Término legal para calificar contingencias de orden laboral no puede estar sujeto a investigación penal

Como fundamento a su oposición, señaló lo siguiente:

“Dadas las caracterísitcas de muerte violenta, el trámite de reconocimiento implica varias diligencias adicionales de carácter legal – penal para el reconocimiento del derecho, no dependientes de la Compañía de Seguros de Vida Aurora S.A. – A.R.P. sino del proceso penal como tal.

El estudio de benediciarios en este caso, es más exhaustivo ya que debe verificarse la existencia o no de otros beneficiarios, teniendo en cuenta el carácter de compañera permanente de la Sra. Marleny Ramírez.

Efectivamente, con igual derecho a reclamar la pensión se presentó la Sra. Josefina Posada Lopera, identificada con la C.C. No. 22.187.821 de Valdibia (Ant) en representación de sus hijas Erika Yuliana Hernández Posada y Daniela Hernández Posada como beneficiarias de la pensión de sobrevivientes en calidad de hijas legítimas del Sr. Carlos Enrique Hernández Mora, según consta en los registros civiles correspondientes, los cuales anexan.

Ante esta disyuntiva y en tanto las partes involucradas en la reclamación procedan a definir ante la autoridad judicial competente, los derechos que le corresponde a cada una, la Compañía de Seguros de Vida Auroraa S.A. – A.R.P. procedió a efectuar la reserva contable y financiera de las mesadas incurridas y causadas: marzo, abril, mayo y junio de 2003.  Nuestra compañía no puede actuar irresponsablemente desembolsando la totalidad de las mesadas a la Sra. Marleny Ramírez desconociendo los probables derechos de las hijas de la Sra. Josefina Posada.Sugerimos a las partes dirimir esta controversia mediante alguno de los instrumentos de conciliación previsto por la ley.

Para el reconocimiento del auxilio funerario, en los términos establecidos por el Sistema General de Riesgos Profesionales, la Sra. Ramírez sólo adjuntó una nota de crédito de la funeraria San Vicente, la cual no reúne los requisitos de la factura de venta establecidos por la DIAN.  Cabe anotar, que conforme a lo estipulado por la ley 776702 de Riesgos Profesionales, el auxilio funerario se le reconoce a la persona que demuestra haber incurrido en los gastos y no necesariamente a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes.  Una vez se demuestre lo anterior, la Compañía procederá a efectuar el desembolso conforme a los montos establecidos por la ley de riesgos profesionales”.

2. Decisión Judicial que se revisa.

El Juzgado Treinta Penal Municipal de Medellín, mediante Sentencia proferida el diez (10) de julio de 2003, denegó la tutela interpuesta con base en las siguientes consideraciones:

Estimó el a-quo, que a la accionante le asisten otras vías judiciales para reclamar lo que por derecho le pueda corresponder.  Consideró que en tanto la accionada manifiesta que se están haciendo los trámites para poder otorgar la pensión de sobrevivientes y dado que se presentó a reclamar la pensión, la señora Josefina Posada en favor de sus hijas, se debe establecer el derecho que corresponda a los beneficiarios, por lo que encuentra que la demandada no ha vulnerado ningún derecho fundamental.

Frente al auxilio funerario, el juez de instancia observó que la acción de tutela no es la vía para cobrar tales dineros.

Finalmente, se apoya en el decreto 1703 de 2002 (artículos 10 y 12) sobre la desafiliación del sistema de salud por la falta de reporte del fallecimiento del cotizante.

3.  Material probatorio aportado al proceso.

En el expediente obran las siguientes pruebas que son relevantes en la presente causa:

III. PRUEBAS SOLICITADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL.

Con el objeto de verificar los supuestos de hecho que dieron origen a la acción de tutela de la referencia, se ordenó mediante auto de 4 de noviembre de 2003 proferido por la Sala Quinta de Revisión, oficiar a los Gerentes de la Compañía de Seguros de Vida Aurora S.A.-A.R.P. y la Empresa de Transportes Aranjuez, así como a la señora Marleny del Socorro Ramírez Mejía, para que informen sobre los asuntos que a continuación se señalan:

i)  Al representante legal de la “Compañía de Seguros de Vida Aurora S.A.-A.R.P.”, se le solicitó expusiera las razones por las cuales ha negado el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y el pago del auxilio funerario reclamados por la señora Marleny del Socorro Ramírez Mejía en su condición de compañera permanente del señor Carlos Enrique Hernández Mora; así mismo se le solicitó señalara por qué razón la información suministrada en el Reporte Unico de Accidente de Trabajo, no contiene los elementos suficientes para calificar la contingencia reportada y establecer el derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solicitada por la accionante.

ii)  Por su parte, al representante legal de la “Empresa de Transportes Aranjuez Santa Cruz S.A.” se le solicitó informara si el señor Carlos Enrique Hernández Mora laboraba en esa empresa, indicando desde cuándo, el cargo que desempeñaba, las funciones asignadas y su horario de trabajo.  De igual manera, debía informar bajo qué circunstancias de modo, tiempo y lugar sucedieron los hechos que llevaron al deceso del señor Hernández Mora, especificando si en el momento de ocurrido su fallecimiento, éste se encontraba cumpliendo con las funciones a él asignadas.  Finalmente, se le solicitó que señalara cuánto tiempo después de ocurridos los hechos, la empresa Transportes Aranjuez, reportó lo sucedido a la “Compañía de Seguros de Vida Aurora S.A.-A.R.P.” y las razones que llevaron a la empresa que representa a informar del siniestro a la citada A.R.P..

iii)  Por último, a la señora Marleny del Socorro Ramírez Mejía se le solicitó indicara si tenía la condición de compañera permanente del señor Carlos Enrique Hernández Mora, desde cuando hizo vida en común con éste y quién puede dar crédito de ello.  Igualmente se le pidió declarara bajo qué circunstancias falleció el señor Hernández Mora, si al momento de su deceso cumplía funciones propias de su trabajo como empleado de la empresa Transportes Aranjuez y si tiene conocimiento del inicio de alguna investigación penal con ocasión de la muerte del señor Hernández Mora, indicando cuál autoridad está conociendo de dicho proceso y en qué estado se encuentra el mismo.

