(El Espectador) Ante la diversidad de entidades que supervisan a los evaluadores, es urgente que la SIC asegure que los autorreguladores del mercado desarrollen correctamente sus funciones.
Por primera vez en la historia, el Plan Nacional de Desarrollo incluye ítems específicos que hacen que los avalúos adquieran una dimensión que no tenían en ninguna de las cartas de navegación de los gobiernos anteriores. Los avalúos pasaron de estar enfocados en los proyectos de 4G y las obras de infraestructura, a ser fundamentales para el desarrollo de la economía naranja y la actualización catastral del país.
Los avalúos también se convierten en uno de los factores de éxito de la ley de financiamiento y de la correcta aplicación de las normas NIIF, las cuales exigen que el avalúo de los activos fijos y los activos productivos obedezcan a la realidad de mercado. La razón es clara: si se subvaloran implican un menor recaudo de impuestos. Pero si se sobrevaloran pueden dar lugar a una distorsión en los niveles de riesgo y cupos de endeudamiento.
En la práctica, un buen avalúo debería permitir que existan alertas sólidas para la lucha contra la corrupción, para asegurar que sean reales los valores de los inmuebles de las personas y los activos de las compañías, como marcas, patentes y demás intangibles que estén involucrados en su operación, y que se pueda obtener financiación a través de ellos.
Antes de 2013, el Estado no tenía cómo controlar esta actividad. Pero con la Ley del Avaluador y la creación del Sistema de Autorregulación en materia valuatoria, quedó con dientes para regular este sector, a través de la creación de una figura similar al autorregulador del mercado de valores. Se trata de las entidades reconocidas de autorregulación (ERA), que tienen como funciones registrar, supervisar y disciplinar a los avaluadores del país que violen el código de ética de la actividad.
Oportunidad de oro
A diferencia de lo que sucede en el mercado de valores, donde existe un solo autorregulador, el Congreso permitió la creación de múltiples ERA. La primera en entrar a operar fue el Autorregulador Nacional de Avaluadores (ANA), que fue autorizada para entrar en operación, y desde 2016 tiene registrados más de 2.900 avaluadores en 13 especialidades. En esta entidad participan distintos gremios, como la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Sociedad Colombiana de Economistas, la Sociedad Colombiana de Avaluadores, el Registro Nacional de Avaluadores, Fedelonjas y 12 lonjas de propiedad raíz regionales.
Ante la diversidad de criterios que pueden tener las entidades que supervisan a los avaluadores, es urgente que la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que inspecciona y vigila a las ERA, asegure que estas desarrollen correctamente las funciones a su cargo. Solo así será posible prevenir efectivamente el riesgo social que la actividad representa, así como la garantía del patrimonio de los colombianos y del Estado.
Por su parte, las ERA son responsables de verificar que los avaluadores fueron formados en los conocimientos específicos para cada una de las 13 categorías que existen y que van a desempeñar a cabalidad sus funciones de supervisión y control de las personas que inscriban en el Registro Abierto de Avaluadores.
La SIC tiene un papel fundamental a la hora de defender a los usuarios de avalúos. En esa misma línea, y con un mercado correctamente supervisado y vigilado, la Superintendencia de Sociedades tendrá herramientas eficaces para garantizar la correcta aplicación de las NIIF y el Gobierno en general, para luchar contra la corrupción.
Por estas razones, entre otras, los colombianos podrán tener la tranquilidad sobre el verdadero valor de sus activos y los activos del Estado.
Obtenido de: El Espectador
