que presentan reclamos automatizados sin derechos legítimos sobre el contenido, lo que ha llevado a la monetización indebida de obras ajenas. También se han denunciado eliminaciones de música sin previo aviso, dejando a los artistas sin acceso a ingresos y sin una vía clara para apelar.
A pesar de los avances en regulación y en las herramientas de protección, persisten problemas como el uso indebido de Content ID y la Dmca para censurar contenido, las dificultades de los creadores independientes para hacer valer sus derechos y la falta de mecanismos eficaces para resolver disputas digitales. Resultando necesario adaptar la normativa a la realidad digital para evitar abusos y brindar mayor seguridad y transparencia a los creadores.