En respuesta a los cuestionamientos formulados por la Sala, se allegaron las siguientes declaraciones:

i) La “Compañía de Seguros de Vida Aurora S.A.-A.R.P.” mediante oficio GRS-544/2003 de 7 de noviembre de 2003 respondió a las preguntas formuladas por la Corte en idénticos términos a la contestación de la demanda de tutela ante el juez de instancia, por lo cual es del caso remitirse a la cita realizada en el acápite respectivo.

En todo caso, es pertinente relacionar los documentos relevantes que aportó en ésta oportunidad:

ii)  El representante legal de la empresa “Transportes Aranjuez Santa Cruz S.A.”, informó lo siguiente:

“El señor CARLOS ENRIQUE HERNÁNDEZ MORA, laboraba al servicio de la señora Gloria Bustamente, propietaria de varios vehículos afiliados a la empresa que represento desde enero de 2001, con varios contratos que fueron terminados y renovados en diversas ocasiones de común acuerdo entre patrono y empleador, desempeñando el oficio de conductor con un horario de trabajo variable dependiendo de los turnos asignados.

El día 05 de marzo de 2003, el señor Hernández Mora se encontraba cumpliendo con sus labores, conduciendo el vehículo de placas TKB670 cuando a la altura de la carrera 48 con calle 104, barrio santa Cruz comuna nororiental de Medellín, fue muerto en circunstancias que son motivo de investigación por parte de la Fiscalía Seccional de Medellín y que son desconocidas para la empresa.

Después de ocurridos los hechos, la empresa dio aviso inmediato a la cooperativa PROGENTE a través de la cual los propietarios de la sociedad tienen la afiliación al sistema de Seguridad Social y Riesgos Profesionales.  La Cooperativa entonces procedió a remitir la documentación requerida por la A.R.P. Aurora a la que se encontraba afiliado el occiso, según consta en comunicación recibida por dicha entidad el 19 de marzo de 2003.

Por indicación de la Cooperativa PROGENTE, se procedió al trámite del aviso y la reclamación respectiva ante la Compañía de Seguros de Vida Aurora S.A. A.R.P. ya que era ésta, dadas las circunstancias en que se produjo la muerte del señor Hernández Mora, quien debía asumir la correspondiente indemnización”

Las pruebas relevantes que aportó al proceso, son las siguientes:

iii)  La señora Marleny del Socorro Ramírez Mejía remitió a ésta Corporación declaración extrajuicio de 28 de noviembre de 2003, mediante la cual dio respuesta a las preguntas formuladas por la Sala, en los siguientes términos:

“Manifiesto bajo la gravedad de juramento que conviví en unión marital de hecho desde el año 2000, hasta el momento de su fallecimiento con el señor Carlos Enrique Hernández Mora, quien falleció el 5 de marzo del 2003, por muerte violenta.  Además que laboró durante cinco años más o menos con la empresa Transportes Aranjuez hasta la fecha de su muerte.  Además por el conocimiento que tengo puedo decir que lo mataron por no dejar subir unos jóvenes por la puerta trasera del bus, esperando así a la bajada del recorrido de la ruta para matarlo, cayendo dentro del mismo vehículo, aproximadamente a las 3:00 de la tarde”

IV. FUNDAMENTOS JURIDICOS

4.1.   Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9° de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, es competente para revisar el fallo de tutela de la referencia.

4.2.  Problema jurídico.

La Corte debe establecer si se vulneran los derechos fundamentales de petición, debido proceso, seguridad social, mínimo vital, los del menor y la protección especial que se debe a las personas en situaciones de debilidad manifiesta por parte de una Administradora de Riesgos Profesionales, al detener el proceso de calificación del origen del accidente que ocasionó la muerte de un trabajador y en consecuencia el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes reclamada por su núcleo familiar, amparada en la imposibilidad de resolver las peticiones respectivas hasta tanto termine el proceso penal en el cual se investiga la muerte violenta del trabajador y se defina ante autoridad judicial competente o conciliación los derechos de cada uno de los beneficiarios que se presentan a reclamar la pensión.

Una vez identificado si existe vulneración a los derechos citados, ésta Sala habrá de determinar si la acción de tutela es procedente para ordenar el reconocimiento en favor de la demandante y su núcleo familiar del derecho a la pensión de sobrevivientes y el auxilio funerario.

4.3  Calificación del origen del accidente de trabajo, enfermedad profesional o muerte en el Sistema de Riesgos Profesionales.

Uno de los componentes del Sistema General de Seguridad Social es el Sistema de Riesgos Profesionales, el cual se encarga de prevenir, proteger y atender a los trabajadores ante las contingencias generadas por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, cubriendo las prestaciones asistenciales y económicas que demande su protección[1].

Así, el artículo 1 de la ley 776 de 2002 en su primer inciso señala:

“Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales que, en los términos de la presente ley o del Decreto - ley 1295 de 1994, sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o como consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este Sistema General le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas a los que se refieren el Decreto - ley 1295 de 1994 y la presente ley”.

Este sistema opera a través de las Administradoras de Riesgos Profesionales (A.R.P.), quienes como su nombre lo indica, se encargan de la administración del sistema, que conlleva fundamentalmente a la afiliación de los trabajadores dependientes por parte de sus empleadores, el manejo de sus aportes y el reconocimiento de las prestaciones asistenciales[2] y económicas[3] a que haya lugar con ocasión de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, en los términos del artículo 80 del Decreto 1295/94.

En éste punto, es del caso señalar que previo a que la Administradora de Riesgos Profesionales proceda a realizar el reconocimiento y pago de las prestaciones asistenciales y económicas, debe existir la calificación del origen de la enfermedad, accidente o muerte, a efecto de determinar si la contingencia es de origen profesional, pues de no ser así, y tratándose de origen común, tal responsabilidad deberá ser asumida por la Entidad Administradora de Pensiones correspondiente.

No son accidentes de trabajo, en cambio:

“a) El que se produzca por la ejecución de actividades diferentes para las que fue contratado el trabajador, tales como labores recreativas, deportivas o culturales, incluidas las previstas en el artículo 21 de la ley 50 de 1990, así se produzcan durante la jornada laboral, a menos que actúe por cuenta o en representación del empleador.

b) El sufrido por el trabajador, fuera de la empresa, durante los permisos remunerados o sin remuneración, así se trate de permisos sindicales”[4].

La Corte Constitucional se ha ocupado en reiteradas oportunidades, de señalar que el Sistema de Riesgos Profesionales se estructura bajo la teoría del riesgo creado, en virtud de la cual se configura una responsabilidad objetiva por la que el empleador o la Administradora de Riesgos Profesionales que recibe un aporte de aquel, se obligan a reparar los perjuicios que sufre el trabajador al desarrollar su labor en actividades en las que el empresario obtiene un beneficio [5].

Como se dijo, para que la Administradora de Riesgos Profesionales asuma tal responsabilidad, es definitiva la necesidad de establecer el origen de la contingencia, la cual tratándose de accidentes de trabajo se circunscribe básicamente a precisar si el siniestro ha ocurrido con causa o con ocasión del trabajo durante la ejecución de una orden del empleador o en cumplimiento de una labor bajo la autoridad de él, lo cual no se circunscribe necesariamente a las nociones de lugar de trabajo y jornada laboral, aunque si pueden resultar pertinentes al momento de realizar la calificación respectiva.  Así la Corte ha señalado:

“En lo que se refiere específicamente al accidente de trabajo las hipótesis previstas en los artículos 9 y 10 del Decreto Ley 1295  de 1994 buscan proteger al trabajador de los siniestros ocurridos “con causa o con ocasión” de las actividades laborales de las que el empleador obtiene provecho, actividades que pueden ser desarrolladas, bien en el lugar de trabajo o fuera de él o de las horas de trabajo  pero siempre con la intervención del empleador, que puede darse a través de ordenes (poder de subordinación) o mediante autorización de ciertas actividades (accidentes de trabajo por actividades deportivas por cuenta o en representación del empleador), o por asumir el transporte de sus trabajadores y el consecuente riesgo que se deriva de él”[6].

La calificación del origen de la contingencia debe realizarse de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 12 del Decreto 1295 de 1994[7] y el artículo 6 del Decreto 2463 de 2001[8], teniendo en cuenta que el término para resolver sobre la calificación es de treinta (30) días calendario, término en el cual se deberá cumplir con el procedimiento contemplado en estos artículos y comunicar la decisión sobre el origen de la contingencia al empleador, al trabajador y a los demás interesados.

El cumplimiento de éste término resulta fundamental e impostergable a efecto de proceder a la reclamación de la pensión de sobrevivientes ante la entidad que resulte responsable, según la calificación del origen de la contingencia resulte común o profesional.

Debe advertirse en todo caso, que cuando se desconoce el término legal existente para resolver sobre la calificación de la contingencia, y se niega terminantemente la realización del procedimiento respectivo, apoyado en procesos ajenos a la competencia de la A.R.P., es claro que se vulnera el derecho al debido proceso[9].

4.4  Requisitos para acceder al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.  Beneficiarios de la misma (compañera permanente e hijos menores de 18 años).

La Corte Constitucional tiene establecido que la pensión de sobrevivientes tiene por fin proteger a la familia que se ve desamparada por la muerte de quien proveía el sustento del núcleo familiar, entregando una prestación económica equivalente a lo que se dejó de percibir con ocasión del fallecimiento del causante.  Al respecto la Corte ha señalado que ésta pensión “busca impedir que, ocurrida la muerte de una persona quienes dependían de ella se vean obligados a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales de su fallecimiento. Nótese, que dicha prestación tiene por finalidad esencial, que los miembros de la familia no queden en el desamparo total cuando fallece quien contribuía a proveer lo necesario para el mantenimiento del hogar”[10].

Es por ello que la Corte ha considerado en reiteradas oportunidades que la pensión de sobrevivientes se constituye en un derecho de contenido fundamental, en tanto mediante ella se garantiza el mínimo vital de las personas que se encontraban al cuidado del causante.  Al respecto ha señalado:

“Ese derecho, para los beneficiarios es derecho fundamental por estar contenido dentro de valores tutelables: el derecho a la vida, a la seguridad social, a la salud, al trabajo. Es inalienable, inherente y esencial. Y, hay una situación de indefensión del beneficiario respecto a quien debe pagarle la mesada.[11]"

De conformidad con el artículo 11 de la Ley 776 de 2002 “por la cual se dictan normas sobre la organización y administración y prestaciones del sistema general de riesgos profesionales”, se establece que “si como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional sobreviene la muerte del afiliado, o muere un pensionado por riesgos profesionales, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes las personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y su reglamentario”.

De ésta manera el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, establece expresamente los beneficiarios que pueden acceder a la pensión de sobrevivientes, dentro de los cuales se encuentra la compañera permanente y los hijos menores de 18 años del causante.  En lo pertinente señala:

“Artículo 4735 Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;

c) Los hijos menores de 18 años; (…)”.

Por su parte, el artículo 8 del decreto 1889 de 1994 establece la manera en que ha de ser distribuida la pensión de sobrevivientes, teniendo en cuenta que en el evento de existir compañera permanente e hijos, la pensión se repartirá en partes iguales entre compañera e hijos, de la siguiente manera:

“La pensión de sobrevivientes se distribuirá, en los sistemas generales de pensiones y de riesgos profesionales, así:

1. El 50% para el cónyuge o compañera o compañero permanente del causante, y el otro 50% para los hijos de éste, distribuido por partes iguales.

A falta de hijos con derecho o cuando su derecho se pierda o se extinga, la totalidad de la pensión corresponderá al cónyuge o compañera o compañero permanente del causante con derecho.

A falta de cónyuge o compañera o compañero permanente o cuando su derecho se pierda o se extinga, la totalidad de la pensión corresponderá a los hijos con derechos por partes iguales (…).

4.5  Derecho de petición.  Término para resolver sobre el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

El carácter fundamental del derecho de petición[12] consagrado en el artículo 23 de la Carta permite a toda persona “presentar peticiones respetuosas ante las autoridades” – o ante las organizaciones privadas en los términos que señale la ley–, las cuales deben ser resueltas oportunamente, pues de lo contrario se violaría el núcleo esencial del derecho que apunta a obtener una pronta resolución por parte de las autoridades o particulares ante las cuales se interpuso la petición, teniendo en cuenta que tal respuesta debe ser de fondo y poseer las características de claridad y precisión[13].

La Corte ha señalado que de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte en materia de derecho de petición resumida en el fallo T-684 de 2001, MP: Manuel José Cepeda Espinosa, “cuando se trata de peticiones relacionadas con el reconocimiento o pago de pensiones, (i) la falta de respuesta de la entidad responsable, o (ii) la resolución de la cuestión mediante una respuesta que no sea oportuna, o (iii) que no haya sido expedida dentro de un plazo razonable, (iv) que no resuelva de fondo la cuestión, (v) que no sea clara, ni precisa ni congruente con lo solicitado, o (vi) que no sea notificada al peticionario, vulnera el derecho de petición”[14].

Por lo tanto es claro que la respuesta debe efectuarse dentro de un plazo razonable, “el cual debe ser lo más corto posible[15], pues prolongar en exceso la decisión de la solicitud, implica una violación de la Constitución”[16].

“El reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes por parte de la entidad de Previsión Social correspondiente, deberá efectuarse a más tardar dos (2) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho.”

Respecto a la importancia de la existencia de éste término la Corte se pronunció en sentencia de constitucionalidad C-1247/01 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, destacando lo siguiente:

“La potestad del legislador al establecer términos perentorios para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, lejos de desconocer el debido proceso lo garantiza, pues impone a las entidades de previsión social la obligación de actuar con eficiencia y eficacia en el trámite de reconocimiento de esa pensión, de tal suerte que los beneficiarios de dicha prestación puedan acceder con prontitud a la seguridad social y económica con que contaban en vida de la persona de la cual se deriva su derecho. Así, la potestad ejercida por el Congreso de la República, permite instrumentar con eficacia el servicio público de la seguridad social, tan caro al Estado social de derecho, de suerte que el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se encuentre alejado de la discrecionalidad de las entidades encargadas de reconocerla, que si bien puede no calificarse como arbitrariedad, no permite que las personas beneficiarias de la misma puedan predecir con exactitud cuando les será reconocida, a falta de una norma imperativa y objetiva que precise el ámbito de las obligaciones de las entidades de previsión social.

(…)

Precisamente, para la Corte, lo que se persigue con el señalamiento de plazos fijos y perentorios para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, es dar prevalencia a los principios y fines que consagran las normas superiores citadas. En efecto, el principio de solidaridad, consustancial al Estado social de derecho, tiene un reconocimiento expreso para la seguridad social (art. 48 C.P.). Por ello, la fijación de límites temporales para el reconocimiento de la pensión mencionada, impide que los beneficiarios de dicha prestación que dependían para su sustento de lo devengado por la persona fallecida, queden desprotegidos y, en la mayoría de los casos, sujetos a una serie de penurias y angustias para proveerse su subsistencia, debido a la ineficacia e ineficiencia de las entidades de previsión social, las cuales, además, en la mayoría de los casos, ya tienen los recursos apropiados para ese efecto”.

4.6  Procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes.

La Corte ha sido consistente en sostener que la acción de tutela es improcedente para obtener el reconocimiento de derechos pensionales (vejez, invalidez, sobrevivientes) pues por su naturaleza excepcional y subsidiaria, no puede reemplazar las acciones ordinarias laborales creadas por el legislador para resolver asuntos de naturaleza litigiosa.  Al respecto ha señalado:

“El reconocimiento y pago de prestaciones sociales de tipo económico, por la clase de pretensiones que allí se discuten, persiguen la definición de derechos litigiosos de naturaleza legal.

Resulta, entonces, ajeno a la competencia de los jueces de tutela entrar a decidir sobre los conflictos jurídicos que surjan alrededor del reconocimiento, liquidación y orden de pago de una prestación social, por cuanto para ello existen las respectivas instancias, procedimientos y medios judiciales establecidos por la ley; de lo contrario, se desnaturalizaría la esencia y finalidad de la acción de tutela como mecanismo de protección especial pero extraordinario de los derechos fundamentales de las personas y se ignoraría la índole preventiva de la labor de los jueces de tutela frente a la amenaza o vulneración de dichos derechos que les impide dictar órdenes declarativas de derechos litigiosos[20] de competencia de otras jurisdicciones”[21].

Así, se señaló:

“(…)  Sin embargo, aunque dicha acción laboral constituye un remedio integral para la protección de los derechos fundamentales relacionados con el reconocimiento de una pensión, su trámite procesal - que ante situaciones normales es considerado eficaz en la protección de los derechos- puede no resultar idóneo para la obtención de los fines que se persiguen, atendiendo las circunstancias fácticas del caso concreto o la situación personal de quien solicita el amparo. De esta forma, si se controvierte un asunto de esta naturaleza a través de la acción de tutela, el juez constitucional debe evaluar y calificar el conflicto planteado, para determinar si el medio alternativo de defensa judicial con el que cuenta el accionante es lo suficientemente expedito para proteger sus derechos fundamentales, pues de lo contrario, debe ser protegido inmediatamente a través de la acción de tutela para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable”[23].

Tal posición ha sido adoptada por ésta Sala de revisión en eventos donde es evidente que se trata de personas en circunstancias de debilidad manifiesta, que dependían económicamente del causante, y que carecen de capacidad económica para garantizarse su propia subsistencia[24].

Así mismo, la Corte ha considerado en torno de la procedencia de la acción de tutela que “la controversia sobre el reconocimiento de los derechos pensionales adquiere la dimensión de un problema constitucional cuando su no reconocimiento viola o amenaza violar derechos fundamentales diversos  entre ellos el derecho de igualdad ante la ley, el derecho a la familia o su protección especial  y los derechos fundamentales de los niños, y los medios judiciales no son eficaces para su protección teniendo en cuenta las circunstancias particulares del actor, o la intervención del juez constitucional se hace necesaria para impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable”[25].

4.7  Del caso en concreto.

A efecto de seguir una línea argumentativa que satisfaga la afirmación precedente, la Corte encuentra pertinente individualizar las omisiones citadas en dos momentos, el primero respecto al proceso de calificación del origen de la muerte del causante y el segundo frente al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

i) Respecto al primero de ellos, es decir, al proceso de calificación del origen de la muerte del señor Hernández Mora, se tiene que de acuerdo con la manifestación realizada por la entidad demandada en el escrito de contestación de la demanda (folio 17), reproducido en su integridad en el informe rendido ante la Corte (folio 53), aquel se haya suspendido porque la entidad considera que “dadas las características de muerte violenta, el trámite de reconocimiento implica varias diligencias adicionales de carácter legal – penal para el reconocimiento del derecho, no dependientes de la Compañía de Seguros de Vida Aurora S.A. – A.R.P. sino del proceso penal como tal”.

Al respecto, es del caso señalar que tal posición se encuentra alejada de las disposiciones de orden legal que regulan el proceso de calificación del origen de las contingencias por parte de las administradoras de riesgos profesionales consagrado en los artículos 12 del Decreto 1295 de 1994 y 6 del Decreto 2463 de 2001, en donde se establece un término de treinta (30) días calendario a efecto de realizar el dictamen correspondiente y la notificación al empleador, trabajador y demás interesados del resultado del mismo, sin que exista la necesidad de esperar los resultados de procesos judiciales realizados en otras instancias.

Es deber de las A.R.P. entonces, llevar a cabo en el término legal señalado la calificación respectiva, a efecto de determinar con precisión a quién le corresponde asumir la responsabilidad de entregar las prestaciones asistenciales y económicas a que haya lugar.  En el caso que nos ocupa es diáfano que la “Compañía de Seguros de Vida Aurora S.A.-A.R.P.” no ha efectuado dicha calificación en el término estipulado, pues la muerte del señor Hernández Mora ocurrió el 5 de marzo de 2003 sin que a la fecha se haya procedido a realizar el dictamen correspondiente, con lo cual se encuentra abiertamente vulnerado el derecho al debido proceso de la accionante.

Como se advirtió atrás, la A.R.P. demandada, alega como excusa para no proceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la imposibilidad de calificar la muerte del señor Hernández Mora en virtud de la existencia de un proceso penal en el cual se investiga su muerte, por lo que según la entidad demandada debe esperar las resultas del mismo para proceder a efectuar la calificación respectiva.

Sin embargo, es evidente que tal justificación no es válida, por cuanto la Administradora de Riesgos Profesionales i) somete el cumplimiento de sus funciones y la adopción de su decisión a una prejudicialidad que no se encuentra contemplada en la ley, ii) adiciona el procedimiento establecido para la calificación del origen de la contingencia, violando el principio de legalidad; iii) somete la calificación del origen de la muerte, a que se surta el proceso penal, el cual es dispendioso y poco celero, para que sólo a continuación pueda llevar a cabo el proceso de calificación referido, siendo que existe normatividad expresa en la materia que obliga a las A.R.P. a rendir su dictamen en un término no superior a treinta días calendario, iv) obliga a los hijos del causante, a soportar el menoscabo de su mínimo vital, hasta tanto se defina la calificación respectiva, lo cual en las circunstancias planteadas por la demandada implica un término incierto, pues no se conoce cuánto tiempo puede tardar la resolución del proceso penal.

Así las cosas, no es dable para la “Compañía de Seguros de Vida Aurora S.A.-A.R.P.” ampararse en el argumento esgrimido atrás, pues con el material probatorio que reposa en sus oficinas es posible proceder a la calificación respectiva, máxime si se considera que existen suficientes elementos de juicio, para establecer la presunción de que la muerte del señor Hernández Mora obedeció a un accidente de origen profesional.

Veamos, para que exista un accidente de trabajo, la norma pertinente (artículo 9 del decreto 1295 de 1994) señala que debe ocurrir un “suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte”. El caso que nos ocupa, es un evento típico de accidente con ocasión del trabajo, pues de conformidad con las pruebas que obran en el expediente y especialmente, de acuerdo con el reporte único de accidente de trabajo (folios 55-56), es claro que la muerte del señor Hernández Mora tuvo origen profesional, si se considera que se produjo dentro de la jornada de trabajo y en el desempeño de las funciones propias de su cargo como conductor de un vehículo afiliado a Transportes Aranjuez Santa Cruz S.A. y a cargo de la Cooperativa Progente.

Lo anterior se acredita, si se tiene en cuenta que en el citado reporte aparece que el trabajador cuya ocupación habitual era “conductor”, se encontraba realizando su labor habitual dentro de la jornada diurna en el momento del accidente (15:00 h), habiendo transcurrido tres horas antes del mismo. Así se lee en el reporte como descripción del accidente lo siguiente: “El señor se encontraba realizando el viaje de 1:20 p.m. cuando regresaba por la calle 102 cerca de la comisaría Villa del Socorro a las 3:00 p.m. aproximadamente, se intentaron subir por la puerta de atrás al bus tres individuos y al no llevarlos le dispararon al conductor en la cabeza hasta propinarle la muerte”.

En el mismo sentido, la accionante da fe en la declaración extrajuicio aportada al proceso de 28 de noviembre de 2003 (folio 91), que cuando el señor Hernández Mora falleció se encontraba trabajando como conductor de un bus afiliado a la empresa Transportes Aranjuez en la que laboró a lo largo de 5 años.  Aclaró que éste suceso ocurrió “por no dejar subir unos jóvenes por la puerta trasera del bus, esperando así a la bajada del recorrido de la ruta para matarlo, cayendo dentro del mismo vehículo, aproximadamente a las 3.00 de la tarde”.

Puede observarse en consecuencia, que el señor Hernández Mora falleció presuntamente con ocasión de su trabajo, pues no existe prueba en contrario, por lo cual habrá de concluirse que la “Compañía de Seguros de Vida Aurora S.A.-A.R.P.” cuenta con los elementos de juicio necesarios para efectuar la respectiva calificación de la muerte como de origen profesional, debiendo asumir el pago de las prestaciones económicas a que haya lugar (pensión de sobrevivientes y auxilio funerario).

Con todo, es menester aclarar que aunque la causa de la muerte del señor Hernández Mora se haya catalogado por el Instituto Nacional de Medicina Legal como “causa violenta diferente a accidente de tránsito” (folio 62), ello no es obstáculo para concluir que el accidente fue de trabajo, según el entendimiento de la ley que se acaba de realizar.

Valga anotar que en una asunto semejante fallado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 19 de febrero de 2002, M.P. Germán Valdes Sánchez, se señaló que aunque la muerte sea violenta, ello no es óbice para catalogar el accidente como de origen profesional, si es que concurre alguno de los presupuestos exigidos por el artículo 9 del Decreto 1295 de 1994.

ii)  En segundo lugar hemos de referirnos al derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que le asiste a los hijos menores del causante.

De los hechos expuestos en sede de tutela, se tiene que la actora actualmente se encuentra afrontando junto a sus hijos menores, una difícil situación económica producto del fallecimiento del señor Hernández Mora, situación que se torna más gravosa si se considera que al momento de su fallecimiento se encontraba en estado de gestación, viendo desprotegidos los derechos a la vida en condiciones dignas de su hija menor y la protección especial respecto al menor que estaba por nacer, lo que los coloca en una situación clara de debilidad manifiesta.  Amparados en el principio de la buena fe y considerando que lo anterior es acreditado por las afirmaciones no controvertidas de la actora, en el sentido de encontrarse desempleada y carecer de medios económicos para proveer la subsistencia de sus hijos menores de edad, la Corte encuentra probada la vulneración del mínimo vital de los hijos del causante, siendo necesario tomar las medidas necesarias para proteger sus derechos fundamentales.

No es de recibo en consecuencia, la posición del juez de instancia, que a pesar de constatar “la parvedad” en que quedó sumida la familia del accionante en razón a sus condiciones económicas, no encuentra fundamentos de fondo para conceder la protección deprecada, siendo que es manifiesta la afectación del mínimo vital de los hijos del señor Hernández Mora.  Así mismo, debe tenerse en cuenta que si bien existe la vía ordinaria laboral como mecanismo para reclamar sus derechos, ésta Sala no encuentra que la misma sea idónea y eficaz para proteger de manera inmediata los derechos de la accionante, tal como se requiere, por lo cual habrá de concederse el amparo deprecado de manera transitoria respecto a los hijos del causante.

Así las cosas, se tiene que en ésta oportunidad, de manera excepcional, la Corte Constitucional deberá declarar la procedencia de la presente acción de tutela, para en su defecto ordenar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en favor de los hijos menores de 18 años del causante, ya que se reúnen los presupuestos legales y constitucionales para que ello se haga exigible frente a la demandada.

Para lo anterior, debe partirse del supuesto de la calificación del origen profesional de la muerte del señor Hernández Mora que tiene que realizar la entidad demandada, calificación que una vez surtida la obliga a atender las prestaciones económicas que se generan por la muerte profesional en el Sistema de Riesgos profesionales, consistente en la pensión de sobrevivientes en favor de sus beneficiarios y el auxilio funerario en favor de quien realizó las erogaciones para atender el funeral del causante[26].

Es menester tener en cuenta que, si bien la demandada arguye como otro de los motivos para no proceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, el que hacerlo desconocería el derecho de otros posibles beneficiarios de la misma que se han presentado a reclamar la pensión, es evidente que éste argumento no resulta acertado, si se tiene en cuenta que no existe incompatibilidad alguna entre quienes están reclamando la pensión, pues estos son de una parte la compañera permanente del causante y la hija concebida con éste, y de otra parte las hijas concebidas por el causante en una anterior relación, sin que su anterior compañera esté reclamando en nombre propio una porción de la misma.

Esto es diáfano cuando se valora la solicitud presentada por ésta última en donde indica “Yo, Josefina Posada Lopera, mayor de edad, vecina de esta ciudad de Medellín, portadora de la cédula de ciudadanía número 22.187.821 expedida en Valdivia (Ant.), en representación de mis hijas Erika Yuliana Hernández Posada y Daniela Hernández Posada, como beneficiarias del señor carlos Enrique Hernández Mora, varón, mayor de edad quien se identificaba en vida con la cédula de ciudadanía número 3.650.425 de Valdivia (Ant.) para reclamar la correspondiente pensión, a que tienen derecho por ser sus hijas legítimas, según constan en los registros que se anexan al presente documento” (folio 69), (Subrayas fuera del texto).

Así las cosas, en principio, los beneficiarios potenciales de la pensión de sobrevivientes del señor Hernández Mora podrían ser la señora Marleny del Socorro Ramírez Mejía –en la medida en que se acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 47 de la ley 100 de 1993- y las menores Daniela Hernández Ramírez - hija del causante con la accionante -, Erika Yuliana Hernández Posada y Daniela Hernández Posada - hijas del causante con la señora Josefina Posada Lopera -.  Así mismo lo sería el hijo del causante y de la actora que se encontraba por nacer al momento de interposición de la tutela.

Al respecto, es pertinente aclarar que aún cuando la calidad de compañera permanente de la actora se encuentra plenamente acreditada, del material probatorio aportado al proceso no puede colegirse con certeza que la misma haya convivido con el causante por el tiempo que exige la ley para adquirir el derecho a la sustitución pensional.  Así, en un primer momento aparece una declaración extrajuicio de 11 de febrero de 2003 realizada por el causante y la actora con la manifestación de vivir en unión libre desde hace más de cinco años (folio 63), sin embargo, posteriormente la actora aporta ante la Corte una segunda declaración extrajuicio de 28 de noviembre de 2003, en la cual manifiesta que convivió con el causante en unión marital de hecho desde el año 2000 hasta la fecha de su fallecimiento (folio 91), caso en el cual no reuniría los cinco años de convivencia permanente que exige el artículo 47 de la ley 100 de 1993.

De ésta manera, no queda demostrado el término de convivencia que fija la ley para que la señora Ramírez Mejía pueda ser objeto de protección por vía de tutela, por lo cual será la “Compañía de Seguros de Vida Aurora S.A.-A.R.P.” quien determine si la citada señora reúne los requisitos legales para ser acreedora del reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes, aclarando que en el caso de ser desestimada como beneficiaria del causante por cuenta de la entidad accionada, la actora cuenta con los recursos administrativos y jurisdiccionales para reclamar la vigencia del derecho en disputa.

Por lo anterior es claro que la acción de tutela no está llamada a proceder frente a la accionante, pero si lo está, - como se ha venido sosteniendo- respecto a los hijos menores del causante, calidad que se encuentra probada respecto de sus hijas en vida, con el certificado de registro civil de nacimiento de las menores (folios 6, 67, 68).

Así las cosas, es nítido que la “Compañía de Seguros de Vida Aurora S.A.-A.R.P.” no puede alegar incertidumbre alguna frente a qué personas debe hacer el reconocimiento respectivo, pues la ley ofrece la solución jurídica para éste tipo de eventos (artículo 8 Decreto 1889 de 1994), indicando que la pensión debe ser distribuida de la siguiente manera: “A falta de cónyuge o compañera o compañero permanente o cuando su derecho se pierda o se extinga, la totalidad de la pensión corresponderá a los hijos con derechos por partes iguales”, o sea, se repite, Daniela Hernández Ramírez (hija del causante con la accionante) y Erika Yuliana Hernández Posada y Daniela Hernández Posada (hijas del causante con la señora Josefina Posada Lopera); sin perder de vista el derecho que le asistiría al hijo del causante que estaba por nacer al momento de interposición de la tutela.

En efecto, es pertinente precisar que si al momento de interposición de la tutela la accionante contaba con 6 meses de embarazo, a la fecha el menor cuenta con aproximadamente tres meses de edad, razón por la cual, a fin de que se reconozca en su favor una porción de la pensión de sobrevivientes de su padre, esta Sala otorgara la protección transitoria de su derecho, mientras se adelanta el respectivo proceso de investigación de paternidad ante el juez de familia competente. Ciertamente, en la medida en que se encuentra plenamente acreditada la convivencia del causante con la actora para el momento de su fallecimiento, y teniendo en cuenta la incapacidad económica de la madre para proveer su manutención, con el fin de proteger los derechos del menor a la subsistencia y el mínimo vital, la Corte estima pertinente reconocer el derecho transitorio a la sustitución pensional, hasta tanto se establezca su filiación.

Debe precisarse en éste punto que en el caso de que se logre acreditar ante la “Compañía de Seguros de Vida Aurora S.A.-A.R.P.” el término de cinco años ininterrumpidos de convivencia entre la actora y el causante, la pensión habrá de distribuirse 50% para la compañera permanente y 50% para los hijos menores de 18 años del causante en los términos del artículo citado atrás, teniendo en cuenta además que la porción de pensión de sobrevivientes que le pueda llegar a corresponder a la señora Marleny del Socorro Ramírez Mejía, tendría carácter definitivo, en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, por cuanto a la muerte del causante, ésta contaba con más de 30 años de edad (38 años), según se acredita con la fotocopia de su cédula de ciudadanía (folio 7).

De otro lado, cabe recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el derecho de petición se entiende vulnerado cuando no se da una respuesta de fondo a las solicitudes de reconocimiento y pago de pensiones en los términos legalmente establecidos para ello, que para el caso de la pensión de sobrevivientes según el artículo 1 de la Ley 717 de 2001 equivale a dos meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho.

A juicio de la Corte éste derecho ha sido quebrantado por la accionada, pues si bien ésta entidad advierte que “en ningún momento ha negado el reconocimiento de las prestaciones económicas a que tiene derecho la señora Marleny del Socorro Ramírez Mejía”, es evidente que al momento de interposición de la tutela e inclusive en la actualidad no se ha efectuado el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a que tienen derecho los hijos menores de 18 años del causante, habiendo transcurrido más de los dos meses reglamentarios para hacerlo.

En este orden de ideas, es posible concluir que la “Compañía de Seguros de Vida Aurora S.A.-A.R.P.” vulneró el derecho fundamental de petición de la actora, y los derechos a la seguridad social, al debido proceso, al mínimo vital y a la protección especial de los menores hijos del causante por la suspensión en el trámite de calificación del origen de la muerte del señor Hernández Mora y del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a que tienen éstos derecho.

Finalmente respecto a la reclamación que por vía de tutela hace la accionante para obtener el pago del auxilio funerario, es del caso anotar que el mismo deberá se reclamado ante la jurisdicción ordinaria laboral, por cuanto la acción de tutela no es procedente[27] para reclamar sumas de dinero que como ésta no tienen la magnitud de vulnerar el mínimo vital de la accionante.  En todo caso, antes de que la accionante proceda a reclamar esta prestación por medios judiciales resulta necesario que la entidad accionada solicite a la accionante de la manera más expedita posible, la factura de los gastos funerarios que costeó, a efecto de que se subsane el defecto en que incurrió la accionante al aportar una nota de crédito proveniente de la Funeraria San José.

En virtud de todo lo anterior, la Sala habrá de revocar el fallo del diez (10) de julio de 2003, proferido por el Juzgado Treinta Penal Municipal de Medellín, por las consideraciones expuestas en esta providencia y, en su lugar, procederá a conceder el amparo solicitado y ordenará a la “Compañía de Seguros de Vida Aurora S.A.-A.R.P.” que a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta decisión, proceda a realizar la calificación del origen profesional de la muerte del señor Hernández Mora y reconozca la pensión de sobrevivientes en favor de las menores Daniela Hernández, Erika Yuliana Hernández Posada, Daniela Hernández Posada y del hijo de la señora Marleny del Socorro Ramírez Mejía que se encontraba por nacer al momento del fallecimiento del causante.  En éste último caso, la protección constitucional será transitoria, mientras se adelanta el proceso de investigación de paternidad correspondiente a fin de determinar su filiación, demanda que deberá ser interpuesta por la señora Ramírez Mejía en un término máximo de cuatro meses, contados a partir de la fecha de notificación de la presente sentencia de tutela.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución

RESUELVE

Primero. REVOCAR la Sentencia del diez (10) de julio de 2003, proferida por el Juzgado Treinta Penal Municipal de Medellín, por las consideraciones expuestas en esta providencia.

Segundo. TUTELAR el derecho fundamental de petición de la actora, y los derechos a la seguridad social, al debido proceso, al mínimo vital y a la protección especial de los menores hijos del causante y, en consecuencia, ORDENAR a la “Compañía de Seguros de Vida Aurora S.A.-A.R.P.”  que a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta decisión, proceda a realizar la calificación del origen profesional de la muerte del señor Hernández Mora y reconozca la pensión de sobrevivientes en favor de las menores Daniela Hernández, Erika Yuliana Hernández Posada, Daniela Hernández Posada y del hijo de la señora Marleny del Socorro Ramírez Mejía que se encontraba por nacer al momento del fallecimiento del causante.  En éste último caso, la protección constitucional será transitoria, mientras se adelanta el proceso de investigación de paternidad correspondiente a fin de determinar su filiación, demanda que deberá ser interpuesta por la señora Ramírez Mejía en un término máximo de cuatro meses, contados a partir de la fecha de notificación de la presente sentencia de tutela.

Tercero. LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.

Cópiese, notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y Cúmplase.

RODRIGO ESCOBAR GIL

Magistrado Ponente

MARCO GERARDO MONROY CABRA

Magistrado

EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT

Magistrado

IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO

Secretario General (e)